Aunque la Ley orgánica del Congreso Nacional prohíbe a los diputados votar en asuntos donde poseen interés directo, analistas aseguran que es poco probable que se abstengan de seleccionar a magistradas y magistrados de la CSJ afines a ellos
Tegucigalpa, Honduras.- Las diputadas y los diputados del Congreso Nacional están a las puertas de elegir a las 15 personas que se desempeñarán en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia durante el período constitucional 2023-2030.
La tarea es titánica debido a que se trata, nada y más y nada menos, que de la elección de las personas que administrarán e impartirán justicia al más alto nivel durante los próximos siete años.
Durante todo este proceso de nominación y elección de las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno de los principales debates se ha generado en torno a qué tipo de conflictos de interés podrían existir entre los legisladores y los supremos jueces.
Como se sabrá, la elección de la Corte Suprema de Justicia es un acto esencialmente político y, por lo tanto, conlleva elementos de negociación entre los distintos partidos. Es ahí donde los líderes de las bancadas pretenden influir, dentro de dichas negociaciones, para que en el pleno de magistradas y magistrados se incluyan a personas que pudieran beneficiar sus intereses político-partidarios en caso de llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los entes que más ha presionado con miras evitar que diputados que posean conflictos de intereses participen de la elección ha sido la Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras) del proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia en Honduras que, incluso, incluyó esa recomendación dentro de su informe Proceso de Elección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras: Etapa Inicial de la Selección por la Junta Nominadora.
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Pero, ¿qué tan probable es evitar que este tipo de diputadas y diputados sean parte de la elección? La Constitución de la República no se los prohíbe, pero la Ley Orgánica del Congreso Nacional sí.
“Los diputados están sometidos a las prohibiciones siguientes: Participar en los debates del pleno o de las comisiones a las cuales pertenezca, sobre asuntos en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”, señala el artículo 50 de la normativa en cuestión.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON CONFLICTOS DE INTERÉS
En el Congreso Nacional hay, como mínimo, seis diputadas o diputados que han sido procesados judicialmente. Por el lado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas y Tomás Zambrano fueron acusados en el Caso Fe de Erratas; Gladis Aurora López en el Caso Arca Abierta, y Alberto Chedrani también fue llevado a los tribunales por delitos contra la administración pública en el Caso Red de Corrupción. Los primeros dos recibieron sobreseimientos definitivos en 2019, mientras que López y Chedrani en 2022.
Otros casos involucran a los vicepresidentes del Legislativo, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, quienes también se encuentran enfrentando la justicia. Tomé y Casaña, al igual que Gladis Aurora López, han sido incluidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la Lista Engel, por considerarlos personajes corruptos y antidemocráticos.
¿DEBEN VOTAR O NO?
Durante la conferencia de prensa que realizó la MIO-Honduras, el 15 de diciembre de 2022, Claudia Martin, una de las integrantes, declaró que: “Consideramos que los diputados deben abstenerse de votar si tienen conflictos de interés o están sometidos a investigaciones que deben conocer los tribunales de justicia, en particular si están vinculados a proceso de investigación por corrupción, crimen organizado y violencia sexual. Solo así se evitará que elijan a sus propios jueces en una futura revisión de casos que actualmente están en su contra”.
A partir de ese momento, el tema ha figurado dentro de los principales debates de opinión pública en el país. Al respecto, el representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras, Víctor Fernández, reiteró este miércoles que “las diputadas y los diputados que tienen conflictos de intereses, que no participen de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
En esa línea se expresó la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Jimena García, quien declaró que es poco probable que las diputadas y los diputados, a pesar de poseer conflictos de interés, se abstengan durante la votación.
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“No es realista considerar que ellos van a abstenerse de votar a favor de aquellos que les van a ayudar a dirimir sus procesos judiciales pendientes o sus posibles procesos que se les pudieran interponer en el futuro. Ellos están participando en una votación en la cual obviamente hay intereses directos y más cuando estamos hablando en un tema de aplicación de justicia donde la ética debería de prevalecer. Sin embargo, la práctica y la historia nos dice que no lo van a hacer, y que vamos a seguir en el oscurantismo de la política vernácula, que tanto daño nos ha hecho”, dijo García a Criterio.hn.
ES CUESTIÓN DE MORAL
Por su lado, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, consideró que se trata más de un compromiso ético de las diputadas y los diputados.
“Creo que es más un compromiso ético y moral de los diputados abstenerse de votar los magistrados de la Corte Suprema, si tienen conflicto de interés. Todos los otros partidos políticos, llámese Libre, Partido Nacional o Liberal, tienen conflictos de interés por acusaciones criminales contra ellos”, declaró la congresista a Criterio.hn.
El 24 de enero de 2023, la bancada del PSH firmó un pacto de ética en la víspera del fracasado primer intento por elegir una nueva Corte Suprema de Justicia.
“Nosotros firmamos un pacto de éticas, mientras el resto de las bancadas políticas han estado más concentradas y enfocadas en estar dialogando y negociando las cuotas de poder que quieren en la Corte”, añadió.
Y LA CORTE, ¿PARA CUÁNDO?
El 25 de enero de 2023, en el Congreso Nacional se realizó el primer intento por seleccionar a las 15 personas que ocuparán las quince magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Libertad y Refundación (Libre) presentó una moción nominativa, que incluía el nombre de 15 abogadas y abogados, sin embargo, se topó con la negativa de las bancadas opositoras.
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A partir de ese momento, se ha ingresado en una etapa de negociaciones y consensos, a fin de definir quiénes serán estas personas seleccionadas. El pasado martes, la Junta Directiva se reunió en el Congreso, pero no hubo claridad sobre la situación, mientras que este miércoles, los jefes de bancada también fueron convocados por el presidente del Legislativo, Luis Redondo.
La Corte Suprema de Justicia deberá estar elegida antes del 11 de febrero de 2023, fecha en que los actuales magistrados y magistradas culminarán el período constitucional de siete años. El Supremo hondureño está conformado por cuatro salas: Constitucional, Penal, Civil y Contencioso Administrativo. La primera la integran cinco magistradas y magistrados, mientras que las otras tres únicamente tres togadas y togados, cada una.
