Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa. – La secretividad por 10 años que decretó el Congreso Nacional para la compra de vacunas, independientemente de la farmacéutica y toda la cadena que ello implica, no solo abrió la llave de la reserva en el sector Salud, también sentó precedente para que ahora, cualquier institución, que quiera guardar secretos, se vaya directamente al parlamento, sin acudir a donde debe ir por ley: el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El mandado asignado a la titular de Salud quedó hecho. Ella no solo tiene facultades para actuar con total opacidad en su dependencia, sino que abrió la brecha para que otros funcionarios la imiten, sin que, en el congreso nacional, los diputados del oficialismo se opongan a la secretividad, todo lo contrario, es la norma que les ha regido en sus últimas actuaciones legislativas, acompañados de uno que otro legislador de la oposición.
Con la secretividad decretada en el área de las vacunas, secreto será también la ruta del dinero asignado al país, en calidad de préstamo o deudas, para su adquisición, ello implica el fajo de dinero soltado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), más de 800 millones de lempiras. 10 años habrá que esperar cómo y en qué se gastó ese dinero que deberemos pagar.
Ese es el impacto directo, por ahora, pero el otro, el impacto de fondo es el segundo golpe otorgado al IAIP en su condición de ente regulador de la ley de transparencia y acceso a la información pública, una iniciativa que surgió desde la ciudadanía, ampliamente consensuada y aprobada tras enormes batallas sociales y gremiales. La ley, incluso, puso un contrapeso al IAIP, al dar la potestad de vigilar sus acciones en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pero éste de un tiempo a acá ha renunciado a ese papel veedor que por ley le corresponde.
El primer golpe dado al IAIP fue la aprobación de la Ley de Secretos, pues destina al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa clasificar como información reservada o secreta, lo que ellos estimen conveniente. Y así lo hicieron, al poner bajo reserva a más de una docena de instituciones públicas sin mayor fundamento legal. Una de esa secretividad es el dinero destinado a la tasa de seguridad poblacional.
La ley de transparencia y acceso a la información pública señala claramente que la reserva o la secretividad de información corresponde al IAIP y da los pasos que debe seguir el ciudadano si siente que una información que haya sido reservada no debe serlo. El ciudadano puede acudir a la Sala Constitucional y hay un precedente al respecto: un fallo de la Sala Constitucional determinó que el nombre de las personas no debe ser secreto. Su resolución fue así porque pidieron la secretividad de los destinatarios de los bonos de beneficio social que otorgan los gobiernos.
Esa Sala Constitucional fue la destituida en el 2013, y ahora, la nueva Sala Constitucional ha dicho que es secreto conocer en qué se gasta el dinero de la tasa de seguridad, en una polémica resolución que bien configura un caso ante la Comisión y posterior Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La calidad de los fallos que ha otorgado la Sala Constitucional en materia de derecho y acceso a la información pública, debe ser objeto de estudio y análisis rigurosos a la luz del derecho a la información, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Pero en el caso del IAIP, el golpe otorgado con la ley de secretos fue tremendo, abrió un agujero contra la institucionalidad, al que se suma ahora la imposición del congreso de decretar reservado por 10 años todo lo relacionado con la compra de vacunas. Tras el caso de la estafa de los hospitales móviles, la duda asalta en cuanto a la transparencia con que se puedan manejar esos fondos.
Ese ha sido el segundo golpe más grande otorgado a la institucionalidad del IAIP y del Estado de Derecho mismo. Los comisionados del IAIP han salido al paso al defender su decisión de no dar la reserva total al contrato de compra de Pfizer que pidió Salud; han negado que ellos hayan sugerido a la titular de esa dependencia que acudiera al Congreso Nacional para que le hicieran “el favor” en nombre del derecho a la salud de los hondureños, como aseveran los funcionarios y legisladores que defienden esa secrecía de 10 años, que puede ser prorrogable, según establece la ley.
En sus modestos logros, el IAIP no termina de reponerse del golpe de la ley de secretos, la creación de una paralela como la Secretaría de Transparencia y ahora recibe esta otra bofetada del Congreso Nacional, acostumbrado a los golpes institucionales gestados desde el Ejecutivo para que ellos los ejecuten.
Las instituciones del Estado han sido debilitadas, son pocas las que sobreviven, pero aquellas que pueden estorbar en el camino de la impunidad, sencillamente, son debilitadas, son desmembradas. El IAIP, producto de una ley ciudadana que busca reivindicar su derecho de y a la información, así como garantizar el acceso a la información pública, deberá analizar el alcance de esta decisión del congreso nacional para luchar por su institucionalidad y el derecho que todos tenemos a saber no solo el origen de los fondos públicos, sino la toma de decisiones y la apuesta por una política pública de transparencia que manda la ley de transparencia. La opacidad no puede ni debe ser eterna.
