Redacción: Luis Escalante
Tegucigalpa. –En Honduras no se sabe por qué matan a los periodistas. En lo que va de 2022, cuatro han sido asesinados en un país que, según Reporteros sin Fronteras (RSF), ocupa el lugar 165 de 180 naciones dentro de su ranking de libertad de prensa. En todo el continente, solo Cuba –el puesto 173– atraviesa una situación peor.
Aunque el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) maneja cifras menores, datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), con sede en la capital Tegucigalpa, apuntan que 97 periodistas han muerto violentamente entre 2001 y 2022.
De estos casos, el 90% permanece en la impunidad, pero, del 10% judicializado, solo se identificó a los autores materiales. «En Honduras no se sabe por qué matan a los periodistas ni quiénes lo hacen», dijo a Criterio.hn la directora del C-Libre, Amada Ponce. Y, como no se conoce quiénes están detrás de estas muertes, «se asume que podría tratarse de una acción relacionada al ejercicio del periodismo».
El C-Libre también explica que, si se tratase de la autoría intelectual, la impunidad en realidad sería del 100%.
En Honduras, los periodistas que no se alinean a la corrupción –y la denuncian– viven con miedo. Desde 2001, año en que se creó esta oenegé, también se contabilizan más de 2,000 amenazas y agresiones públicas contra periodistas o trabajadores de medios de comunicación.
NO HAY INVESTIGACIÓN NI JUDICIALIZACIÓN
Tras el golpe de Estado de 2009, que derrocó al expresidente Manuel Zelaya Rosales, las acciones de violencia contra los periodistas se intensificaron. De acuerdo con los datos que recoge el C-Libre, de 2001 a 2009, solo habían muerto cuatro profesionales de la comunicación.
«Si hacemos un análisis a partir de 2009 encontramos cuestiones arraigadas y promovidas, incluso, desde un Estado debilitado que facilita la impunidad”, asegura Ponce.
El 14 de febrero de 2018, ante la presión de la sociedad civil y de la comunidad internacional, el Ministerio Público hondureño creó la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Feproddhh), una unidad fiscal que apenas posee cinco fiscales –todos asignados a Tegucigalpa– y que, desde su entrada en funcionamiento, no ha logrado conseguir ni una tan sola sentencia.
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«Observamos, pues, que no existe investigación ni judicialización en los casos. En consecuencia, ello le permite a los autores intelectuales continuar haciendo su trabajo», lamenta.
EL PERIODISTA NO TIENE QUIEN LE LEA
En algunas regiones de Honduras, el periodismo ha desaparecido. En el norte del departamento de Olancho, por ejemplo, los medios de comunicación son historia. En la zona occidental y en la zona norte del país, el narcotráfico no es un tema de agenda. En el sur, de la corrupción impregnada en las estructuras de la Policía no se puede mencionar ni una sola palabra.
«La penetración de la corrupción y del crimen organizado ha infectado a la institucionalidad al punto de limitar nuestra labor», dice la periodista y autora Thelma Mejía, quien acumula más de tres décadas en el ejercicio profesional. Inició en 1987 como corresponsal de la Inter Press Service (IPS) y cuando apenas acumulaba un par de años de labores se convirtió, a finales de esa década, en víctima de un intento de secuestro.
«Interpuse una denuncia privada ante los organismos de derechos humanos. Recuerdo que me tocó salir de mi casa y adoptar una serie de protocolos de seguridad. Al final, afortunadamente, se logró identificar que la amenaza provenía de funcionarios del Estado y se alcanzó a desactivar», recuerda Mejía, una de las fundadoras del C-Libre y coordinadora de investigación en el noticiero TN5 de Televicentro, en su conversación con Criterio.hn.
Los periodistas son actores de denuncia, pero en Honduras, «quienes incomodan al poder, se someten a consecuencias», añade.
El último periodista que murió violentamente fue Ricardo Alcides Ávila, quien contaba con 25 años y laboraba en un canal de televisión en Choluteca, al sur de Honduras. Recibió un disparo en la cabeza el pasado 26 de mayo y tres días después, el 29, murió en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Ávila era un defensor de los movimientos sociales.
Según apuntó preliminarmente la Policía, el crimen respondió a un asalto de delincuencia común. Sin embargo, el C-Libre comprobó que al interior de su mochila se encontraron L 9,000.00 (US$ 367.00), al igual que su teléfono celular y sus documentos personales. Su motocicleta, que utilizaba a diario para movilizarse hacia su espacio de trabajo, también se halló intacta.
