Las organizaciones sociales afectadas por proyectos lesivos como las derogadas ZEDE en el norte de Honduras y las fotovoltaicas de Norfund y Scatec, en el sur, deben establecer una estrategia de cara a un retroceso en relación a la cancelación de proyectos lesivos al medio ambiente, comunidades indígenas y la sociedad, advierten desde el Copinh
Tegucigalpa. – Acudir a los arbitrajes de tribunales privados se ha convertido en la norma de las corporaciones extranjeras que se afincaron en Honduras con proyectos inconsultos durante el régimen del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en abril del año pasado por delitos ligados al narcotráfico.
A la demanda de arbitraje de Próspera Inc., St. John’s Bay Development Company LLC y Próspera Arbitration Center LLC ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ingresada el 3 de febrero de 2023, ahora se suman dos empresas noruegas, una incluso estatal, Scatec Solar y el Fondo de Inversión Noruego de Países en Desarrollo (Norfund), ambas registradas el 21 de abril de 2023. Todas representadas por la firma legal White & Case.
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Para el integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y miembro del equipo técnico de litigio, Camilo Bermúdez, esta serie de demandas por parte de empresas que se establecieron en circunstancias de corrupción y vinculación irregulares, como es el caso de las fotovoltaicas [Norfund y Scatec Solar], presenta una disyuntiva sobre cuál será la postura del Estado ante estas situaciones que están aconteciendo a la vez que se ejerce soberanía.
LAS CONEXIONES OPACAS DE NORFUND Y SCATEC
Como se explicó en el artículo noticioso “Empresas noruegas ligadas a David Castillo y Los Cachiros demandan a Honduras ante el CIADI, alerta Copinh”, al momento en que Norfund adquirió las acciones de la empresa Producción de Energía Solar y Demás Renovables (Proderssa), esta ya tenía conocimiento de sucesos preocupantes que ligaban la empresa que estaban adquiriendo.
Entre estos estaba la captura de David Castillo —en ese momento sospechoso por el asesinato de Berta Cáceres, hoy sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por su coaturoría en el crimen— quien además de ser el presidente de PEMSA, tener adjudicada Proderssa, era el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
La empresa DESA impuso sin consulta previa libre e informada el Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca en la comunidad lenca de Río Blanco en Intibucá, departamento occidental de Honduras. La negativa de la empresa en retirarse conllevó actos de violencia contra las y los pobladores, que finalmente llevaron al asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres en marzo de 2016 y Tomás García en julio de 2013, entre otros.
Bajo esta red que tenía a Castillo como figura visible, Bermúdez cuestionó “cuáles son los criterios que tienen estas empresas para hacer negocios, si hacen negocios con una persona que ya está en la cárcel por el asesinato de una lideresa ambiental de carácter internacional”, puesto que el traspaso a Scatec Solar y Norfund se realizó ya estando detenido Castillo.
ESTADO DEBE REVISAR CONTRATOS IRREGULARES DE CONCESIÓN
Bermúdez planteó que estas demandas —Norfund y Scatec— tienen una serie de implicaciones para el Estado de Honduras, el cual tendrá, en primer lugar, que revisar su postura frente a estas acciones ya sea renegociando, verificando o investigando las circunstancias irregulares detrás de los contratos con los generadores de energía. Como segundo punto, el Estado deberá revisar sus posturas sobre los acuerdos de comercio a los que está vinculado y que permiten este tipo de demandas en ámbitos internacionales.
La semana pasada, 33 legisladores demócratas de Estados Unidos pidieron la intervención de la representante de Comercio, Katherine Tai, y el secretario de Estado, Antony Blinken, para poner freno a los arbitrajes de tribunales privado, a los que describieron como un campo de juego que beneficia a las grandes corporaciones, a la vez que socava la soberanía de los Estados. La misiva fue encabezada por la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y el representante Lloyd Doggett de Texas.
Como tercera consecuencia a estas demandas, Bermúdez avizora que siempre desde el Estado, se debe “verificar cómo se van a realizar los procesos de cancelación de una serie de otros proyectos que son lesivos al Estado y que tienen una serie de irregularidades como el Proyecto de Agua Zarca, el cual está comprobado en juicio las irregularidades y las ilegalidades”.
Agregó el siguiente cuestionamiento: “¿Cuál va a ser la estrategia de parte de las instituciones del Estado para continuar con ese proceso de derogación o cancelación de proyectos lesivos al Estado y también a los pueblos de Honduras?”.
Finalmente, como cuarta implicación Bermúdez señaló que se debe establecer una estrategia por parte de las organizaciones sociales afectadas por estos proyectos lesivos, puesto que “implicaría que una serie de estas demandas como la que ya se ha visto por parte de las ZEDE y la de Scatec, que haya un retroceso de parte de los compromisos del nuevo gobierno en cancelar una serie de proyectos que han sido lesivos para el medio ambiente, para las comunidades indígenas y para la sociedad en general”.
En el caso de Próspera Inc. la demanda está relacionada a la derogación de la ampliamente rechazada Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económica (ZEDE), así como las reformas realizadas a artículos pétreos de la Constitución para la creación de ciudades burbujas en detrimento de la soberanía del Estado de Honduras.
Mientras que en los casos de Scatec Solar y Norfund, de acuerdo a la denuncia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) el motivo de inconformidad sería la aprobación en mayo de 2022 de la Ley Especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público, de seguridad nacional y derecho humano de naturaleza económica y social.
