En Honduras el acceso al agua es cada vez más escaso. La privatización y las actividades de la industria hidroeléctrica, minera y agroindustrial ha provocado el deterioro de las fuentes de agua
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. -El agua no solo es una sustancia compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, también es fuente de vida en el planeta. Un recurso limitado, el cual ha sido el detonante de conflictos y crímenes por la defensa de este recurso hídrico.
Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, pero esta celebración se ve empañada por la escasez de este vital líquido y la avaricia de algunos que buscan la manera de privatizarlo.
En un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentado el 22 de marzo de 2022, precisó que el Día Mundial del Agua es una oportunidad única en la vida para unirnos en favor del agua y acelerar juntos los avances en esta esfera.
El mismo escrito dice que los problemas que se encuentran a lo largo del ciclo del agua están socavando el progreso en los principales conflictos planetarios: desde la salud hasta el hambre, desde la igualdad de género a los trabajos, pasando por la educación, la industria, los desastres naturales y la falta de paz.
En 2015, el mundo se comprometió con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de la Agenda 2030: la promesa de que todos tendrían agua y saneamiento gestionados de forma segura para 2030.
Sin embargo, hoy, a tan solo siete años de la meta, nos encontramos muy lejos de conseguirlo, puesto que millones de personas e innumerables escuelas, empresas, centros de salud, granjas y fábricas en todo el mundo se ven restringidas porque aún no se han cumplido sus derechos humanos al agua y al saneamiento.
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PRIVATIZACIÓN DEL AGUA Y EL SANAA
En una nota publicada por Criterio.hn señala que en el año 2000 el Fondo Monetario Internacional, (FMI), prestó recursos a 12 países con la condición de privatizar el agua, entre estas naciones estaba Honduras.
Durante el gobierno del expresidente nacionalista Ricardo Maduro Joest (2002-2006) se dieron los primeros pasos para la privatización y municipalización del agua, esto con la aprobación de una Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, la misma fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de octubre de 2003, habiendo entrado en vigencia veinte (20) días después de su publicación.
Este proceso de privatización ha ido avanzando mientras comunidades enteras, barrios y colonias pobres, en zonas altas y marginales de la capital y la ciudad de San Pedro Sula, se ven limitadas en su acceso al agua.
En el 2018, el gobierno municipal inició el proceso de privatización del agua y la red de saneamiento de la capital, al traspasar el servicio a la empresa de capital ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo (H&H). Esta constructora ha sido denunciada por pago de coimas a funcionarios públicos en Colombia, Panamá, Ecuador y Perú.
El coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Cristopher Castillo, explicó que con la Ley Marco del Sector Agua Potable se hace una transición entre las funciones del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) que es la encargada de garantizar el suministro de agua a los hondureños, a una empresa privada.
En el 2022 ARCAH denunciaba que la ejecución de un modelo privatizador del servicio de agua potable y advirtió una paulatina extinción del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
Según el comunicado emitido el 8 de septiembre del 2022 el proceso de expansión de la privatización ha sido promovido por empresas nacionales y transnacionales que, “financian de manera indirecta la desaparición paulatina del SANAA”.
También asegura que organismos internacionales de financiamiento como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), por medio de préstamos, están financiando la municipalización y la posterior privatización del agua.
En palabras de Castillo, esta ley debe derogarse, porque lo que hace esta normativa es que el Estado renuncie a ser el garante del derecho al acceso al agua potable y saneamiento.
“¿Cómo lo hace? Bueno, porque abre la puerta y casi que garantiza a las empresas privadas hacer no participes de la dotación de agua, sino que sean estas las encargadas de suministrar el recurso hídrico. Jamás una empresa privada puede realizar funciones del Estado, a menos que exista la figura de fideicomiso, pero este no es el caso”, puntualizó.
Castillo expuso que, otro punto es que con esta Ley Marco puede elevar los costos del agua, aunque no hay datos específicos porque la ley dice que esto es criterio de la empresa, lo que quiere decir es que ellos pueden fijar las tarifas que les parezca.
“Privatizar el agua, es privatizar la vida porque nuestro cuerpo está hecho de agua al igual que muchas otras formas de vida en la tierra”, dijo Castillo.
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ESCASEZ DE AGUA
Según datos estadísticos de World Population Review indica que Tegucigalpa tiene alrededor de 2.041.831 millones de habitantes, los cuales en su mayoría se ven afectados por los severos racionamientos de agua.
