Aunque los motociclistas están involucrados en la mayoría de los accidentes de tránsito y, en consecuencia, son las principales víctimas mortales, autoridades policiales aseguran que hasta el momento es imposible controlar estos siniestros porque se necesita un plan integral, cuyo principal integrante debe ser el sector empresarial privado que se dedica a traer estas unidades de transporte al país, distribuirlas y venderlas sin pedir muchos requisitos
Tegucigalpa, Honduras. Durante los primeros tres meses y 13 días de 2024, han fallecido 646 personas producto de los 6,320 accidentes de tránsito registrados en las principales ciudades del país. Casi la mitad de las víctimas de los siniestros son motociclistas, quienes, por imprudencia al volante y la falta de equipamiento necesario para conducir, terminan perdiendo la vida, según información proporcionada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Según lo expuesto por el subcomisario Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la DNVT, la mayoría de los siniestros fueron registrados en Francisco Morazán, en el centro de Honduras. Pero, paradójicamente, aunque se registran más siniestros en la zona central del país, la mayoría de los fallecidos son de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, ubicado al norte del territorio nacional.
“La mayor cantidad de víctimas por accidentes de tránsito se han registrado en San Pedro Sula; luego está Tegucigalpa, después Copán y, por último, Comayagua. Pero el común denominador indica que en todos estos lugares las principales víctimas son motociclistas, quienes, en la mayoría de los casos, resultan culpables del accidente en el que se vieron envueltos y que les llevó a perder la vida”, explicó Hernández en pláticas con Criterio.hn.
Hernández explicó que, aunque las cifras hasta el momento son elevadas en comparación con el año anterior, estas están experimentando una baja. Según datos de la Policía, en 2023 fallecieron 1,145 personas en accidentes de tránsito, pero comparando los muertos registrados en los primeros cuatro meses por esta causa, 2024 cerraría con más de los registrados en 2023.
“La cifra al cerrar el año podría ser más elevada en comparación con los números que dejó el 2023, pero para evitarlo estamos llevando a cabo campañas fuertes a través de los canales estatales y medios de comunicación. Sin embargo, todo depende de la precaución del motociclista y del conductor de una unidad de transporte público que tengan al volante, ya que no sólo ponen en riesgo sus vidas, sino también las de terceros”, precisó el uniformado.
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¿POR QUÉ NO ESTABLECER CONTROL TOTAL AL USO DE LAS MOTOCICLISTAS?
Aunque los motociclistas están involucrados en la mayoría de los accidentes de tránsito y, en consecuencia, son las principales víctimas mortales, Hernández precisó que hasta el momento es imposible controlar estos siniestros porque se necesita un plan integral, cuyo principal integrante debe ser el sector empresarial privado que se dedica a traer estas unidades de transporte al país, distribuirlas y venderlas sin pedir muchos requisitos.
“La Policía Nacional es el eslabón principal en tener todas las medidas de seguridad, después está la responsabilidad del ciudadano a la hora de manejar una motocicleta y, de igual manera, están los empresarios privados que traen estos vehículos y los venden sin pedir muchos requisitos. Piden 500 lempiras y la identidad para vender una motocicleta, entonces, esto se debe a que no hay un plan integral”, explicó el uniformado.
Hernández detalló, además, que estas empresas dedicadas a vender motocicletas en el país sólo piden requisitos que puedan garantizar que el ciudadano que está solicitando la unidad tenga la capacidad de cubrir el pago requerido. Las exigencias no se centran en solicitar, por ejemplo, si cuenta con seguro de vida público o privado, si previamente tomó algún tipo de curso en conducción, y tampoco disponen de cascos u otro equipo que brinde mayor seguridad en caso de un accidente.
Para constatar lo expuesto por el uniformado, Criterio.hn se contactó a través de las plataformas digitales con una empresa dedicada a vender motocicletas, para conocer las exigencias que solicitan a la hora de adquirir una unidad. Paradójicamente, sólo piden, por ejemplo, el Documento Nacional de Identidad (DNI), número de celular, lugar de residencia y trabajo, y el valor de la prima que darán a cambio de la unidad. En resumen, no brindan las garantías expuestas por el director del SIAT.
Sumado a lo expuesto por Hernández, a principios de abril de 2024, el diputado del Partido Nacional, Hernán Guevara, presentó una iniciativa de ley para regular la adquisición y uso de motocicletas en el país, debido al común denominador: son las principales víctimas en accidentes de tránsito.
El diputado dejó claro que el objetivo de establecer restricciones no significa literalmente sacar de circulación a las motocicletas del país, sino más bien conocer, por ejemplo, cómo está regulada la venta de estas unidades, ya que algunos accidentes son provocados debido al colapso vehicular en el país. ‘El objetivo no es sacarlas de circulación, sino conocer los mecanismos de ventas, cuántas están en circulación, cuántas cuentan con permiso de circulación y, a partir de lo que encontremos, comenzar a trabajar’, explicó el congresista de corte nacionalista.
De acuerdo con información proporcionada por el Instituto de la Propiedad (IP), sólo en la capital hondureña hay hoy más de 200 mil motocicletas registradas, lo que significa que circulan más de ese número diariamente, ya que entran en circulación las de personas que viven en municipios aledaños y tienen empleo en la urbe.
