Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA.- La junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) tendrá que entregar información sobre sus operaciones financieras y administrativas, luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública determinó que es sujeto obligado de la ley de Transparencia.
Amparándose en una interpretación de la ley del IPP que los exime de la fiscalización, los directivos y el gerente se han negado reiteradamente a entregar la información solicitada por afiliados sobre la gestión institucional, como es el caso de los dos últimos estudios actuariales del sistema, vitales para saber acerca de la sostenibilidad del Instituto.
La decisión de obligar al IPP a entregar la información solicitada por el periodista Gustavo Palencia, fue adoptada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tras comprobar que el órgano de jubilación de los periodistas recibe por ley fondos públicos y por tanto es una institución obligada a atender las peticiones de información.
«El Instituto de Acceso a la Información Pública enviará al gerente del IPP, Omar Calderón, las peticiones de información que se ha negado a entregar para que responda a satisfacción pues el ente legalmente recibe fondos del Estado», dijo una funcionaria del IAIP.
El IAIP decidió requerir al IPP la entrega de la información solicitada por Palencia, después de que el Ministerio de Finanzas le confirmó que el Estado le transfiere fondos en cumplimiento de la ley de creación del sistema de jubilaciones y pensiones de los periodistas.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que son instituciones obligadas a ofrecer información al público, además de los tres poderes del Estado, los entes autónomos y descentralizados y las alcaldías, los organismos privados de desarrollo y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que reciban o administren fondos públicos.
La decisión del IAIP es el segundo hecho en menos de un mes que contraría la férrea determinación de los directivos del IPP, encabezados por su presidente Edwin Natividad Romero, de mantener en total opacidad las finanzas del ente.
También, el IPP ahora es sujeto de la fiscalización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), al entrar en vigencia la Ley Marco de Protección Social, que obliga a todos los entes de previsión que reciben fondos públicos a someterse al control del organismo especializado del estado en el sector financiero.
Los directivos del IPP en su perseverante evasión de la fiscalización externa de las operaciones financieras del ente, incluso han desistido ilegalmente de retirar, a partir del 2014, las aportaciones del Estado.
La abusiva determinación de la junta directiva del IPP de abstenerse de requerir las aportaciones estatales establecidas en la ley de creación del ente, erosiona la capacidad financiera del sistema de ofrecer una pensión por jubilación digna a los periodistas, que es el principal objetivo de su operación.
Las aportaciones del Estado desde 1987 a 2013 sumaron 53.2 millones de lempiras, cantidad que permitió en esos años pagar los seguros de vida y hospitalario, el auxilio funerario y más de un 50 por ciento de las jubilaciones y pensiones por invalidez.
El Instituto de Previsión de los periodistas, es hasta ahora el único ente de previsión, entre públicos y privados, e incluso bancos, financieras y cooperativas que no es auditado por la CNBS, debido a una interpretación de la ley del organismo aprobado en el año 2000, que los eximió de la vigilancia externa pública de sus finanzas.
Acusan a JOH de querer tomarse IPP
La gerencia del IPP deberá suministrar entre otros documentos, una copia del acta de junta directiva del ente en la que se resolvió desistir de la contribución del Estado y la carta o notificación enviada al gobierno comunicando su ilegal decisión.
Además, deben entregar los dos últimos informes de auditoría de las operaciones financieras, las actas del comité de inversiones y el detalle de las inversiones realizadas por el IPP de 1987 al 2015 y los estados financieros entre 1987 y 2012.
Igualmente, el acta en la que la junta directiva autorizó al presidente del IPP, Edwin Natividad Romero, a firmar un contrato privado para la administración de un fondo patronal autónomo de seguridad social con la administradora de Fondos de Pensiones Atlántida S.A.
Los directivos del IPP en su estrategia para eludir la fiscalización de la CNBS, impulsan también un fraccionamiento de las fuentes de financiamiento del ente, y embaucaron privada y selectivamente a un grupo de periodistas para que firmaran un contrato con una administradora de pensiones privada a la que trasladaran únicamente sus contribuciones personales para constituir su jubilación.
Sin embargo, las reservas técnicas para financiar las pensiones por jubilaciones y beneficios del sistema, están constituidas, de acuerdo a la ley, por las utilidades por inversiones que sumaron entre 1987 y 2013, 124.3 millones de lempiras, las aportaciones patronales 56.3 millones, las contribuciones estatales 53.2 millones de lempiras y las individuales 26.8 millones de lempiras.
Los directivos y el gerente del IPP le aseguraron a los periodistas que firmaron el contrato que el gobierno del presidente Juan Hernández pretendía tomarse las reservas del ente y que era preferible colocarlas en una administradora de pensiones privada para evitarlo.
«A mi me dijeron que el gobierno del presidente Juan Orlando (Hernández) se quiere tomar estos fondos y que es más seguro tenerlos en una administradora de fondos privados», dijo un periodista de la televisión que firmó el contrato.
El gobierno de Hernández, en cumplimiento del decreto de creación de la Ley de Instituto de Previsión Social del Periodista, asignó fondos en el presupuesto nacional a través de la secretaría de la Presidencia en los años 2014 y 2015 para transferirlos al ente de previsión de los comunicadores.
Los miembros de la junta directiva y la gerencia del IPP han operado hasta ahora con total discrecionalidad la administración y finanzas del ente, dejando en total indefensión a los periodistas afiliados debido a la ausencia de fiscalización externa de los recursos que administra este sistema.
