Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. En ocasión del Día Internacional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, defensoras de derechos humanos señalaron la insuficiencia de la fiscalía hondureña en la persecución de ese delito que además de posicionarse a gran escala en Honduras, tiene como principal víctima a las mujeres.
Mediante un foro televisivo, la defensora de los derechos humanos, Miroslava Cerpas, contextualizó que la trata de personas se posiciona en Honduras como uno de los principales delitos que tiene como principal víctima a niñas y mujeres, en la mayoría de las ocasiones a través de la comercialización sexual. Asimismo, se identifica la trata de niños y jóvenes en redes de criminalidad, sobre todo, en actividades relacionadas al tráfico de drogas y vigilancia en el control de territorio de bandos enemigos.
En ese contexto, “es el tercer delito mayor remunerado en Honduras después del tráfico de drogas y tráfico de armas”, indicó Cerpas. A pesar de su magnitud, en Honduras la trata de personas es un delito que sobrepasa la capacidad de la fiscalía hondureña. En la actualidad únicamente hay “ocho fiscales a nivel nacional para perseguir el tercer delito mayor remunerado”, lamentó.
Además, “hace algunos años la Fiscalía Contra la Trata de Personas solo estaba dedicada a la persecución del delito de trata de personas”. Pero con el surgimiento de las caravanas migrantes de 2018 esa Fiscalía también fue asignada a la persecución de la explotación sexual comercial y tráfico de personas, acotó Cerbas.
Y lo anterior “preocupa a las organizaciones de sociedad civil porque la trata de personas ya es una carga de personas bastante grande como para que estos fiscales que están asignados también persiguen el delito de tráfico de personas”, añadió Cerpas quien además abogó a que las autoridades destinen la Unidad Contra la Trata de Personas exclusivamente a la persecución de este delito.
Ana Lizeth Cruz
Al respecto, la integrante de la Asociación Calidad de Vida, Ana Lizeth Cruz, explicó que teniendo en cuenta la insuficiencia del sistema judicial, es preciso que en el aparato judicial hondureño el delito de la comercialización de personas pase a tener un encaje que posibilite la garantía de acceso a la justicia por parte de las víctimas.
Para el caso “hay que empezar haciendo grandes campañas de prevención, sensibilizando operadores de justicia para que reciban a las víctimas para que reciban las denuncias con un enfoque de derecho humanos”.
Asimismo, “luchar contra las redes criminales, fortalecer la fiscalía contra la trata y, sobre todo, campañas enormes que deberían hacer en el área de prevención”, sugirió la representante de la Asociación Calidad de Vida.
Las defensoras coincidieron también en la necesidad de intensificar la persecución de la trata de personas, sobre todo, teniendo en cuenta que por las características silenciosas del fenómeno en un país como Honduras debilitado institucionalmente, las víctimas no denuncian por la falta de credibilidad en las instituciones.
Y es que “uno de los principales problemas cuando hablamos de trata de personas es la invisibilidad” Y en esto “hay un silencio grande por parte de la sociedad, porque muchas personas normalizan la explotación sexual comercial, el reclutamiento forzado y la servidumbre”, observó también Miroslava Cerpas.
