Solicitaron garantizar la participación de representantes de alto nivel y con capacidad de toma de decisiones al interior del Mecanismo Nacional de Protección, así como una disculpa pública como medida de reparación por la desatención en la protección de las vidas, seguridad e integridad de las personas defensoras de derechos humanos
Tegucigalpa, Honduras. – Las personas defensoras, así como organizaciones que abordan la defensa de derechos humanos en Honduras, exigieron el fortalecimiento institucional del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras, Periodistas, Comunicadores sociales y Operadores de Justicia.
La defensora de Guapinol y beneficiaria de medidas de protección, Juana Zúniga, señaló que es imperativo robustecer institucionalmente a dicha institución, “con el fin de que esta sea una opción real y posible para prevenir, mitigar y proteger del riesgo a quienes defienden derechos humanos, ejercen el periodismo independiente y combaten la impunidad en Honduras”.
La exigencia se realizó en la audiencia pública celebrada –en Washington D.C., Estados Unidos– en el marco del 188º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que participaron virtualmente desde Honduras los beneficiarios de medidas de protección y bufetes jurídicos que impulsan la defensa de derechos humanos en el país.
Además de Zúniga, también intervinieron los defensores y beneficiarios de medidas de protección: Reinaldo Barahona, líder tolupán amenazado de Las Vegas de Tepemechin; y Ramiro Lara, defensor ambiental e integrante de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), quien el 15 de septiembre sufrió un atentado en su residencia en Santa Rosa de Copán.
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Las personas defensoras fueron acompañadas por integrantes de los equipos legales: Liliana Caballero del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), Nadia Mejía del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Walter Díaz del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Carlo Jiménez del Bufete Justicia para los Pueblos, y el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía.
“Entre enero del 2021 y septiembre del 2023 se registró el asesinato de al menos 40 personas defensoras y periodistas en Honduras, convirtiéndose así en el quinto país más mortal en el mundo para defender derechos humanos, ejercer el periodismo independiente y combatir la impunidad”, señaló la representante de CEJIL, Liliana Caballero.
Agregó que se ha corroborado que Honduras además de no ofrecer condiciones seguras para la defensa de derechos humanos, se registran patrones de criminalización, hostigamientos, amenazas y otros, contra quienes se organizan para denuunciar y visivibilizar las violaciones a derechos humanos ejercidas por el Estado y otros actores no estatales.
DISCULPA PÚBLICA, ENTRE OTRAS MEDIDAS, REQUIEREN DEFENSORES
Durante la intervención de la defensora del agua, Juana Zúniga, también se requirió del Estado de Honduras una disculpa pública como medida de reparación por la desatención en la protección de las vidas, seguridad e integridad en territorio hondureño de personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y operadores de justicia.
En lo que va del 2023, tres defensores del agua en Guapinol y del Parque Nacional Carlos Escaleras, fueron asesinados. Dos de las víctimas mortales eran hermanos del también defensor y presidente de la Junta de Agua de Guapinol, Reynaldo Domínguez, quien junto a su núcleo familiar fueron desplazados tras los crímenes.
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De igual forma, solicitaron garantizar la participación de representantes de alto nivel y con capacidad de toma de decisiones al interior del Mecanismo Nacional de Protección por parte de las Secretarías de Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, así como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República.
Walter Díaz del MADJ apuntó que el Estado de Honduras, a través de estas instituciones, “debería tener un rol presente y participativo para el funcionamiento del Consejo Nacional de Protección, siendo esta instancia la que ejerce funciones de control supervisión, seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Protección”.
Sobre el financiamiento, las personas defensoras pidieron la adopción de un modelo de financiamiento único y estable para el Sistema Nacional de Protección, con el involucramiento de la Secretaría de Finanzas, que evite suspensiones o la cancelación de operaciones existentes.
En cuanto a infraestructura requirieron asegurar condiciones y medios indispensables para cubrir necesidades operativas y materiales del Mecanismo de protección, entre ellas contar con un lugar físico independiente a otras entidades del Estado, medios electrónicos y tecnológicos.
Otra exigencia fue garantizar el abastecimiento del personal capacitado y necesario para el trabajo del Mecanismo de Protección, procurando un plan de fortalecimiento sostenido sobre enfoque de género, interseccionalidad y territorialidad, así como derechos de pueblos indígenas y afrohondureños.
DEFICIT PRESUPUESTARIO Y CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN, ENTRE JUSTIFICACIONES DEL ESTADO DE HONDURAS
En representación del Estado de Honduras participaron presencialmente en Washington D.C., Estados Unidos, la titular de la Secretaría de Derechos (SEDH), Natalie Roque; el subprocurador General de la República, Tomás Emilio Andrade Rodas; y representando a la Dirección General del Sistema de Protección (SEDH-DGSP), la abogada Andrea Pineda.
El subprocurador Andrade Rodas afirmó ante la CIDH que la Procuraduría General de la República “permanentemente participa en las instancias del Sistema Nacional de Protección, como ser el Consejo Nacional de Protección y el Comité Técnico del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos”.
No obstante, en septiembre de 2023 tras el atentado contra la defensora y lideresa garífuna, Miriam Miranda, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció que por burocracia administrativa tres de los cuatro miembros que integran el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Protección no asistieron a la reunión programada, entre ellos el representante de la PGR.
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Tras esa cancelación, realizada minutos antes de la hora establecida para la reunión, Ofraneh cuestionó que el Mecanismo Nacional de Protección únicamente funcione desde la comodidad de las oficinas ubicadas en Tegucigalpa, mientras los riesgos que enfrentan las y los defensores están en los territorios en disputa.
Por su parte, la titular de la SEDH, Natalie Roque reconoció la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos. Acto seguido, explicó brevemente la integración del Sistema Nacional de Protección al interior del Despacho de Derechos Humanos, así como la transición administrativa que se llevó a cabo tras asumir la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2022.
Roque declaró que se encontraron con una situación de déficit presupuestario casi absoluto y desfase en la actualización de casos de personas beneficiarias en la Dirección General del Sistema, así como una deuda de implementación de medidas de protección desde el 2020.
“Esto denota una inadecuada gestión financiera que en ocasiones era suplida mediante créditos que de forma no consensuada se descontinuaron con el cambio de administración. Ante esta situación se tomaron todas las acciones administrativas para asegurar un presupuesto adecuado en el segundo semestre de 2022”, compartió.
Roque abordó también la situación del Consejo Nacional de Protección el cual, afirmó, fue encontrado en situación irregular, que a la vez llevó a la salida de concejales quienes ya habían vacado en sus cargos el año previo. Esto llevó, según su recuento, a una campaña de desinformación que “derivó en la imposibilidad de realizar sesiones del Consejo Nacional de Protección durante un período de casi seis meses afectando de forma significativa el funcionamiento de la Dirección General”.
Actualmente, declaró que la gestión ha enfilado esfuerzos para fortalecer y recuperar la credibilidad de la Dirección General del Sistema de Protección, así como eliminar la mora de comités técnicos, garantizar que se cuente con personal idóneo para el manejo de los casos de protección y garantizar medidas de prevención y protección equitativas.
