Por: Hugo Noé Pino
La Secretaría de Finanzas ha presentado al Congreso Nacional el presupuesto del sector público para 2020. El presupuesto se incrementa en cerca del 8% en relación al presupuesto del presente año. Este aumento ha ocasionado una serie de opiniones, principalmente empresariales, señalando que el presupuesto es muy grande y que su crecimiento debería ser cero, o mejor reducirlo. El gobierno representa, se enfatiza, el 45% del Producto Interno Bruto (PIB), afectando así el crecimiento económico. Varias de estas expresiones están basadas en una confusión sobre diversos aspectos que merecen ser discutidas.
En primer lugar, el crecimiento del presupuesto se puede dar por varias razones: inflación, crecimiento económico, aumento de impuestos y mejoras en la administración tributaria, entre otros. El que el presupuesto público de 2020 crezca alrededor de 8% es totalmente normal. La inflación de 2019 será alrededor de 5%, lo cual quiere decir que en términos reales el crecimiento del presupuesto sería de alrededor 3%. Tenemos más bien un presupuesto conservador. El aumento del gasto del gobierno central es de menos de 4 mil millones de lempiras, de un total de cerca de 21 mil lempiras de aumento.
En segundo lugar, el punto más importante de la discusión es cómo se invierten estos recursos; en este sentido deberíamos preocuparnos por los enormes montos que absorbe anualmente el servicio de la deuda; en 2019 ascendió a 38 mil millones de lempiras y en 2020 será de alrededor de 42 mil millones. El servicio de la deuda (capital más intereses) en los últimos 6 años, más lo que pagaremos el próximo año, asciende a cerca de 237 mil millones de lempiras, mientras el saldo actual es de alrededor 275 mil millones. Aliviar el pago de estos enormes montos anuales es prioritario para el presupuesto público.
Adicionalmente, el presupuesto 2020 sigue las mismas tendencias de gasto que años anteriores, lo cual no ha beneficiado a la mayor parte de la población. Mantener la reducción de educación y salud en la participación del gasto total, aumentar recursos para defensa y seguridad, así como los programas del jefe de Estado, y principalmente, mantener la opacidad con los fideicomisos y la ley de secretos, son las características que se mantienen a lo largo de la década. Para que el presupuesto sea un verdadero instrumento de desarrollo se requeriría una reingeniería muy fuerte que solo es posible bajo un gobierno que tenga otras prioridades y visión. Los cambios que le pueden hacer en el Congreso Nacional son cosméticos y su aprobación seguramente seguirá la misma ruta de los anteriores, es decir, la dispensa de dos debates y su rápida aprobación.
En tercer lugar, y relacionado con el tema que el gobierno absorbe el 45% del PIB, esto es producto de confundir el monto del presupuesto del gobierno central, con el del resto del sector público. El del gobierno central será para el próximo año de alrededor de 156 mil millones, mientras para el resto del sector público de 127 mil millones. El gobierno central está constituido por los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además, lo conforman otras instituciones, tales como el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la República y el Comisionado de Derechos Humanos.
El poder ejecutivo es el encargado de la administración pública del país y por ende es el encargado de recolectar y gastar los impuestos que determina el Congreso Nacional. No obstante, la mayor parte del resto del sector público funciona con otro tipo de recursos. Este último está constituido principalmente por cinco tipos de instituciones: empresas públicas, instituciones financieras estatales, universidades públicas, institutos de previsión y los institutos públicos autónomos. Dada la naturaleza y funcionamiento de estas instituciones, dar el mismo tratamiento a los dos sectores no es correcto. Por ejemplo, el presupuesto del Banco Central de Honduras, de BANPROVIH, y de Banadesa (las tres instituciones financieras públicas) tienen un financiamiento diferente, dado que sus presupuestos provienen de fuentes distintas a los impuestos.
Asimismo, las empresas públicas no cobran impuestos, sino que venden bienes y servicios. Esto significa que hay una contraparte que reciben el resto de los agentes económicos y no debería significar ninguna carga, excepto cuando entra en períodos deficitarios (como la ENEE) y el gobierno central tiene que cubrirlos con recursos propios. Hay que recordar que en el reciente pasado varias empresas públicas trasladaban recursos al gobierno central. Los institutos de previsión, cuyos presupuestos suman en el resto del sector público, reciben los ingresos de los aportes de los trabajadores y de la parte correspondiente al gobierno como patrono. Es el caso, por ejemplo, de Injupemp e Inprema.
Las universidades públicas y los institutos autónomos más bien reciben transferencias del gobierno central, lo que significa que al final el presupuesto real es de menos de 282 mil millones en 2019. Por ejemplo, cerca de entre 8 y 9 mil millones que reciben estos entes como transferencias son contabilizados dos veces: en el presupuesto del gobierno central y en el resto del sector público.
La confusión en el tratamiento de ambos presupuestos es producto del tratamiento que se viene haciendo con la modificación de la Ley de la Administración Pública en 2014; a partir de estos cambios ahora se agrupan por sectores, tanto instituciones del gobierno central como del resto del sector público. Para efectos de coordinación es saludable hacer esto, pero para efectos presupuestarios hay una gran diferencia.
Finalmente, el verdadero indicador para medir el peso del sector público en la economía es la carga tributaria, porque muestra la cantidad que se genera en riqueza nacional (PIB) que va al gobierno. Aún ésta no puede considerarse exagerada, en promedio ha sido 18% en los últimos años; en Brasil es 34% y la media en América Latina es alrededor de 25%. En lo que sí tienen mucha razón los diferentes sectores es que hay un amplio espacio para mejorar el gasto público, para mejorar su eficiencia y eficacia, y no digamos reducir sustancialmente la corrupción.
