Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Diversos sectores de la población se preguntan en qué quedó el pago ilegal de prestaciones a funcionarios en “cargos de confianza” de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, cerca de ser extraditado.
Aun contando con todos los privilegios, viajes costosos, viáticos, gastos de representación, bonos y sus salarios exageradamente costosos para los empobrecidos hondureños, los altos funcionarios lograron gozar del cobro de jugosas indemnizaciones en diciembre de 2021, llegando a costarle al pueblo 1, 156 millones de lempiras, además se incluyó el pago de cesantías para personal del gobierno pasado.
Los artículos 2 y 3 de la Ley de Servicio Civil establece a quienes se aplica la normativa y refiere que no pueden recibir prestaciones los ministros y viceministros, directores generales, personal del cuerpo diplomático y consular, presidentes y vicepresidentes de los bancos del Estado, el tesorero y subtesorero general de la República y a los administradores de rentas y aduanas, entre otros
Lo anterior provocó un malestar general en la ciudadanía que todavía se mantiene a la expectativa del castigo de los protagonistas, sobre todo, porque las mayorías no cuentan con un trabajo y mucho menos con algún derecho laboral, por ejemplo, los que trabajan bajo la modalidad del empleo por hora.
Por esa razón, se mantienen las reacciones en la población indignada, preguntándose si esto tendrá escarmiento y exigen que “devuelvan el dinero”.
Gustavo Solórzano, asesor legal del Cohep, en su momento manifestó que es una injusticia contra el pueblo hondureño que paga sus impuestos para fines de carácter social, para los beneficios comunes y no para lucrar a los funcionarios.
Criterio.hn intentó conversar desde temprano con los congresistas Ligia Ramos y Maribel Espinoza del Partido Salvador de Honduras (PSH) y Fabricio Sandoval, Rasel Tomé, Jari Dixon Herrera, Silvia Ayala, Yahvé Sabillón y Sergio Castellanos de Libertad y Refundación (Libre), pero lamentablemente ninguno ofreció respuesta sobre los avances ante el inminente delito que, hasta ahora, continúa en la impunidad.
También se trato de comunicarse con el procurador general, Manuel Diaz Galeas, para consultarle sobre el tema, pero tampoco se obtuvo respuesta.
Cabe recordar que, el 28 de diciembre de 2021, el gobierno de JOH cerró desesperadamente sus gestiones con este condenable abuso.
La decisión se tomó en las postrimerías del gobierno anterior mediante el decreto legislativo 107-2021, Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio 2022.
Exfuncionarios como el secretario de finanzas Luis Mata y la subsecretaria Liliam Odalis Rivera liquidaron sus plazas de manera anticipada sumando pagos que rondan entre los 211 mil lempiras hasta dos millones.
La cuñada del expresidente Juan Orlando Hernández, Lottie Eugenia García Carías también fue beneficiada con una jugosa suma de prestaciones laborales.
En Conatel varios empleados se llevaron 3.6 millones en prestaciones y entre ellos está David Matamoros Batson, sin especificar cuánto recibió y donde fueron beneficiados los cuatro titulares de la institución.
El extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Max Gonzales, conocido artísticamente como “Killa”, no solo cobró prestaciones, sino que cobró un año completo de dietas todo de un solo tajo.
El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Obed García, manifestó que en realidad estas acciones podrían convertirse en una práctica para otros empleados de gobierno, viendo el servicio público como una oportunidad para aumentar sus ingresos personales.
Además, destacó que las acciones debían marcar un precedente para tener cuidado a quienes contratar para la administración de los próximos gobiernos, más aún cuando sus funciones se apegan a los intereses de un partido y no a los de las mayorías.
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GOBIERNO PROMETIÓ JUSTICIA SOCIAL
Economistas y analistas coinciden que los exuberantes beneficios laborales representarán endeudamiento para el Presupuesto General de la República que debería sólo estar enfocado en garantizar el bienestar de la sociedad.
El Fosdeh señaló que hubo funcionaros que coordinaban instituciones públicas y dentro del Poder Ejecutivo que recibieron desde dos hasta cuatro millones de lempiras, provocando impacto fiscal que conduce al déficit público.
El 27 de enero, día de su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro, prometió que su gobierno tendría la tarea de arrancar de raíz la corrupción de los doce años de dictadura y refundar a Honduras sobre valores soberanos, más no sobre la usura y el agiotaje.
Además, anunció que la catástrofe económica que recibió no tiene comparación en la historia del país, impactando en la vida los hondureños, provocando el empobrecimiento del 74 por ciento de la población y reflejado en el aumento del 700 por ciento de la deuda.
La presidenta manifestó que tienen el deber de restaurar el sistema económico sobre la base de la transparencia y la justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional.
Los funcionarios del gabinete de Hernández aprobaron leyes para satisfacer sus intereses creados, apuntó Castro.
Fue contundente cuando destacó que se llamará a rendir cuentas a los responsables de la degeneración de la imagen de Honduras, puesta por los suelos y sujeta al desprecio mundial, por lo que prometió sentar las bases del combate frontal contra la corrupción para que los hechos que han avergonzado al país jamás se repitan.
La ciudadanía que mantiene su apoyo a favor del gobierno de Xiomara y los procesos de restauración que prometió, esperan que en los próximos meses se puedan ver acciones contundentes en contra de la corrupción, la impunidad y entregar la ansiada justicia que se ha demandado por más de una década.
