Espacios digitales: herramienta en auge de las redes de explotación sexual

Mediante el monitoreo y la creación de perfiles en redes sociales y plataformas digitales, Criterio.hn devela cómo las redes de trata de personas utilizan este tipo de espacios  para captar y comercializar víctimas. Desconocimiento en la aplicación de la justicia con enfoque de género por fiscales y jueces, falta de personal y debilidades logísticas favorecen la impunidad.

Por Francia Guardiola

Tegucigalpa, Honduras. – —“¿13 años?, son unas niñas, podrías meterte a problemas por emplear a menores de edad”. 

​​—“Es cárcel, son 12 años […], si son menores de edad”.

Estos son los mensajes que le enviaron dos usuarios de una conocida red social al perfil ofertante de servicios sexuales de mujeres que, en una publicación del 29 de octubre del año en curso, incitaba a jovencitas de 13 a 15 años de edad interesadas en ganar dinero con facilidad a escribirle por mensajes directos. 

Sin embargo, el perfil respondió de manera cínica y con palabras vulgares argumentando que en Honduras las niñas llevan una vida sexual activa y que esto es de conocimiento general. 

La dinámica empleada por este perfil es solo una de las que Criterio.hn logró identificar a lo largo de cuatro meses, en los que pudo constatar el modus operandi de distintas redes que, entre sus principales objetivos, buscan la captación y la explotación sexual a través de espacios digitales. 

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Para comprobar los hechos, Criterio.hn creó perfiles en seis de las más famosas redes sociales y monitoreó sitios y páginas web, desde donde logró identificar, de primera mano, estrategias, disfraces, palabras claves y formas de ofertar empleados por los cibertratantes. 

La creación de los usuarios en redes sociales permitió que este medio de comunicación, que contó con el apoyo de CONNECTAS, pudiera unirse a grupos y comunidades para observar comportamientos de ofertantes y clientes. Así logró ubicar más de 140 cuentas y direcciones en redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios web que promueven servicios sexuales. Algunos de ellos clasifican en lo que se tipifica como delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, según las explicaciones de fuentes consultadas para este reportaje.

Además, encontró que dentro de estas redes se ofrecen servicios no solo de mujeres, sino también de hombres y personas LGBTIQA+, en algunos de los casos mediante el pago de membresías y el cumplimiento de ciertos requisitos. 

El perfil de la conversación con los dos usuarios del comienzo de esta nota fue encontrado dentro de un grupo explícitamente dedicado al comercio sexual, en el que se identificaron publicaciones en las que, además de invitar a las niñas a contactarlo, se ofrecían mujeres y se solicitaba a los interesados comunicarse a través de comentarios y mensajes directos para cualquier consulta. 

“Tengo dos mujeres disponibles. Interesados escriban por privado o en los comentarios”, decía una de esas publicaciones. Respondieron 27 ciudadanos hondureños que, de acuerdo con sus fotografías, estarían en un rango de edad de 20 a 50 años. 

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El artículo 219 del Código Penal de Honduras señala que será sancionada con una pena de cinco a ocho años de prisión aquella persona que emplee violencia, intimidación, engaños o que abuse de una situación de superioridad o necesidad de una víctima mediante pagos para lograr su consentimiento para explotarla sexualmente. Lo mismo le ocurrirá a quien la haya captado, transportado, acogido o recibido dentro o fuera del territorio nacional con igual propósito. En caso de menores de edad, el Código Penal de Honduras, contempla delitos de violación (artículo 249) y estupro (artículo 254) y en ellos podría incurrir quien contrate sus servicios sexuales.

Según un especialista en derecho de género consultado por Criterio.hn “el consentimiento de la víctima es irrelevante cuando ha ocurrido uno de los hechos señalados en el artículo 219”. Precisó que el acuerdo de mutuo consentimiento es limitado, debido a que probar que a una persona le gusta tener voluntariamente muchas parejas sexuales es complicado; por tanto, calcula que en un 90% de los casos hay explotación porque se ha abusado de la indefensión y vulnerabilidad de una persona, lo que sí es un delito.

El jurista argumentó que este ilícito está siendo ignorado en Honduras, debido a que en el momento de impartir justicia los jueces e incluso algunos fiscales asumen que el delito de trata se comete únicamente cuando hay violencia o engaño; sin embargo, recalca que el artículo 219 del Código Penal es claro al expresar que el delito existe desde el momento en que alguien “abuse de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima” y que en muchas ocasiones esto es lo que ocurre cuando las víctimas son mujeres y niñas.

