Tegucigalpa.- Más del 70% de la población viviendo en condición de pobreza, una deuda pública que supera los 20,000 millones de dólares, el gasto público atado al pago del engrosado aparato estatal y una baja recaudación de impuestos son los principales desafíos en materia fiscal que enfrenta el gobierno de Honduras al mando de Xiomara Castro.
Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) denominado “Honduras: desafíos y posibilidades para contar con una política fiscal suficiente, sostenible y transparente”, dentro del tercer informe de política fiscal de Centroamérica, expone las cifras pavorosas en materia fiscal en los primeros meses de gobierno de Castro.
“Castro hereda un país con problemas estructurales y múltiples desafíos, un esquema económico que descansa su productividad en el pago de bajos salarios, baja calificación de los trabajadores y escasa generación de empleo, que empuja a la población a la informalidad y a la migración, y un sistema de políticas públicas de escasa incidencia sobre el bienestar de los hondureños, entre otros”, resalta el extenso documentos.
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Cifras expuestas en el informe detallan que, en 2019, el 59,3% de los hogares se encontraban en condiciones de pobreza relativa y el 36,7% viven en pobreza extrema, aunque en 2021 la pobreza cerró en 74,3% y la extrema pobreza en 54,6%, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Adicionalmente, la tasa de desempleo abierto alcanzó el 10,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) lo que representa un crecimiento del 5,7% posterior al 2019 más el impacto que causó la pandemia del SARS-CoV-2 que implicó que la informalidad laborar alcanzara el 82,6% de la población trabajadora.
Más cifras que presenta el informe indican que el Índice de Desarrollo Humano de la nación lo posesiona en el puesto 132 a nivel mundial por debajo de los países de la región centroamericana, la expectativa de vida es de 75,3 años, la escolaridad 6,6 años y un ingreso per cápita por debajo de los valores medios en Latinoamérica.
En el tema de seguridad ciudadana, exponen que la tasa de homicidios es de 38.6 por cada 100,000 habitantes ubicando a Honduras como el país más violento de Centroamérica, además de ser considerado “uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importantes entre Suramérica y México” resaltando la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
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Sumado a lo anterior, los altos niveles de pobreza y delincuencia desataron el fenómeno de éxodo masivo de migrantes siendo Estados Unidos el destino preferido de los hondureños, a mediados de 2021 se estimaba que habían migrado unas 985 mil personas con edad promedio de 32.7 años siendo el 47,5% mujeres.
“El fenómeno migratorio se ha acentuado en los últimos años, cuando enormes caravanas de migrantes, desafiando las inclemencias que implica el traslado hacia Estados Unidos, incluyendo la represión policial de los Gobiernos vecinos, han decidido organizarse para tratar de encontrar una mejor expectativa de vida”, expone el informe.
Pese que se pronostica que el dinamismo económico se recuperará en el presente año, según el Banco Central de Honduras (BCH), con una tasa de crecimiento entre el 3,5 y 4,5% por encima de las cifras del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que calculan un 3,8 y 3,1%.
Un elemento clave en la economía del país es el continuo flujo de remesas internacionales que permite mantener el nivel de consumo de gran parte de la población, la estabilidad de la cuenta corriente de la balanza de pagos y del tipo de cambio en 2021 frente al dólar.
Las remesas internacionales representaron alrededor del 27.0% del Producto Interno Bruto de la nación (PIB), muy por encima de las exportaciones de mercancías generales que apenas alcanzó el 19.6%.
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Sobre la inflación interanual el 2021 cerró en 5,32% encareciendo el costo de vida de los hondureños que ahora se agudiza con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania por lo que se vaticina un incremento de la inflación superior al año anterior.
Ante el presupuesto general del gobierno para el 2022-2023 los ingresos se calculan serán de 179,522.1 millones de lempiras, de los cuales 128,058.5 millones son ingresos regulares del Estado, mientras 51,443 millones será mediante endeudamiento, lo que representa el 28,7% de su presupuesto a través de la deuda.
El pago de la deuda pública, en el presupuesto de egresos para 2022, contempla la asignación de 179,522.2 millones de lempiras equivalente al 24% del PIB mientras el total de endeudamiento alcanza los 20,000 millones de dólares.
Los gastos en la administración pública alcanzan el 14,9% del presupuesto asignado, los intereses de la deuda el 10,9% mientras la amortización de la deuda será del 18,5%, sumados representan el gasto más elevado del total del presupuesto casi la mitad de este.
Un factor determinante que socaba los ingresos del Estado es los altos índices de corrupción e impunidad en la nación, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Honduras se ubica en la posición 157 de 181 países más corrupto de Latinoamérica y uno de los principales a nivel mundial.
Lo anterior significó que en 2018 el 10,7% del PIB fuera dilapidado en corrupción siendo un total de 2,574 millones de dólares que pudieron ser recursos importantes para el desarrollo de la nación.
“Nosotros proponemos que todos los gobiernos y las sociedades en Centroamérica analicen la política fiscal de una manera integral y tomen decisiones basadas en ese análisis. En el caso de Honduras, se debe hacer una revisión tanto del gasto público de caminos que han quedado abierto a la corrupción y a la ineficiencia, como también se tiene que analizar la tributación de tal forma que el Estado recaude más”, considera el director del ICEFI, Jonathan Menkos.
Las recomendaciones de Menkos se centran en eliminar exenciones y privilegios fiscales que se demuestren que no son efectivos, luchar contra la evasión de impuestos y crear condiciones para que los impuestos que ya existen se cobren de manera más rápida; en el caso de la deuda, se debe revisar los altos costos y una estrategia de renegociación a bajos intereses con periodos de gracia más amplios.
“Honduras está iniciando un gobierno y eso le da mucha legitimidad para poder conversar con la sociedad y sectores sobre los retos en la política fiscal para poder cumplir las promesas de campañas y para discutir el tipo de sociedad que se quiere tener al final de esta década”, concluyó.
