El Estado de Honduras sigue sin incluir la educación sexual integral en los centros educativos, pese a ser una promesa del gobierno ante la exigencia de grupos de mujeres y feministas.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras. – Un promedio de ocho niñas y adolescentes acuden a diario al Hospital Escuela (HE) en busca de atención médica, una situación que, según analistas consultados por Criterio.hn, muestra la ausencia de educación sexual integral y la impunidad que prevalece para quienes cometen el delito de violación.
Y el patrón de las menores embarazadas que llegan al Hospital Escuela es de personas que carecen de educación y son obligadas, por su precaria condición económica a buscar un empleo porque, en su mayoría, son el sustento de sus familias.
Lo crítico de esta situación es que los hombres que cometen los delitos de violación o estupro, al embarazar a las menores, siguen en la impunidad porque muchos de los casos se quedan en el anonimato.
En contraste, las cifras son alarmantes. Hasta agosto de 2022, el reporte más reciente, se registraron 38,217 partos en niñas de entre 12 y 17 años, de acuerdo a la Secretaría de Salud (Sesal). Criterio.hn trató obtener los números más actualizados, pero en la entidad respondieron que están en proceso de contabilización.
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FALTA DE EDUCACIÓN INTEGRAL
Para Lara Bohórqez, integrante de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), el parto a temprana edad en Honduras se comprende de diversas aristas, pero el factor principal para su prevención es implementar la educación sexual integral.
“El 20% de los embarazos de la Secretaría de Salud son en adolescentes menores de 16 años, a las cuales las obligan a tener el hijo, aun sabiendo que el encargado de la violación fue una persona apegada al entorno familiar: papá, hermano, tío o primo”, señaló.
Dijo también que “esto lo que representa es una vida llena de violencia, de abusos y demuestra la carencia de una educación sexual integral hasta para los familiares de las víctimas”.
A criterio de Bohórqez uno de los principales obstáculos para implementar la educación sexual integral son los grupos religiosos fundamentalistas que cuentan con fuerte presencia dentro de las estructuras del poder del Estado.
Bohórqez planteó a la presidenta Xiomara Castro que impulse a través de la Secretaría de Educación la implementación de una educación sexual integral en los centros del país para comenzar a combatir el problema, que es uno de los principales desafíos en Honduras.
“Sabemos que la presidenta Castro tiene poco tiempo de gestión, pero ya es tiempo de que luche contra este mal que se mantiene oculto y pasa desapercibido en nuestra sociedad. Como siempre la mujer se ve vulnerada desde la niñez y todo queda en impunidad”, reprochó.
La defensora de los derechos humanos es clara: con una educación sexual integral se le da la posibilidad a las niñas de darse cuenta a tiempo cuando están frente a un agresor y qué medidas deben tomar para no ser abusadas.
Los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indican que en Honduras se contabiliza una tasa de embarazos en adolescentes de 89 por cada 1,000 niñas, sobrepasando el promedio de la región, que es de 61 por cada 1,000, una situación alarmante.
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IMPUNIDAD PREVALECE EN LOS CASOS
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, culpó al Ministerio Público (MP) y al Congreso Nacional porque son, a su juicio, las entidades que han permitido la impunidad en la mayoría de casos de violación en Honduras.
“El Ministerio Público, ¿por qué tiene culpa? porque sus investigaciones en estos casos son totalmente ineficientes, la mayoría de casos no se llegan a judicializar”, cuestionó.
“El Congreso Nacional es uno de los principales culpables porque ha blindado la prohibición absoluta del aborto, sin importar las causales que llevar a una menor de edad a tomar esa decisión acompañada de sus padres”, agregó.
Consideró que las violaciones infantiles es sólo la punta del “iceberg” de la desigualdad de género que ha existido en Honduras.
En junio de 2020, Honduras estrenó un nuevo Código Penal, en el cual el Congreso Nacional, presidido, en ese entonces, por el nacionalista Mauricio Oliva, efectuó reformas entre las que destacan la disminución de penas para los agresores de las mujeres.
El único artículo que no fue tocado fue el delito del aborto, el cual se conserva con la misma pena que va de tres a seis años de reclusión, cuando la mujer recurra a este acto.
En enero de 2021, el Congreso aprobó la reforma al artículo 67 de la Constitución de la República que blindó la prohibición absoluta del aborto, ya existente en el país. Este artículo establece que es prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de vida del que está por nacer.
“Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo que establezca lo contrario”, indica la reforma, con la finalidad de impedir que el aborto pudiera legalizarse en el futuro.
Para derogar la reforma legal se requiere de la mayoría calificada de los diputados, es decir, 86 votos.
La mandataria Castro, durante su campaña proselitista, prometió despenalizar el aborto en caso de que se tratase de una violación, por malformaciones fetales y cuando la vida de la madre corra peligro, conocido como el permiso bajo las tres causales.
Sin embargo, desde el poder, Castro aún no ha enviado una reforma al Congreso Nacional para quitar el blindaje del artículo 67 de la Constitución de la República, lo que significa para los entrevistados, un retroceso en Honduras.
Lo más cerca fue lo ocurrido en marzo pasado, cuando la presidenta firmó un acuerdo ejecutivo mediante el cual se permite el uso y la comercialización de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), pero hasta el 5 de mayo anterior, Criterio.hn constató que todavía no se estaba vendiendo en las farmacias privadas, ni tampoco se estaba prescribiendo en los centros de salud.