Existen opiniones diversas sobre dicho argumento. Por ejemplo, Kenia Paz, abogada con especialización en derecho de género y exfiscal del Ministerio Público, explica que cuando las ganancias de dicha actividad son captadas por un tratante mediante la utilización del cuerpo de una mujer, efectivamente se considera trata de personas; no obstante, precisa que hay diversas variantes de prostitución y que en la actualidad hay mujeres que tienen un representante para la ejecución de su oficio, por lo que es difícil que las autoridades puedan determinar si de por medio hay delito de trata.

Apenas el 40% de los hogares en Honduras tienen conexión fija a internet, según un estudio de 2022 de las Naciones Unidas. Pero esta limitante tecnológica no ha sido obstáculo para que nuevas víctimas caigan en las redes de explotación sexual en espacios digitales.

 El delito silenciado 

Con la llegada del confinamiento en la pandemia de la covid-19, las redes de trata de personas migraron hacia los espacios digitales, lo que facilitó el reclutamiento y la captación de víctimas por medio de la creación de perfiles y sitios web, desde donde se mantienen operando en la impunidad.

Dicho argumento es sustentado a través de diversos estudios, entre ellos un artículo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluso consigna el caso de dos niñas hondureñas que fueron reclutadas por una menor de 15 años para trabajar en una red de explotación sexual.  

A lo dicho por la ONU se sumó recientemente el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el Informe sobre la trata de personas 2024, en el que menciona que estas organizaciones han captado más personas haciendo uso de aplicaciones, juegos, redes sociales y sitios web.

Según la información del Departamento de Estado, tras la llegada de la pandemia varios países reportaron aumentos drásticos de explotación sexual comercial y tráfico sexual en línea; además, hubo un incremento en la demanda y distribución de pornografía infantil. El informe, a su vez, cita que si bien el gobierno de Honduras ha hecho esfuerzos para combatir la trata, ha incumplido estándares mínimos en algunos aspectos clave. Entre ellos menciona que en 2023 encontró debilidades en los conocimientos especializados de algunos funcionarios de justicia penal, por lo que volvían a traumatizar a las víctimas durante los procedimientos. 

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Los datos cotejados para este reportaje lograron establecer que parte de las redes sociales en las que se identificó una relación de tratantes en la modalidad de explotación sexual, así como grupos y comunidades, fueron creados entre 2020 y 2024.

    Modus operandi 

Mediante el monitoreo, Criterio.hn identificó una página dedicada a la venta de servicios sexuales en las principales ciudades del país. En la web ofrece distintos paquetes y un amplio catálogo de personas clasificadas según sexo, orientación sexual e identidad de género, con tarifas que son manejadas por horas. 

Esta página, que se presenta como una agencia de modelos, funciona con el pago de distintos tipos de membresías anuales que pueden ser básica (7,475 lempiras), clásica (9,975 lempiras) y de lujo (12,475 lempiras) lo equivalente a entre 300 y 500 dólares estadounidenses. Según el nivel, se obtiene acceso personalizado a los servicios, que van desde el envío mensual de catálogos actualizados hasta el ingreso a eventos VIP. Entre la lista destacan diversas prácticas sexuales como tríos, voyerismo, felaciones, orgías, gang bangs, body buffet.

La página establece condiciones estrictas para los usuarios, limitando la interacción directa con los “modelos”, como se denomina a las personas trabajadoras del sexo dentro de la plataforma. Las normas prohíben específicamente que los solicitantes pidan información personal, como redes sociales o números telefónicos, a quienes ofrecen estos servicios, por lo que la comunicación se maneja únicamente a través de terceras personas. Esta intermediación es lo que podría dar pie al delito de trata, según la interpretación de algunos abogados.

Jorge Galindo, vocero de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), explicó a Criterio.hn que las redes de trata de personas en Honduras, lejos de tener un descenso, se han mantenido en ejercicio, principalmente en la modalidad de explotación sexual. Agregó que esta es la más utilizada por bandas delictivas que, además, usan para sus propósitos las fachadas de bares, discotecas y centros de masajes. 

El funcionario precisó que el modus operandi de estas organizaciones son las ofertas laborales con remuneraciones atractivas a través de la web y, una vez consiguen engañar a la víctima, la introducen a las redes criminales y la llevan a los lugares donde posteriormente la explotan sexualmente. 

De acuerdo con Galindo, la ATIC ha comprobado que organizaciones de trata hacen uso de redes sociales para sus propósitos. Ejemplo de ello es lo ocurrido con un hombre residente en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, acusado por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial. 

El caso al que hace referencia el portavoz policial ha sido consignado por el Ministerio Público, que, mediante una nota de prensa, publicada el 24 de agosto de 2022, detalló que el cibertratante hacía uso de redes sociales y de una plataforma web para ofrecer trabajo a jóvenes y mujeres como acompañantes para luego amenazarlas y forzarlas a mantener relaciones sexuales con distintos hombres. 

