Ofraneh señala un patrón de exclusión y despojo en la creación de áreas protegidas, donde las comunidades afectadas no son consultadas y enfrentan persecución judicial
Tegucigalpa, Honduras. – La creación de reservas nacionales para conservación ambiental, manejadas por fundaciones en territorios indígenas, es una práctica cuestionada a causa de la imposición de planes de manejo que afectan negativamente los derechos y medios de vida de las comunidades.
La población garífuna ha denunciado de forma constante está práctica, señalando violaciones al derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la alimentación y a la autodeterminación, entre otros.
Al menos dos de los tres casos presentados por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) – en representación de comunidades garífunas– evidencian el traslape entre territorios ancestrales y reservas naturales. Estos son el Parque Nacional Punta Izopo (Caso Triunfo de la Cruz) y Parque Nacional Janeth Kawas (Caso San Juan). En ambos, la Corte IDH determinó que las comunidades garífunas no fueron consultadas con respecto a la creación de las reservas naturales.
EXCLUSIÓN DISFRAZADA DE ECOTURISMO EN CAYOS COCHINOS
Otro caso emblemático, es la designación del archipiélago de Cayos Cochinos como santuario marino en 1994, bajo la administración de la fundación homónima. Esta acción ha resultado en la persecución de pescadores artesanales garífunas residentes en los cayos de Timón, Bolaños, Chachahuate y East End.
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Caleb Navarro, abogado de la Ofraneh, señala que, aunque el propósito público es la protección ambiental, la intención real es expulsar a las comunidades que dependen de estos territorios. Mientras se lucra con actividades como la filmación de telerrealidad y el ecoturismo, se restringe la pesca de subsistencia y se criminaliza a quienes habitan los cayos.
El abogado también cuestiona el papel del Estado que a través de las Fuerzas Armadas realiza patrullajes, decomisa pesca y confisca cayucos –medios esenciales de transporte local–, incluso impidiendo que las personas se refugien en zonas restringidas durante tormentas.
Un documento publicado en 2015 por Sebastián Kuch (UNAM), titulado ¿Quiénes se benefician del turismo en Cayos Cochinos, Honduras?, sostiene que el desarrollo turístico impulsado por la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de los Cayos Cochinos “privilegia los intereses privados y discrimina a las comunidades”. Citando a Armando Crisanto Meléndez, destaca que el mar para la cultura garífuna no solo es fuente de alimento, sino eje de su economía y cosmovisión.
ÁREAS PROTEGIDAS INCONSULTAS
La situación no afecta a los pueblos garífunas. En junio junio de 2024, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) anunció la pretensión de declarar área protegida el refugio de vida silvestre La Danta. Una tercera publicación en septiembre del mismo año reiteró la propuesta.
Aunque el ICF promueve la iniciativa como una medida para conservar la biodiversiad y beneficiar a las comunidades, la tribu rechazó la declaratoria por considerar que violenta su autonomía territorial y no fue precedida de una consulta previa libre e informada.
Navarro explicó a Criterio.hn que algunas reuniones intentaron ser presentadas como procesos de consulta, sin cumplir con los estándares. Añadió que la fundación propuesta para manejar el refugio sería la Fundación Pantera.
En paralelo al rechazo de la tribu tolupana, la presidenta del consejo Fátima Martínez, fue acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesta explotación ilegal de los recursos naturales.
El abogado de la Ofraneh calificó esta acción como “una cortina de humo”, para desviar la atención del rechazo comunitario y debilitar la oposición a la declaratorio.
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