La violencia contra periodistas en Honduras se duplicó en 2024, con un escenario marcado por seis homicidios sin resolver, impunidad generalizada y un incremento alarmante de agresiones físicas, digitales y hostigamiento estatal que pone en peligro la labor periodística y el derecho a la información.
De acuerdo con el informe, «[b]ajo el gobierno de Xiomara Castro, las instituciones estatales no solo han sido incapaces de garantizar protección efectiva, sino que han actuado como agresoras directas contra periodistas y medios».
Tegucigalpa, Honduras. – En 2024, Honduras se consolidó como uno de los territorios más letales para ejercer el periodismo en América Latina, según los hallazgos del Informe Sombra de la Red Voces del Sur. La violencia contra periodistas se duplicó respecto a 2023, con seis homicidios, ninguno de ellos esclarecido, y un ambiente marcado por la impunidad y hostilidad estatal hacia la prensa independiente.
Amada Ponce, directora el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), advirtió que el país atraviesa un contexto “sumamente letal” caracterizado por asesinatos, agresiones, ataques digitales y la impunidad que protege a los responsables. Agregó que C-Libre utiliza una definición amplia del término periodista, que incluye trabajadores de medios, comunicadores comunitarios y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con el informe “Periodismo, violencia y persecución”, Honduras se mantiene entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, junto con México y Colombia. “El informe destaca a Honduras entre los países con mayor número de asesinatos de periodistas y comunicadores sociales”, explicó Ponce.
Entre los casos más recientes que permanecen en la impunidad, mencionó los asesinatos de Henry López en Tegucigalpa, Luis Alonso Teruel en Santa Bárbara y Erling Azbiel Blandin, en Olancho. “Solo en el caso de Erling hay una persona detenida, pero ningún autor intelectual ha sido procesado”, lamentó.
En diciembre de 2024, se informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV), logró la captura de tres hombres sospechosos de estar involucrados en el asesinato de Erlin Asbiel Blandin Álvarez.
Ante este panorama, Ponce precisó que estos crímenes suelen ocurrir en territorios donde confluyen el narcotráfico, la actividad de empresas extractivas y la ausencia del Estado. “Se trata de zonas donde hay intereses económicos y políticos que buscan silenciar las voces críticas”, afirmó.
De interés:
ESTADO: PRINCIPAL AGRESOR
A nivel regional, el Informe Sombra 2024 revela que los actores estatales perpetraron una de cada tres agresiones y ataques contra el periodismo durante el año, siendo especialmente alarmante que cerca del 40% de estas alertas estuvieron vinculadas a fuerzas policiales o de seguridad. Esto evidencia la preocupante participación de entidades que, en principio, deberían garantizar la protección ciudadana y prevenir la violencia.
Para el caso de Honduras, el Estado se consolidó como el principal agresor contra la prensa en 2024, responsable del 45.9% de las alertas registradas, superando ampliamente el 35% reportado en 2023.
Amada Ponce advierte que el medio Criterio.hn ha sido víctima de más de diez agresiones entre 2023 y 2024, casi todas ocurridas tras la publicación de investigaciones que denuncian el uso indebido de recursos estatales. Subraya que los ataques se han intensificado en el entorno digital, donde la defensa institucional hacia los medios críticos sigue siendo inexistente: “El país no tiene una cultura de protección para el periodismo en línea y la vulnerabilidad aumenta porque los agresores operan bajo el anonimato, empleando bots, ciberataques y hackeos”.
Ponce sostiene que esta violencia responde a esfuerzos de actores políticos y económicos por silenciar las voces críticas, especialmente cuando sus investigaciones sacan a la luz situaciones graves de interés público, y lamenta la falta de legislación adecuada que garantice la integridad de los medios frente a estas amenazas.
En ese sentido, Red Voces de Sur, también documenta a los actores no estatales, responsables del 22,6% del total de alertas a nivel regional. El patrón confirma que la violencia no proviene solo de estructuras estatales, sino también de grupos criminales y actores anónimos, ampliando el riesgo de ataques y dificultando la implementación de mecanismos de protección efectivos.
Lea:
UN MECANISMO DE PROTECCIÓN INSUFICIENTE
A pesar de que el país cuenta con un Mecanismo Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, su desempeño ha sido insuficiente. “El sistema no funciona como tal. Solo hay una oficina en Tegucigalpa y carece de personal y recursos”, señaló Amada Ponce.
En 2023 el “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023”, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), advirtió que el mecanismo opera actualmente con menos del 80% del personal mínimo requerido, lo que afecta su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y debilita la atención a personas defensoras, periodistas y operadores de justicia.
Por su parte, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, enfatiza que el Mecanismo Nacional de Protección en Honduras, a pesar de declaraciones oficiales sobre su fortalecimiento, no cumple en la práctica con su misión de proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.
Acevedo señala que el mecanismo carece de presupuesto suficiente, de una estructura técnica y financiera robusta, y de capacidad de reacción rápida para atender situaciones de emergencia; razones por las cuales muchos casos complejos no reciben la asistencia necesaria.
UN PANORAMA DE IMPUNIDAD
Para C-Libre, la falta de justicia en los casos de asesinatos y agresiones perpetúa el ciclo de violencia. “Mientras no haya responsables capturados ni sancionados, las agresiones seguirán repitiéndose”, alertó Amada Ponce.
En un país donde el periodismo enfrenta amenazas desde múltiples frentes —político, económico y criminal—, el informe de Voces del Sur refleja un panorama crítico para la libertad de expresión en Honduras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advierte que el ejercicio del periodismo en Honduras enfrenta altos riesgos debido a amenazas, agresiones, desplazamiento forzado, hostigamiento, intimidaciones y persistente impunidad frente a los ataques y homicidios cometidos contra periodistas y comunicadores sociales. Durante el período de 2016 a 2025, el Conadeh atendió 133 casos de periodistas y comunicadores en riesgo, con un marcado aumento entre 2022 y 2024, y el 75% de las quejas correspondieron a amenazas directas.
El organismo estatal subraya que la protección de la libertad de expresión está comprometida cuando la mayoría de los casos de agresión quedan sin resolver, indicando que la impunidad genera un efecto de intimidación y autocensura en el gremio. Desde octubre de 2001 a mayo de 2025, registra al menos 101 muertes violentas de personas que laboraban en medios, de las cuales cerca del 88% permanecen impunes.
