Datos de la Unidad de Política Limpia señalan que el Partido Nacional lidera el cumplimiento con 307 candidatos acreditados, seguido del Partido Liberal con 279. Libertad y Refundación registra 132, mientras que la Democracia Cristiana y el PINU muestran los niveles más bajos
Tegucigalpa, Honduras. – A menos de un mes para las elecciones generales del 30 de noviembre, el cumplimiento de las normas de transparencia electoral sigue siendo una deuda pendiente de los partidos políticos y candidatos. Según el último informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), apenas 806 de los 2,137 candidatos inscritos se han acreditado ante la Unidad de Política Limpia, lo que representa el 40% del total.
El reporte de la UFFT, conocida como Unidad de Política Limpia, señala que, de los cinco partidos políticos en contienda, solo tres han cumplido con el requisito de acreditación: Partido Liberal, Partido Nacional y Democracia Cristiana. En cambio, Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad (PINU) aún no han presentado sus reportes financieros.

A juicio del comisionado de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hernández Hércules, esta situación resulta alarmante considerando que todos los aspirantes a cargos de elección popular están legalmente obligados a reportar el origen y uso de los fondos destinados a sus campañas políticas.
Durante una entrevista brindada a un medio de comunicación el funcionario explicó que el financiamiento puede ser público o privado, pero ambos deben registrarse en los informes de gastos de campaña.
Detalló que el financiamiento público es canalizado a través del Consejo Nacional Electoral hacia los partidos políticos [deuda política] mientras que los candidatos —presidenciales, diputados y alcaldes— dependen del financiamiento privado.
Hernández precisó que los aportes privados pueden recibirse en efectivo o en especie, pero deben ser debidamente registrados en los informes. “Si alguien quiere apoyar a un candidato regalándole camisetas o stickers, todo eso debe declararse con su valor estimado. Por ejemplo, si alguien entrega 3,000 stickers que costaron 6,000 lempiras, ese gasto se suma al techo de campaña”, explicó el funcionario.

Enfatizó que la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos de Honduras, señala que nadie puede superar el límite de gasto de campaña.
Recordó que tanto los ingresos como los egresos deben bancarizarse. Esta obligación está contenida en el artículo 11 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, que exige a cada candidato abrir una cuenta bancaria diferenciada.
“Para facilitar este proceso, la Unidad ha coordinado con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y los 14 bancos autorizados en el país, con el fin de simplificar la apertura de cuentas”, precisó.
Faltando 30 días para los comicios, los partidos Libre y PINU aún no entregan sus reportes financieros. La ley contempla sanciones: multas equivalentes a cinco salarios mínimos para candidatos a alcaldes y diez salarios mínimos para las y los candidatos diputados que incumplan.
Según la Unidad de Política Limpia, el padrón electoral de aspirantes está compuesto por 2,137 candidatos, entre alcaldes, diputados y presidenciales. De ellos, solo 806 han completado su acreditación, lo que revela un bajo nivel de compromiso con la rendición de cuentas.
Consultado sobre si esta falta de cumplimiento varía por región, Hernández indicó que la Unidad analiza los datos por partido y no por departamento. “Nos enfocamos en los partidos políticos para que la ciudadanía sepa quiénes están cumpliendo y quiénes no”, puntualizó.
Según el informe, el Partido Nacional lidera el cumplimiento con 307 candidatos acreditados, seguido del Partido Liberal con 279. Libertad y Refundación registra 132, mientras que la Democracia Cristiana y el PINU muestran los niveles más bajos.
A juicio de analistas políticos este panorama refleja una disparidad en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y la transparencia, donde algunos partidos han institucionalizado el reporte financiero, mientras que otros mantienen opacidad en el manejo de recursos.

En una entrevista brindada a Criterio.hn el abogado y analista, Lester Ramírez, manifestó que los datos de la Unidad de Política Limpia confirman un problema estructural y “el poco respeto que los políticos le tienen a la institucionalidad”.
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Además, considera que la falta de sanciones efectivas y la debilidad operativa de la Unidad fomentan la impunidad. “Los candidatos saben que pueden omitir la acreditación sin consecuencias reales, porque la Unidad no tiene capacidad coercitiva”, añadió.
La cuenta regresiva para las elecciones generales se acorta cada vez más, y el reto para la Unidad de Política Limpia será fiscalizar y garantizar que los reportes de gasto lleguen a tiempo y que las sanciones sean aplicadas.
Mientras tanto, los ciudadanos enfrentarán las urnas sin conocer plenamente de dónde proviene el dinero que financia las campañas de las y los candidatos a cargos de elección popular, un vacío que erosiona la confianza en la transparencia y la integridad del proceso democrático.





