Tegucigalpa.- Cinco representantes del congreso de Estados Unidos introdujeron una resolución que busca afirmar los derechos del pueblo garífuna en Honduras, a la vez que se condena la violencia hacia esta población afroindígena y se exige la rendición de cuentas del gobierno de Honduras y otras instituciones internacionales por su papel en estos abusos.
La resolución fue introducida por los representantes Jesús “Chuy” García de Illinois, Cori Bush por Misuri, Ilhan Omar de Minnesota, Jan Schakowsky de Illinois y Jamaal Bowman por Nueva York.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han determinado que los derechos de la comunidad garífuna han sido violados repetidamente por el gobierno hondureño, pero poco ha cambiado con respecto a su trato”, cita un comunicado publicado en la página web del representante Jesús «Chuy” García.
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Entre los hechos citados que respaldan la resolución están las amenazas, arrestos, secuestros y asesinatos contra los miembros y líderes de la comunidad garífuna. Entre ellos la desaparición forzada de cuatro jóvenes garífunas en julio de 2020, así como la criminalización por parte del Ministerio Público en agosto de 2022 contra los defensores que exigen se investigue el caso.
¿EN QUÉ CONSISTE LA RESOLUCIÓN?
La resolución condena la violencia contra la población garífuna y la separación ilegal de sus derechos legítimos sobre la tierra, y pide la implementación del fallo de la Corte Interamericana de 2015 que restablece esos derechos sobre la tierra.
De igual forma, pide la plena participación de una comisión independiente creada por las comunidades garífunas en la investigación de los cuatro hombres garífunas secuestrados en julio de 2020. Así como la creación de la fiscalía especial para desapariciones forzadas en Honduras.
Pide una revisión de proyectos anteriores realizados por los bancos multilaterales de desarrollo que puedan haber contribuido a la violación de los derechos del pueblo garífuna. En la misma línea exigen el cumplimiento de las leyes de derechos humanos antes de la aprobación de proyectos que afecten a las comunidades garífunas.
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Finalmente, solicita al gobierno de los EE. UU. que se comprometa con el gobierno de Honduras y los aliados y organizaciones internacionales para promover los derechos de las comunidades garífunas y abogar por reparaciones para las comunidades afectadas.
La resolución es respaldad por la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Witness for Peace Solidarity Collective (WfP-SC), Institute for Policy Studies – Global Economy Program, School of the Americas Watch (SOAW), Comité de Solidaridad con los Pueblos de El Salvador (CISPES), la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), y Red de Solidaridad con Honduras (HSN).
CONGRESISTAS CONDENAN VIOLENCIA CONTRA GARÍFUNAS Y LLAMAN A RESPETAR SU TERRITORIO ANCESTRAL
“El pueblo garífuna ha soportado durante mucho tiempo la criminalización, las desapariciones forzadas y las violaciones de sus derechos territoriales centenarios. Hoy en día, a las corporaciones internacionales y las naciones extranjeras se les continúan otorgando acceso de desarrollo a su tierra ancestral, trayendo destrucción ambiental y desplazando al pueblo garífuna”, dijo el congresista Jesús “Chuy” García.
La congresista Cori Bush manifestó: “A principios de este año, tuve el honor de visitar y reunirme con líderes de la Organización Fraternal Negra de Honduras, incluida la activista Miriam Miranda, y escuché directamente sobre la lucha continua de los pueblos garífunas. El pueblo afroindígena garífuna ha enfrentado y sigue enfrentando innumerables abusos contra los derechos humanos a manos del gobierno hondureño, incluidos arrestos, secuestros e incluso asesinatos injustificados, y Estados Unidos ha sido cómplice al financiar la violencia sancionada por el Estado contra sus comunidades”.
“Cuando viajé a Honduras a principios de este año, vi de primera mano el impacto que han tenido los intereses corporativos y los gobiernos extranjeros en la desestabilización de la región. La comunidad indígena garífuna en particular ha experimentado violencia significativa, apropiación de tierras y abusos a los derechos humanos”, manifestó la congresista Ilhan Omar.
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“Me enorgullece codirigir esta resolución que no solo exige la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana de 2015 que restablece los derechos territoriales de las comunidades garífunas, sino que también insta a la Administración Biden a comprometerse con el gobierno hondureño para salvaguardar al pueblo garífuna, su tierra y su cultura”, declaró la congresista Jan Schakowsky.
El congresista Jamaal Bowman señaló que “las corporaciones y los gobiernos financiados por los Estados Unidos están degradando su medio ambiente, desplazando a las comunidades garífunas y avivando la violencia.
Estados Unidos tiene la obligación de corregir estos errores y apoyar los derechos humanos del pueblo garífuna, por lo que me enorgullece unirme a esta resolución”.
