Tegucigalpa.- En el informe titulado «Empujados al Peligro: Devoluciones Forzadas de Niños y Niñas Migrantes No Acompañados Efectuadas por Estados Unidos y México», Amnistía Internacional señala que las autoridades de ambos países han violado su obligación de proteger los derechos humanos de los niños y niñas solicitantes de asilo.
El reporte establece que tanto Estados Unidos como México violan los derechos de los menores migrantes -no acompañados- en primer lugar, al negarles acceso a procedimientos de asilo y expulsarlos ilegalmente en la frontera. En segunda instancia, al devolverlos de manera sumaria a sus países de origen, sin haber evaluado de manera adecuada los posibles daños a los que los exponían; con casos donde es probable que los menores fueron devueltos a situaciones de maltrato.
Este accionar por parte de Estados Unidos, inició con la administración del republicano Donald Trump y ha continuado en gran medida con el demócrata Joe Biden. Esta última administración ha tomado en los últimos meses «medidas positivas para proteger mejor a los niños y niñas migrantes no acompañados; sin embargo, estas no son suficientes para garantizar que no sean devueltos al peligro, y las violaciones descritas continúan produciéndose a diario», resalta el informe.
Amnistía Internacional señala en el informe de 50 páginas, que Estados Unidos expulsó entre noviembre de 2020 a abril de 2021 a 10,270 menores mexicanos, la cifra representa el 95 por ciento de los arribos. Mientras que en 2019, México retornó a 12.000 niños y niñas, que representan el 90% de los menores migrantes no acompañados de ese año; y en 2020, pese al descenso de las migraciones por la pandemia de COVID-19 continuaron devolviendo a Centroamérica a más de 3.300 niñas y niños migrantes no acompañados, es decir, a más del 70% de los que detuvieron.
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De acuerdo a datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos:
una de cada tres personas migrantes y solicitantes de asilo de México y Centroamérica es menor de edad, y de éstas, la mitad llega sin compañía de familiares ni de otras personas adultas. En más del 80% de los casos, estos niños y niñas esperan reunirse con familiares que residen ya en el país.
Amnistía Internacional señala que ambos países cuentan con capacidad y recursos para detener sus abusos, mejorar las salvaguardias de derechos humanos en sus políticas y prácticas y dejar de devolver a los menores migrantes a situaciones de peligro.
Asimismo, indican como insuficientes las iniciativas donde las autoridades de fronteras e inmigración de algunas localidades en México y Estados Unidos han colaborado con distintos socios internacionales, según el caso, para facilitar la reunificación de niños y niñas centroamericanos y mexicanos no acompañados con sus familiares residentes en Estados Unidos.
«Negar a menores migrantes no acompañados sus derechos a solicitar asilo y a la unidad familiar es inadmisible, ya procedan éstos de Centroamérica o de México. La violación sistemática de esos derechos por Estados Unidos y México debe cesar de inmediato», remarca Amnistía Internacional.
Testimonios de dos menores hondureños
Entre los testimonios recopilados e incluidos en el documento, Amnistía Internacional destaca el de una hondureña de 15 años y un hondureño de 16 años cuyas declaraciones fueron recolectadas en diferentes años y reproducimos textualmente a continuación:
En abril de 2019, una muchacha hondureña de 15 años explicó a Amnistía Internacional que —para evitar ser detectada por las autoridades mexicanas— durante dos semanas había dormido en las calles de Ciudad Juárez, hasta que pudo cruzar sin peligro el río hasta El Paso para intentar reunirse con su hermano en Estados Unidos.
Huía de las amenazas de muerte de una pandilla que ya había matado a su prima, pero sabía que, como menor de edad, no podía solicitar asilo en la aduana oficial (“puerto de entrada”), y que, de ser interceptada, lo más probable sería que la devolvieran a los mismos peligros de los que acababa de escapar: “No sabía por dónde empezar, y en el puente había muchas autoridades federales mexicanas, que amenazaban con devolverme a Honduras. […] Llegué mojada, atravesando el río por debajo del puente.» –María*.
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En marzo de 2020, un muchacho hondureño de 16 años relató a Amnistía Internacional cómo había huido también de las amenazas de muerte de una pandilla, tras haberse negado a vender drogas para ella. A su llegada a Tijuana, intentó solicitar asilo en el puerto
de entrada para reunirse con su hermano mayor en California. Las autoridades estadounidenses de fronteras lo rechazaron de inmediato.
“Dijeron que no me iban a conceder asilo de ninguna manera. Fue muy rápido. […] Un agente de policía, de seguridad privada, me dijo que o me iba o llamaba al INM para que me deportara. […] Estuve aquí una semana, y luego, cuando salté la valla, me atraparon. […] Sí, pedí asilo, pero no me incorporaron a ningún proceso; se limitaron a entregarme a los de Inmigración de México. Sí, les conté a los funcionarios mexicanos lo que había pasado, pero no me llevaron a la oficina de inmigración, sino al refugio. […] Los estadounidenses no me dijeron nada. Como mi certificado de nacimiento no tiene foto,
no se creían que fuera menor de edad. […] Me daba mucho miedo que me devolvieran a Honduras.” – Eduardo*
