Reflexiones sobre la pandemia (71)
Por: Rodil Rivera Rodil
El resultado de las elecciones del 28 de noviembre marcó un punto de inflexión en la historia de Honduras. Por primera vez se alzó con el triunfo un partido de izquierda, lo que hasta muy poco casi nadie creía que fuera posible. El acontecimiento, por sí solo, pero más aún por la enorme diferencia de votos con que ganó, ha producido en la población un gran impacto, aunque de efecto retardado. Solo repare el lector en lo que a todos nos está costando captar en toda su dimensión las implicaciones que el suceso podrá significar para el futuro del país.
A muchos comienza a parecernos que el drama de autoritarismo, corrupción, impunidad, criminalidad y de narcotráfico que hemos vivido en estos largos doce años, en realidad solo fue un mal sueño del que hasta ahora nos estamos despertando. Que no es cierto que trece años atrás los militares dieron un golpe de Estado a un presidente constitucional y abrieron esa caja de Pandora. Ya que hacía casi medio siglo que eso no sucedía.
Que tampoco es verdad que la fatalidad nos hubiera deparado, juntamente con una pandemia y dos huracanes uno tras otro, un presidente cuyo hermano, ex diputado de su partido, hubiera sido condenado a cadena perpetua por narcotráfico en una corte norteamericana. Y nunca, desde luego, que él mismo hubiera sido objeto de constantes denuncias en dicho tribunal por igual delito. Algo simplemente inconcebible que no hace mucho hubiera acarreado su inmediata renuncia o su fulminante destitución, como acaeció en 1975 con el entonces jefe de Estado, general Oswaldo López Arellano, por el escándalo del “bananagate”.
Pero la población se va recuperando de la conmoción y empieza a exigir lo qué espera del nuevo gobierno. Hay tanto qué hacer y tanto qué revertir que no está muy claro cuáles temas debieran ser los prioritarios. Hoy solo me referiré, y muy de pasada, a los tres o cuatro sobre los que el reclamo popular va siendo cada vez mayor y que tienen que ver con la corrupción y la impunidad, la pandemia, la reapertura de las escuelas y colegios y al de la ENEE, a punto de ser entregada a la voracidad neoliberal.
Qué lastimero y cobarde suena el tono de los pastores y periodistas que imploran porque no se les haga nada a los delincuentes que atracaron sin misericordia las arcas nacionales durante todos estos años. No se les ocurrió a estos señores que intentando mezclar tan burdamente la conciliación nacional con la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo único que consiguieron fue que se les recordara su propio involucramiento con JOH en estos actos. Solo hay, pues, que esperar que la CICIH o la justicia hondureña los obliguen a rendir cuentas.
Pero es bueno insistir en que nada podrá lograrse si, previamente, no son removidos los obstáculos que JOH deja sembrados. Uno de estos es la retroactividad de las leyes de la impunidad, incluyendo la de las ZEDES y el Código Penal, a cuyo amparo han sido absueltos no sé ya cuántos funcionarios y diputados, y la que quedaría incólume si, como muchos piden, solo se las deroga. Habrá que encontrar la manera de anularlas, como se hizo a principios de siglo en Argentina. Sería intolerable para el pueblo que se burlada la justicia por la que el pueblo expulsó del poder a JOH.
Pero la principal trampa que este deja, que no la única, para que no se desmantele su aparato de corrupción, es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, La que no cesa de seguir haciendo de las suyas. La suspensión, para el caso, de la repetición de las elecciones en dos municipios que ordenó el Consejo Nacional Electoral, no obedeció a ninguna consideración jurídico electoral sino, como ha trascendido, a una orden perentoria de JOH para favorecer a los candidatos nacionalistas de ambos lugares.
Y algo parecido estaría aconteciendo con el juicio del ex director de Invest-H que, sospechosamente, se está apresurando con el propósito, según se cree, de absolverlo o sentenciarlo a una pena irrisoria que posteriormente sería confirmada por la sala. Ello con el abierto objetivo de que este no delate al verdadero responsable del descomunal fraude que se cometió con los hospitales móviles. Es imperativa, pues, la separación de sus magistrados mediante el juicio político o por cualquiera otra vía.
No cabe duda de que el dilema en torno a la pandemia y el retorno a clases es crucial. Porque mientras la primera podrá combatirse mejor en manos de los expertos, el daño a la educación es ya casi irreversible y tampoco se puede exponer a los estudiantes al contagio sin la debida protección. Se deberá, entonces, buscar una solución de equilibrio entre ambas posiciones. Nada fácil. Pero lo bueno es que nadie podrá poner en duda que la decisión que finalmente tome el gobierno de la presidenta Castro será producto de un cuidadoso y ecuánime estudio del problema y no de la improvisación, corrupción o de las motivaciones políticas que siempre estuvieron detrás de todas las actuaciones de JOH.
Y en cuanto a la ENEE, uno de los más graves problemas que enfrenta el país, de más está decir que constituirá prueba de fuego para la alianza. Ninguna solución será viable sin la firme voluntad política de salvar los dos grandes escollos que representan la inocultable intención de privatizarla y la impagable deuda de más de mil millones de lempiras mensuales a los empresarios de la energía. La cual no podrá, ni deberá, ser cancelada más que en la porción y forma en que la empresa lo pueda hacer sin agotar sus finanzas. Por fortuna, la ley le brinda al gobierno los mecanismos necesarios para poder hacerlo. Sin perjuicio, claro está, de la investigación a fondo, junto con la deducción de la debida responsabilidad, que deberá efectuarse de los amañados contratos que la empresa celebró con estos señores.
Y aunque parezca increíble, en esta trama para privatizar la ENEE a como dé lugar, también ha sido cómplice de JOH el presidente del Banco Centroamericano. No satisfecho con haber interferido descaradamente en el proceso electoral aprobando millones de lempiras para un supuesto programa social, pero en realidad para su campaña política, ahora está condicionando un préstamo a la institución a que esta sea desguazada. Tal pretensión, que no es más que un burdo chantaje al nuevo gobierno, confirma las acusaciones de corrupción que han formulado contra él los mismos directores del BCIE, incluyendo al político y economista costarricense Ottón Solís, excandidato a la presidencia de Costa Rica.
En lugar de partirla en pedazos para entregarlos a empresarios que solo quieren quedarse con los más lucrativos sin asumir su deuda, la ENEE deberá ser reestructurada imprimiéndole una nueva modalidad organizativa que, manteniendo el control estatal, permita su conducción con criterio gerencial y técnico para asegurar su eficiente administración y rentabilidad, pero, a la vez, para sustraerla de la corrupción e ineficiencia que casi siempre trae consigo la injerencia partidaria.
La energía, por definición, es vital en todo el mundo, pero esencialmente en los subdesarrollados como Honduras. Se trata de un servicio público, no de una mercancía cualquiera puede lanzarse a la implacable lógica del mercado. Su cometido fundamental es garantizar la producción y suministro de energía a precios razonables a toda la población hondureña, sin excepción alguna, y a la vez, satisfacer a cabalidad la demanda de la industria y, en general, de toda la actividad económica y social de la nación.
La relación entre la energía y el desarrollo es tan inseparable como lo es el agua para la sobrevivencia de la humanidad.
