Por: Carlos Zelaya Herrera
El pedido de Estados Unidos de entregar a Juan Orlando Hernández Alvarado estremeció al común del pueblo, a los conocedores de las leyes y a tomadores de decisiones públicos o privados que reconocen la ausencia de justicia, la oportunidad de renovar la institucionalidad del Estado, de limpiar la imagen internacional y mejorar la autoestima de la población.
La causa contra Hernández lastra a otros 32 connacionales que fueran entregados a las cortes federales norteamericanas en nueve años del Auto Acordado que la Corte Suprema de Justicia instauró el año 2013.
La petición de la justicia estadounidense alzó voces que señalan y responsabilizan a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público de permitir e ignorar las acciones criminales del exmandatario durante todos estos años, dijo la diputada Fátima Mena, del PSH.
Mena avivó el clamor de juicio político a 15 magistrados del Poder Judicial y al fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, para lo que se necesita mayoría calificada en el Congreso Nacional, la diputada del PSH.
El Código Procesal Penal carece de un procedimiento que determine el manejo de peticiones de carácter extraterritorial, lo que en aquel momento del 2013 llevó a que la Corte Suprema de Justicia a emitir un Auto Acordado, figura cuya polémica que resuena en la comunidad académica, en los profesionales de las leyes y en una espera en la agenda del Congreso Nacional.
Es imperativo una Ley Especial de Extradición porque este proceso se canaliza con un auto acordado y una norma que data de 1,927 y se debe estar a tono con la realidad y ese es un vacío que solo puede llenarlo el Congreso Nacional, destaca el abogado penalista Raúl Suazo.
Enjuiciar a Hernández hará que Honduras deje de ser nombrado un narco estado; además, envía un claro y contundente mensaje de que cualquier ciudadano involucrado en narcotráfico o actos de corrupción, su conducta no pasará desapercibida para la ley allende al río Bravo.
Estos son acuerdos netamente políticos donde se evidencia que los tratos entre poderes de justica se cumplen a cabalidad, apunta el abogado Víctor Fernández.
Oros analistas opinan que el caso de Hernández encarna un fuerte impacto psicológico y un remezón político en el Partido Nacional, entidad que lo catapultó a la primera magistratura del país.
Para Kenneth Madrid, de la Asociación para Una Sociedad Más Justa, ASJ, las circunstancias de la detención del ex jefe de Estado se llevan de encuentro la deteriora credibilidad e imagen internacional del país.
Su detención, confirma que existen indicios suficientes de su responsabilidad penal y deja al descubierto que había convertido la institucionalidad en un narco gobierno; algo que la actual gestión de Xiomara Castro de Zelaya debe revertir, señala el exfiscal Aldo Santos.
Este acontecimiento genera un precedente positivo y manda un mensaje de no más tolerancia, corrupción y al narcotráfico, señala el experto en temas sociales, Nery Gaitán.
Se aprecia un indicativo de que esto es apenas el comienzo de un efecto domino que podría arrastrar a otros miembros del Partido Nacional que colaboraron con esa administración.
Esto abarca a todos los que están mencionados en la lista Engels, que podrían enfrentar el mismo proceso que Hernández Alvarado, sostuvo.
De su parte, el abogado penalista Raúl Paniagua sostiene que no es de extrañar que al concretar parte de este proceso haya más pedidos de extradición en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La justicia norteamericana actúa con diligencia y prontitud contra los hondureños involucrados en crímenes, y no así los órganos impartidores de justicia en el país, concluyó la parlamentaria Fátima Mena.
Una realidad distópica propia de regímenes totalitarios o sociedades en estado avanzado de colapso, como las urgentes necesidades con que la actual administración de Xiomara Castro recibió al país, llevándola a reemprender la ruta del endeudamiento interno para engrasar los ejes de una nueva administración gubernamental.
