Tegucigalpa. – El rol del Estado frente al impacto multidimensional del desplazamiento interno carece de compromiso y respuesta al combate de conflictos de tierra, reclutamiento forzado de jóvenes, violencia de género, usurpación de vivienda, siendo algunos de los factores que un estudio de 2019 presenta como algunos de los principales alentadores del desplazamiento forzado.
Son más de 247 mil los desplazados por delincuencia y criminalidad en Honduras desde el 2004, sin contar que existe un subregistro y falta una actualización reciente de esos datos.
Esa fue una de las menciones en el Foro Especializado sobre el desplazamiento forzado interno en Honduras de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desarrollado este 20 de octubre de 2022.
La multicrisis que enfrenta el país en los últimos años, sobre todo luego del golpe de Estado de 2009 y sus secuelas, han convertido a Honduras en uno de los seis países más desiguales del mundo.
Hasta antes de la pandemia el 67% de la población estaba sumergido en la pobreza, pero actualmente, a causa de la corrupción, la pandemia y fenómenos climáticos esa condición afecta a más del 74% de la población hondureña, con más del 40% en pobreza extrema.
Además, según el observatorio económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) podría aumentar al 75% de la ciudadanía. El contexto anterior, solo aclara por qué luce tan fértil la continuidad del desplazamiento forzado en Honduras.
A eso se suma, el crimen organizado, el tráfico de armas, el tráfico de personas, la violencia estructural, incluso desde las fuerzas de seguridad del Estado y los operadores de justicia, impulsando el desplazamiento forzado y la migración masiva de hondureños.
Wilmer Vásquez, director del Coiprodenh, resaltó durante su intervención en el foro: “Nos hemos caracterizado en los últimos años por ser uno de los países más corruptos de Latinoamérica. La impunidad ha reinado como una política de Estado con prácticamente un 97% de impunidad. La profundización de un modelo económico neoliberal hace al país cada día más pobre”.
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DESIGUALDAD Y CRIMEN HACEN CRECER DESPLAZAMIENTO FORZADO
Del 2014 a la fecha se registran más de 100 mil niñas y niños deportados a Honduras, sin contar los casos no reportados y a quienes desaparecieron, murieron o actualmente se lanzaron a la ruta migratoria.
El fracaso en la institucionalidad pública es evidente, tomando en cuenta lo anterior y el secuestro de los recursos en las manos de unos pocos, las élites y grupos de poder.
Paula Gaviria Betancur, miembro del Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno del Secretario General de las Naciones Unidas, remarcó que el desplazamiento es un tema de sufrimiento humano y los Estados han fallado en atender esta problemática y proteger a la ciudadanía.
Según un diagnóstico realizado, desglosó que falta voluntad política y compromiso, además falta reconocimiento del problema y no hay acciones concretas y suficientes para contrarrestarlo. Tampoco hay una valoración del costo, implicando el riesgo de no actuar frente al desplazamiento.
Otro punto es que el tema no es prioridad en las agendas de los Estados, priorizando solo la coyuntura del momento, puesto que es preferible invisibilizarlo aprovechando que de por sí es un fenómeno silencioso.
“La responsabilidad no es asumida por quienes tienen la obligación de responder. Esa invisibilidad crea un círculo pernicioso vicioso. Entre más invisibles son los desplazados, menos priorizados son en las agendas, en las decisiones de los Estados y de los donantes, en fin, y entre menos priorizados más desprotegidos, más olvidados y dejados a su propia suerte”, señaló Gaviria.
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En 2013 el Estado de Honduras reconoció el desplazamiento por violencia como un problema de impacto en la ciudadanía.
Ariel Díaz, asesor jurídico y portavoz de prensa y cooperación externa del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), resaltó que las personas desplazadas tienen derechos a una protección diferenciada a través de medidas reforzadas.
De esa forma, aseguró que la creación de un marco institucional en conjunto con un marco legal puede crear un Sistema Nacional de Respuesta, integrado por la Comisión Interinstitucional para la Protección a víctimas de desplazamiento interno, como un órgano deliberativo y dispone de la Dirección de la Protección a las Personas Desplazadas Internamente, constituida en la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh).
Insistió que el Sistema Nacional de Respuesta se podría hacer frente al desplazamiento, siendo también una obligación internacional frente a tratados y compromisos firmados y ratificados por el Estado de Honduras.
Sin embargo, sobre el panorama poco alentador, Vásquez fue contundente al mencionar que las propuestas para proteger a los desplazados forman de los proyectos que las comisiones del Congreso Nacional revisan, pero nunca son aprobados de forma efectiva para su aplicación a pesar de la presión ejercida por amplios sectores de la población y sin importar el sufrimiento las personas desplazadas, por ende, mucho menos se focaliza dentro de la inversión pública.
Yolanda González Cerdeira, abogada e investigadora del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), dijo que uno de los rasgos de la ciudadanía hondureña es la desconfianza en la institucionalidad pública, en las organizaciones sociales y en las demás personas.
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Los sondeos han mostrado que, en los últimos años, alrededor de 20 instituciones públicas y privadas preguntaron el nivel de confianza en la ciudadanía e, increíblemente, coincidieron que poco más del 50 % confían un solo un poco más que los demás entes, en las dos instituciones religiosas (católica y evangélica).
Lo anterior, apuntó Gonzales, “significa un déficit claro de capital social, y eso es clave cuando hablamos de términos de protección y cuando hablamos en términos de derechos humanos”.
De esa forma, señaló la necesidad de revisar a todas las instituciones encargadas de la garantía de los derechos y la protección, ver qué están haciendo, si cumplen sus responsabilidades en relación a las causas, los perfiles, los impactos y las afectaciones del desplazamiento interno de personas.