La nota de prensa especifica que el tratante tenía catálogos de mujeres residentes en las ciudades de La Ceiba, San Pedro Sula y localidades aledañas a quienes explotaba sexualmente con diversos clientes. Por estos servicios cobraba  entre 3,000 lempiras (120 dólares) y 15,000 lempiras (600 dólares) por medio de transferencias bancarias.

El hombre cayó dentro de la operación Amanecer III, en la que las autoridades hondureñas rescataron a 62 víctimas y decomisaron dispositivos electrónicos, discos duros y USB. Su dinámica era similar a la de la página que ofrece modelos.

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Organizaciones criminales y sus tentáculos invisibles

Mario Fu, vocero de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco), indicó que las maras y pandillas están adentrándose en el delito de trata de personas, incluso en la web, pues organizaciones criminales como la MS-13, la Pandilla 18 y otras similares se mantienen en una constante evolución en sus prácticas delictivas para aumentar sus ingresos.

Según él, la mayor incidencia se ha identificado en departamentos del sur y el oriente de Honduras, fronterizos con El Salvador (Valle) y Nicaragua (Choluteca y El Paraíso), aunque ahora se está extendiendo hacia el norte. 

La versión de Mario Fu fue reforzada por una fuente que por razones de seguridad optó por hablar bajo el anonimato y que afirmó que los ingresos que les produce la explotación sexual a las maras y pandillas se destinan para la compra de armas y bienes muebles e  inmuebles.

Datos solicitados mediante peticiones de información al Instituto Nacional Penitenciario (INP) señalan que dos mujeres de la pandilla 18 y dos mujeres y un hombre de la MS-13 están recluidos en los diferentes centros penitenciarios del país por la comisión del delito de trata de personas. 

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Cifras reflejan la impunidad del delito

La impunidad alrededor de los delitos de trata y explotación sexual es grande, según respuestas de diversas entidades a peticiones de información y otras fuentes consultadas. Las cifras, incluso, no coinciden.

En una primera respuesta a una solicitud de información, el Ministerio Público indica que entre 2018 y 2024, contabilizó 634 denuncias por el delito de trata. De ellas, 175 fueron por explotación sexual comercial, modalidad por la cual emitió  50 requerimientos fiscales.

A su vez, la información suministrada por el Poder Judicial señala que, entre 2018 y 2024, ingresaron 586 casos de trata de personas. De estos, 42 correspondían a la modalidad de explotación sexual comercial y 25 de ellos terminaron en sentencias condenatorias.

Los datos sobre detenciones también tienen diferencias. En respuesta a una primera solicitud de información, el 19 de agosto de 2024, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) dijo que ocho personas se encontraban privadas de su libertad por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Mientras que, en una segunda solicitud de información, respondida el 16 de octubre de 2024, dicha institución afirmó que por este delito se encontraban privadas de libertad 42 personas, es decir, 34 más habrían ingresado a las cárceles en apenas dos meses.

Para la abogada y exfiscal del Ministerio Público Kenia Paz, la contradicción en las cifras se debe a la debilidad institucional, pues apunta a que el problema viene de las instituciones y cómo estas captan la información. 

Otro de los puntos remarcados por la jurista es que el delito de trata presenta deficiencias en la investigación policial. Dicha problemática, según Paz, se produce porque el abordaje no se hace desde una perspectiva de género, a pesar de que los casos registran a mujeres y niñas como víctimas. Para ella, a menudo, por ejemplo, los casos se abordan como un asesinato sin tener en cuenta que puede tratarse de una víctima de trata.

Por su parte, un fiscal activo del Ministerio Público, a quien mantendremos en el anonimato, explicó a este medio que las contradicciones en las estadísticas se deben a la lentitud y la poca eficacia en la investigación criminal. Precisó que para la ejecución de una investigación efectiva se necesitan tres condiciones: fortalecimiento logístico, fortalecimiento humano y capacitación.

El funcionario aseguró que la baja respuesta a la investigación criminal se debe a la falta de personal de investigación, lo que ha dificultado que se amplíe el seguimiento a otros casos. Detalló que en la Unidad de Trata del Ministerio Público hay siete agentes de investigación y seis fiscales para todo el país. Además, remarcó que dicha Unidad cuenta con apenas dos vehículos, por lo cual, al haber una carencia de recurso humano y logístico, los procesos son más lentos mientras el problema continúa creciendo. 

El fiscal señaló que, si bien la Unidad está activa y ha logrado desmantelar algunas redes criminales que operan en las plataformas digitales, la lentitud en los procesos facilita la proliferación de estas estructuras, pues los esfuerzos se centran en ciertos casos, mientras muchas otras redes siguen operando con total impunidad.

*Francia Guardiola hace parte de la primera promoción de CONNECTASNext, un programa que fomenta la vinculación de nuevos talentos periodísticos, menores de 25 años, en medios de comunicación nativos digitales de América Latina.