«Vemos que la impunidad está presente en la mayoría de los crímenes contra periodistas. Nosotros, como casi toda la población, no tenemos una institucionalidad a la que acudir. El Conadeh y el Ministerio Público, desgraciadamente, no están haciendo su trabajo», opina Mejía.
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QUITAR LA CRIMINALIZACIÓN ES SOLO EL PRIMER PASO
En Honduras, combatir la criminalización contra los periodistas es uno de los tantos retos que se deben afrontar con el propósito de garantizar el libre ejercicio de la profesión.
Desde su creación en 2001, el C-Libre, junto a otras organizaciones como el Colegio de Periodistas, la Asociación de Medios de Comunicación y la Asociación de Medios Comunitarios, ha buscado la despenalización de los delitos contra el honor presentes en la normativa penal hondureña. Su argumento es claro: fortalecer las acciones de denuncia e investigación en casos de corrupción.
Más allá de eso, los expertos consultados también coinciden en que además del Código Penal existen –o existieron– otras leyes que amenazan a la libertad de expresión como la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones, conocida como «Ley de Escuchas», o la recién derogada Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, también llamada «Ley de Secretos».
«Despenalizar los delitos contra el honor es solo un paso para desmontar una serie de herramientas que afectan a la libertad de expresión de aquellos periodistas que, sobre todo, trabajan con parámetros de investigación o análisis de datos públicos», dice Thelma Mejía.
El pasado 6 de julio, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Samuel Madrid, presentó ante el Congreso hondureño un proyecto de decreto que pretende despenalizar estos delitos, los cuales están contenido en tres artículos –229, 230, 232, 233 y 234– del Código Penal.
En su planteamiento, el congresista –el segundo que lo hace en lo que va del año, después del suplente Darío Morán– propuso derogar los delitos de calumnia e injuria, que pueden llegar a ser castigados con penas que van desde los 100 hasta los 1,000 días, y trasladarlos del ámbito penal al civil.
Aunque Amada Ponce aplaude la iniciativa, también insta al Legislativo a que no derogue esos artículos como un regalo para la prensa o como un instrumento de propaganda política. «Se tiene que consultar a los afectados porque, de lo contrario, se está haciendo más de lo mismo. Son acciones que sí generan un impacto, pero no necesariamente el que corresponde al contexto del país».
Trasladar los delitos contra el honor al ámbito civil, según la tesis del C-Libre, expondría a los periodistas vencidos en juicio a verse obligados a pagar multas que podrían ascender hasta los L 3,000,000.00 (US$ 123,000.00).
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«Para esa gracia les saldría mejor pagar con cárcel”, dice irónicamente su directora e insiste que la despenalización no solo debe generarse como una pincelada de justicia, sino que debe discutirse con todos los actores involucrados.
«El Comité desde hace muchos años tiene una postura en favor de la despenalización, pero no se trata de quitar una responsabilidad que sí tienen los periodistas. La libertad de expresión, como se tiende a malinterpretar, no es un sobre blanco que permite a los periodistas decir lo que quieran», expresa Ponce, quien también asegura que el C-Libre registra, en sus bases de datos, unas 48 querellas contra periodistas.
El 28 de marzo de 2019, policías ingresaron a las instalaciones de la Radio Globo, en Tegucigalpa, y arrestaron al periodista David Romero Ellner, de 65 años, en plena transmisión radial.
El 13 de noviembre de 2015, Romero Ellner había sido condenado a 10,8 años de prisión por seis delitos de injurias en contra de la abogada Sonia Gálvez, esposa del reconocido fiscal Rigoberto Cuéllar, a quien el periodista acusaba públicamente de ser una persona corrupta.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en su momento una denuncia contra su arresto, nunca consiguió su liberación. Romero Ellner, quien se declaró un preso político, murió el 18 de julio de 2020 producto de un paro cardíaco después de que contrajo covid-19 en la Penitenciaria Nacional de Támara.
ASJ: EXIMIR A PERIODISTAS DE LA TIPIFICACIÓN PENAL
A criterio del director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, despenalizar estos delitos dejaría desprotegidos a millones de hondureños que, además de los periodistas, también son víctimas de calumnias e injurias.
«Las reformas más bien deberían establecer que estos tipos penales no sean aplicados a periodistas y dueños de medios de comunicación por la divulgación de información referente a cada una de las noticias que transmiten», dijo a Criterio.hn durante una entrevista.
El 25 de junio de 2020, cuando el actual Código Penal entró en vigencia, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés) condenó enérgicamente al Estado hondureño después de que tipificó como penales, al igual que en la antigua normativa, los delitos contra el honor –salvo la difamación–.
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