Analistas consultados por Criterio.hn señala que, al existir un claro conflicto de interés de algunos congresistas en la elección de las nuevas autoridades de la fiscalía, estos deben abstenerse, por lo que se debe integrar a suplentes a la votación
Tegucigalpa, Honduras. -La elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, podría estar en manos de diputados suplentes, lo anterior debido a que varios legisladores tienen procesos judiciales e investigativos abiertos, lo que deja manifiesto un claro conflicto de interés, por lo que deberían abstenerse de emitir su voto en esta elección de segundo grado.
El artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que los diputados están sometidos a ciertas prohibiciones, entre ellas, “participar en debates del pleno o de las comisiones a las que pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
En la interpretación de este artículo los diputados con conflicto de intereses deberían abstenerse de participar en la elección de las autoridades del Ministerio Público, facultando a diputados suplentes a integrarse al pleno y ser ellos quienes emitan su voto.
Varios de los actuales congresistas fueron investigados por el ente acusador del Estado, por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) y en su momento por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Algunos de los casos presentados por la MACCIH fueron: Pandora, Red de Diputados, el Caso Fe de Erratas, Arca Abierta, entre otros.
En primera instancia la sugerencia fue hecha por el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, al interpretar el artículo 50 la normativa del Poder Legislativo.
En su análisis el jurista expuso que, las y los diputados que tienen investigaciones abiertas, juicios pendientes y que aparecen en la Lista Engel, tienen prohibido participar en las sesiones para elegir a las autoridades de la Fiscalía, ya que tienen un “un interés directo que genera conflicto”.
Días después el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sugirió que los diputados que tienen conflicto de intereses y deberían anunciar que se abstienen de participar en la elección de las autoridades del Ministerio Público.
Lea: Diputados con investigaciones y procesos judiciales pendientes no deben participar en elección de autoridades del MP
PROPIETARIOS DELEGAN A SUS SUPLENTES
El legislador del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y II vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Casaña, delegó a su diputada suplente, Bety Rivera, para que sea ella quien vote en la elección de las autoridades del Ministerio Público.
Desde su cuenta de Twitter el congresista expresó que “coherente” con el planteamiento del presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, que nadie que tenga cualquier tipo de situación legal o sea objeto de investigación por parte de la fiscalía participe en la votación para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Esta acción ha sido replicada por Rasel Tomé, legislador del Partido Libre y III vicepresidente del Congreso Nacional, ya que designó a su suplente, Obed López, para emitir su voto en esta elección de segundo grado.
“Desde el 29 de agosto del 2023 delegamos el voto para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público en nuestro compañero, Oved López”, dijo en su cuenta de Twitter.
En esa misma red social precisó que los que fueron investigados por actos de corrupción y enjuiciados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que también votaron para desmantelarla, y acudieron a arreglar los juicios con los exmagistrados, “ahora dicen que no tienen por qué abstenerse de participar en la elección del fiscal”.
Desde la oposición, específicamente el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que los diputados nacionalistas no tienen procesos judiciales activos, esto en respuesta a la sugerencia del presidente del Congreso, Luis Redondo, para que legisladores con conflictos de interés se abstengan de votar en elección de autoridades del Ministerio Público.
Durante su intervención en una radio capitalina, Zambrano calificó las palabras del jefe del Congreso Nacional, Luis Redondo, como una “distracción más” porque una denuncia no causa una sentencia condenatoria, “a todos los ciudadanos nos ampara la presunción de inocencia”.
Nota relacionada: Oficialismo asegura que sin acuerdo para elección de fiscales no se retomarán las sesiones
“LO IDEAL ES QUE SE APARTEN DEL PROCESO DE ELECCIÓN”
Aunque la abstención de los vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, de abstenerse es un mensaje correcto, ya que podrían tener un conflicto de interés, como lo expusieron en sus redes sociales -agregar enlace- lo anterior puede ser tomado como una estrategia del oficialismo.
El director de Justicia y Seguridad de la Asociación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, explicó a Criterio.hn que, aunque la ley no lo dice explícitamente, se entiende que existe un conflicto de interés y por ello lo ideal es que los congresistas que sean objeto de investigaciones se aparten del proceso de elección.
Seguidamente, dijo que cuando un diputado propietario se aparta del proceso se debe integrar a su suplente y de no estar en el pleno por cualquier motivo, el presidente del Congreso Nacional, debe buscar dentro de la misma bancada, para “respetar las cuotas partidarias”.
“La Ley Orgánica del Poder Legislativo ya establece que, si un propietario no puede estar, en este caso por conflicto de interés, tiene que suplirlo su respectivo suplente, es decir que no podría llenarse un curul que le corresponde el Partido Nacional con un diputado del Partido Libre y viceversas”, puntualizó.
Para el abogado y exintegrante de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, que diputados se abstengan de participar en la elección de las autoridades de la fiscalía es “saludable”.
Añadió que, al haber congresistas implicados en actos de corrupción, investigaciones en el Ministerio Público o judicializados, representa un conflicto de interés que puede generar algunas sospechas que el proceso “ha sido viciado” o “utilizado” para blindar a personas vinculadas al tema de corrupción u otros delitos asociados con esto.
“Estos diputados y diputadas no deben conocer o participar en la elección del fiscal general debido a que hay un conflicto de interés, ya que esto podría significar que las nuevas autoridades del Ministerio Público pueden parar, detener o engavetar las investigaciones que tienen contra diputados del Congreso Nacional que votaron a su favor”, acotó.
Sin embargo, no descartó que esto pueda ser una estrategia política para que diputados de otras bancadas no puedan votar y que “estos votos puedan utilizados para digamos el favor político o el beneficio político de un de un partido determinado”.