La capital hondureña solo cuenta con dos embalses que son Los Laureles y La Concepción, y en más de cuatro décadas no se ha construido ninguna otra represa que abastezca los más 1,423 barrios, colonias, caseríos y aldeas que constituyen las dos ciudades gemelas (Tegucigalpa y Comayagüela).
En Tegucigalpa, algunas colonias reciben el suministro de agua dos veces por semana de acuerdo a un calendario publicado por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
Otros barrios, reciben el agua al menos 3 veces por semana. Según el documento publicado señala que la llegada del vital líquido en cada uno de los hogares dependerá del punto de ubicación; los cuales podrán adelantarse un día de acuerdo a la disponibilidad de producción en las plantas de tratamiento.
El agua llega a algunos hogares de Tegucigalpa cada día de por medio; mientras que en otros sectores cada ocho, quince o veinte días, según denuncias de pobladores.
En algunos barrios de la capital hondureña el agua llega solo por la noche y por pocas horas; lo que obliga a las personas a tener que lavar la ropa tarde y atender otras necesidades que demandan del líquido.
Estos horarios dejan entrever el serio problema que existe en Honduras de distribución y cuidado del recurso hídrico.
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Para dar una respuesta a las necesidades de los capitalinos en temas de escasez de agua, el Congreso Nacional aprobó el contrato de diseño y construcción de una represa de agua potable. Sin embargo, la empresa beneficiada fue Hidalgo e Hidalgo Honduras S.A. de C.V.
La sociedad es una subsidiaria de Hidalgo Hidalgo, una transnacional de origen ecuatoriano que, en 2015, fue denunciada en Panamá por el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Economía de ese país para la adjudicación de un proyecto de riego por USD 155 millones.
El contrato a favor de la transnacional que, fue aprobado casi por unanimidad de los congresistas a excepción de los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), asciende a 1,083 millones de lempiras, el equivalente a unos USD 44.2 millones.
No obstante, la transnacional también ha sido denunciada por la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) ante el Ministerio Público de Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su pretensión privatizadora del agua.
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CONFLICTOS, ENCARCELAMIENTO Y MUERTE, POR DEFENSA DEL AGUA
La lucha en contra de las actividades de la industria hidroeléctrica, minera y agroindustrial, que ha provocado el deterioro de las fuentes de agua a causa del desvío de ríos y quebradas y la contaminación.
Los grandes ríos y acuíferos han estado bajo el interés de grandes capitales nacionales y extranjeros, que han movido su poder para obtener los recursos naturales que les pertenecen a los hondureños y que son defendidos por unos pocos.
Por varios años la lucha por la defensa de los recursos naturales, especialmente de los ríos y fuentes de agua, de las comunidades indígenas y garífunas ha sido constante, sin embargo, no han logrado detener el avance de la construcción de hidroeléctricas y explotaciones mineras en áreas habitadas por indígenas y negros o zonas en áreas protegidas, en la mayoría sin consulta previa a las poblaciones, al igual que en las ciudades la edificación de proyectos residenciales, han encontrado la oposición de comunidades organizadas que luchan por la conservación del medio ambiente.
En Honduras, los conflictos por la defensa de las fuentes de agua han dejado como consecuencia la criminalización y el asesinado de ambientalistas, tal es el caso de la líder ambientalista e indígena lenca, Berta Cáceres.
Reconocida a nivel internacional por ser un símbolo de la lucha por la tierra y el ambiente en Honduras, Cáceres fue asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 por sicarios, entre ellos oficiales activos y retirados del ejército de Honduras.
La líder indígena lenca, galardonada en 2015 con el Premio Medioambiental Goldman, fue asesinada por la lucha que libraba contra la construcción de la hidroeléctrica “Agua Zarca”, en tierras ancestrales de la etnia lenca, por parte de la compañía Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
Por el crimen fueron condenadas siete personas, entre ellos un ejecutivo de la empresa, y se enjuicia aún también al presidente del Consejo de Administración, Roberto David Castillo.
La defensa del agua en la región de Tocoa en el departamento de Colón se mantiene por la lucha de pobladores de la comunidad de Guapinol, quienes defienden los ríos y el Parque Nacional Carlos Escaleras, ante la presencia de una explotación minera de óxido de hierro, por lo que siete defensores del agua y el ambiente guardan prisión.
Otros conflictos se han generado también en el departamento de Francisco Morazán, en los municipios de Reitoca y Lepaterique, donde al menos tres pobladores que se oponen a una represa hidroeléctrica han resultado heridos de bala durante desalojos efectuados por las fuerzas de seguridad del Estado y otros han sido judicializados.
