A criterio de analistas consultados por Criterio.hn, en el Congreso Nacional operan mafias de poder que están en contra del combate a la corrupción y la impunidad en el país
Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los principales obstáculos que enfrenta la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) es la composición actual del Congreso Nacional, considerado un refugio de personas que se oponen al combate a la corrupción y la impunidad en el país.
Actualmente, el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) negocian un convenio para instalar la CICIH en el país.
El 26 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, indicó a los medios de comunicación que había recibido una respuesta a la propuesta que entregó, en septiembre, la presidenta Xiomara Castro al secretario general de la ONU, António Guterres.
Aunque el contenido de la propuesta y la respuesta se mantienen en secreto, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, ha expresado que las negociaciones se mantienen a un alto nivel.
Dentro del memorando de entendimiento acordado entre el Gobierno y la ONU, se estableció que una misión de expertos, que ya ha realizado tres visitas al país, apoyará y asistirá técnicamente con relación a las reformas legales y constitucionales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y a las figuras de lavado de activos y fideicomisos, así como a las regulaciones a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Sin embargo, una de las principales trabas ha radicado en la inactividad que ha padecido el Congreso Nacional, ante la falta de consensos y la obstrucción de parte de algunos sectores por aprobar o derogar leyes que faciliten el combate a la corrupción.
Aunque durante los primeros meses del año en curso se dieron algunos pasos, como la derogación del decreto 116-2019, que obligaba al Ministerio Público a depender del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como único órgano que determina indicios de responsabilidad penal cometidos por parte de los imputados.
El decreto 116-2019 se derogó el 3 de agosto de 2023, con la negativa del Partido Nacional, que argumentó que requería 86 votos para ser eliminado del estamento legislativo.
También se derogó el decreto 57-2020, que restringía al Ministerio Público el inmediato secuestro de documentos y objetos relacionados en investigaciones o persecuciones del delito, como carga probatoria, y lo obliga a someterse a las decisiones de los jueces, quienes definen qué órganos se encargarán de la custodia de las pruebas, en una evidente obstrucción de los procesos investigativos.
VEA: Implicados en caso «Pandora II» se defenderán en libertad
De igual forma, el 93-2021, que contenía la reforma de varios artículos del Código Penal en lo concerniente al delito de lavado de activos; específicamente, entre otras reformas, desobliga a los entes financieros a develar información ante investigaciones de lavado de activos y extorsión sin la previa autorización de un juez.
AUN HAY OBSTÁCULOS
Sin embargo, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) y miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, Yavhé Sabillón, aseguró que aún existen otros obstáculos que corresponde al Congreso Nacional resolver, y pidió a la ONU que sea más flexible.
“Básicamente, tenemos leyes que dependen del Congreso Nacional, y algunas de ellas son bastante difíciles de derogar porque se necesitan 86 votos. Habría que preguntar si quienes despacharon a la MACCIH, que son algunos diputados del Partido Nacional, nos van a acompañar”, dijo.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) actuó en Honduras entre 2018 y 2021, cuando su convenio no fue renovado luego de que funcionarios del gobierno anteriores y también diputados del Congreso Nacional fueran investigados por ella.
El problema radica en que actualmente hay varios diputados que votaron en contra de la MACCIH y que tendrían en sus manos la aprobación de la CICIH.
A continuación, algunos de estos diputados: Gloria Bonilla, Mario Segural, Johana Bermúdez, Antonio Rivera Callejas, Alberto Chedrani, Yaudet Burbara, Iveth Matute, Erik Alvarado, Melvin Paredes, Roy Cruz, Walter Chávez.
Asimismo, Nelson Márquez, Gladis López, Reinaldo Sánchez, Teresa Cálix, Mario Pérez, Martha Figueroa, Marco Paz, Tomás Zambrano, Marco Antonio Velásquez, Milton Puerto y Eder Mejía.
Además de lo anterior, hay otros asuntos pendientes en los que el Congreso Nacional ha demostrado un letargo, como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, cuyo dictamen lleva un año engavetado.
La Ley de Colaboración Eficaz tendrá como objetivo regular las reglas y procedimientos para la aplicación de beneficios que el Estado establecerá a personas que brinden información y evidencia para la eficacia de la investigación penal.
AMNISTÍA Y PACTO DE IMPUNIDAD
Otro de los problemas en el combate a la corrupción es el decreto 4-2022, que contiene la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, conocida como Ley de amnistía política.
Esta normativa otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al régimen de facto que sucedió al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medio ambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales a la orden de los tres últimos gobiernos nacionalistas.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas anteriormente especificadas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Sin embargo, dicha normativa también incluye un abanico de delitos contra la administración pública, como el abuso de autoridad, la violación de los deberes de los funcionarios, la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas y el fraude en perjuicio de la administración pública.
Uno de los diputados que más defendió públicamente el decreto de amnistía y que participó en su dictamen fue Ramón Barrios, de Libertad y Refundación (Libre), quien años atrás actuó como defensor legal del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.
El 3 de marzo de 2022, Chimirri fue beneficiado por la amnistía. El exgerente de Hondutel, hallado culpable por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y enriquecimiento ilícito, había sido condenado a 17 años de prisión.
Un día después, el 4 de marzo de 2022, a Enrique Flores Lanza también se le otorgó una carta de libertad tras haber cesado cualquier acción penal en su contra, después de que el conocido artífice de El Carretillazo, que constituyó la sustracción de 50 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), fue procesado por delitos de falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
DE INTERÉS: A casi dos años de su aprobación, diputados oficialistas se niegan a revisar Ley de Amnistía
Flores Lanza ahora es asesor presidencial de la presidenta Xiomara Castro, un nombramiento que ha puesto en entredicho el combate contra la corrupción y la impunidad del actual Gobierno.
MAFIAS EN EL PODER
A consideración del analista jurídico y exintegrante de la MACCIH, Alex Navas, es indiscutible que en el Congreso Nacional y en diferentes instancias del Estado operan mafias de corrupción de alto impacto y criminalidad organizada, que definitivamente buscarán entorpecer el arribo de un mecanismo anticorrupción como la CICIH.
“Dentro del Congreso Nacional hay mafias de corrupción de alto impacto y criminalidad organizada. Ya pelear contra este tipo de mafias no se puede negociar, porque ellos no buscan el interés público, buscan protección y blindaje de requerimientos fiscales o procesos judiciales”, manifestó a Criterio.hn.
Sin embargo, pese a que existen estas mafias, mostró su esperanza en que el Congreso Nacional consiga los 65 votos que se requieren para ratificar un eventual convenio entre la ONU y el Ejecutivo para instalar la CICIH en el país.
“Creo que el Legislativo tiene 65 votos para instalar la CICIH, a menos que haya reformas constitucionales, que ahí sí se necesitaría el apoyo del Partido Nacional”, cerró Navas.
