El poder omnipotente de los militares de Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Varias reflexiones se generaron este jueves al debatirse sobre el papel de los militares de Honduras durante la década de los 90, donde se supone que el cuerpo castrense transitó hacia la democracia y sobre el autoritarismo actual que ha revestido de poder a las Fuerzas Armadas.

La sinergia de ideas se originó con base al informe: «Militares en Honduras: de la transición democrática en los 90, a la democracia autoritaria actual”, presentado por el Centro de Estudio para La Democracia (Cespad).

La idea de la discusión, donde convergieron intelectuales, académicos y dirigentes de organizaciones de sociedad civil, es para generar debate acerca del papel del sector defensa y seguridad en la construcción de la democracia hondureña y proponer un conjunto de reformas.

Para el analista político y parte del panel de expositores, Raúl Pineda Alvarado, los militares no pueden ser salvaguardas de la democracia o de otras funciones que son meramente políticas, y que están contemplados en 21 artículos de la Constitución de la República, porque pertenecen a una institución que se fundamente en la disciplina, en la verticalidad y en la obediencia.

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Pineda sugirió que los artículos constituciones deben ser objeto de una revisión en consenso con la misma institución castrense y así evitar que Honduras siga teniendo esa confusión sobre el papel constitucional de los militares.

Entre tanto para el sociólogo, Eugenio Sosa, la aprobación de la Ley de Secretos lleva implícito la protección de los militares, porque esta normativa se ha convertido en una coraza que blinda de impunidad a los uniformados en la ejecución de los recursos.

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“Cuando usted se pregunta sobre todos los destapes de corrupción, aparentemente este sector está como incólume, no se destapa nada”. Sin embargo, cuando alguien quiere ver o saber cómo se ejecutan los recursos destinados a las Fuerzas Armadas nadie rinde cuentas, señaló Sosa.

El analista social cuestionó la voracidad con la que el gobierno ha aplicado nuevas cargas impositivas y cómo ha recortado las asignaciones a otras instituciones del Estado para incrementar el presupuesto dirigido a la institución castrense.

El verdadero poder

“Definitivamente vivimos en un régimen donde los militares son los que realmente ejercen el poder a través de un Consejo de Nacional de Defensa y Seguridad”, expresó el director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) Gustavo Irías.

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El actor de la sociedad civil cuestionó la opacidad en el manejo del presupuesto destinado a los militares y el sustancial crecimiento en casi un 200 % que éste ha experimentado en los últimos diez años. Reprochó, además que la ciudadanía desconozca hacia dónde se están orientado los fondos y la efectividad de los mismos, porque pese a que la tasa de homicidios ha tenido un descenso, de acuerdo a las cifras oficiales, los resultados no son significativos en relación a los costos.

El estudio analizado y debatido este jueves destaca el papel que han jugado los militares desde la década de los 80, durante el proceso de transición de los 90, hasta llegar al actual momento en el cual se les hace serios señalamientos vinculados, particularmente, con la seguridad pública, la transparencia y rendición de cuentas, y la violación de derechos humanos en Honduras.

Para comprender el momento actual, relacionado con defensa y seguridad y en específico, con el papel de los militares en el país, el Cespas destaca en su informe las reformas democráticas de los 90, los procesos de altibajos acontecidos entre los militares, los políticos y los civiles, y el momento actual en el que para algunos sectores, el poder ostentado por las Fuerzas Armadas jamás se había visto en la historia de Honduras. El viejo y el nuevo papel de los militares no se pude comprender sin el apoyo que históricamente les han brindado los Estados Unidos y, en ese sentido, se reflexionó sobre el rol jugado por ese país del norte en cuanto al apoyo a las Fueras Armadas de Honduras se refiere.

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Un tema importante que se destaca en el informe, lo constituye la ausencia de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas del sector defensa y seguridad, pues una de las prácticas de los políticos hondureños para congraciarse con los militares, ha sido las aprobaciones presupuestarias ausentes de auditorías y del control ciudadano. Como primer ejercicio de análisis del papel del sector defensa y seguridad en Hondura, al finalizar el documento, el Cespad plantea una serie de reformas en el sector defensa, que se plantean en términos generales:

1. Cambiar en forma sustancial la actual misión constitucional de la Fuerzas Armadas orientada a garantizar el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en la presidencia de la República. En un Estado de Derecho la Constitución es garantizada por la Corte Suprema de Justicia y el Sufragio es plenamente regido por el Tribunal Electoral. Lo anterior pasa por realizar reformas significativas a la Constitución de la República y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.
2. Asegurar que efectivamente, el Presidente de la República pueda elegir y remover libremente al Jefe del Estado Mayor Conjunto, especialmente cuando existen actos de desacato e insubordinación al poder civil. En esta línea es necesario revisar los objetivos y funciones estratégicas en materia de defensa, así como las competencias y funciones de las Fuerzas Armadas. En este tema es importante que las Fuerzas Armadas no sustituyan a otros actores que tienen funciones y responsabilidades vinculadas a los planes de desarrollo nacional.
3. Fortalecer la Secretaría de Defensa y garantizar para que asuma el papel jerárquico sobre el estamento militar. Esto pasa porque asuma un papel activo y no de simple intermediario o tramitador de acciones entre el Presidente de la República y el Jefe del Estado Mayor Conjunto.
4. Someter a revisión y redefinición las funciones de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, para avanzar hacia un real y efectivo control civil democrático sobre los militares.

 5 Que el Tribunal Superior de Cuentas, ente que ha mantenido una actitud pasiva en las auditorías relacionadas con el gasto militar, programe auditorías sistemáticas sobre los recursos que se manejan en el sector Defensa.

6. Para vigilar y monitorear las amenazas y los riesgos de militarización de la sociedad hondureña, es necesario que desde la sociedad civil y la ciudadanía se asuman los temas de defensa como un asunto de interés público, sobre el que hay que ejercer vigilancia ciudadana como a una política pública más.
7. Los diferentes actores de la sociedad civil deben avanzar en el conocimiento, involucramiento, y participación activa en el control civil democrático de los temas de la defensa nacional.
8. En la medida que los abusos de poder, el excesivo uso de la fuerza y las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por militares queden en la impunidad, ésta seguirá siendo «una moneda» de intercambio y negociación entre políticos y militares. Por ello, aplicar mecanismos que garanticen procesos de investigación y judicialización efectivos cuando hay militares implicados en hechos delictivos, es parte fundamental de la democratización de la sociedad hondureña.