Hasta la fecha, el gobierno no ha divulgado ningún informe público sobre la ejecución de contrataciones amparadas en el decreto PCM 04-2022 ni en su ampliación
Criterio.hn realizó una búsqueda en el Portal de Transparencia específicamente en los apartados de Gastos (pasajes y viáticos), Contrataciones, y en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, sin embargo, en estos ítems no se dan detalle de la ejecución de fondos
Tegucigalpa, Honduras. La presidenta Xiomara Castro ordenó la ampliación del decreto ejecutivo que autoriza la contratación directa de suministros, transporte y servicios diversos por parte de la Guardia de Honor Presidencial, una medida que, desde su aprobación inicial en 2022, ha sido cuestionada por abrir la puerta a la opacidad en el uso de fondos públicos.
El decreto ejecutivo 05-2022 faculta a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), mediante la Guardia de Honor Presidencial, a efectuar contrataciones directas por “razones de seguridad nacional y alto interés del Estado”. Esta autorización abarca desde transporte terrestre y aéreo, hasta alimentación, mantenimiento de instalaciones, vigilancia, tecnología de inteligencia, estudios y seguros, entre otros.
La ampliación del decreto, publicada en el diario oficial La Gaceta en marzo de 2025, mantiene el mismo esquema de funcionamiento desde su creación en febrero de 2022, cuando fue aprobado mediante el decreto 04-2022. Este instrumento legal ha sido clave para blindar las operaciones logísticas de Casa Presidencial.
En el decreto ejecutivo se justifica la medida alegando motivos de seguridad nacional, por tratarse de mantenimiento de las instalaciones y servicios de alimentación que consume la titular del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el mismo no detalla cuáles son los criterios específicos para considerar estas contrataciones como sensibles ni explica por qué deben ser eximidas del escrutinio público, como lo exigen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Contratación del Estado.
Criterio.hn realizó una búsqueda en el Portal de Transparencia específicamente en los apartados de Gastos (pasajes y viáticos), Contrataciones, y en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, sin embargo, no se da detalle de la ejecución de fondos.
Por ejemplo: en la ejecución de Gastos no se dan detalles sobre pagos por compra de pasajes aéreos, viáticos, alquileres y servicios básicos, alimentos, entre otros.
Mientras que en el apartado Plan Anual de Compras y Contrataciones se mencionan futuras adquisiciones, pero con montos estimados y no los costos reales de cada proceso de contratación directa.
Pese a la opacidad que impera en Casa Presidencial, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le ha otorgado calificaciones de 100% en rendición de cuentas a ese poder del Estado.
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CASA PRESIDENCIAL SE AMPARA EN DECRETO EJECUTIVO PARA NO BRINDAR INFORMACIÓN
Casa Presidencial se ha negado reiteradamente a brindar información relacionada con los viajes y viáticos de la presidenta Xiomara Castro y su comitiva oficial, pese a múltiples solicitudes hechas por Criterio.hn desde 2022. Aunque el decreto ejecutivo en el que se basa esta negativa no menciona explícitamente la reserva de información, el Poder Ejecutivo ha utilizado su contenido como justificación para el secretismo.
Entre 2022 y 2023, Criterio.hn solicitó a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública los gastos erogados en viajes internacionales de la mandataria, específicamente aquellos relacionados con tomas de posesión en el extranjero y eventos diplomáticos como la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realizó en marzo de 2024 en San Vicente y Las Granadinas.
Sin embargo, Casa Presidencial se negó a entregar los datos solicitados. Ante esta negativa, el medio interpuso un recurso de revisión que hasta la fecha no ha sido resuelto ni por el pleno anterior ni por el actual del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El actual pleno del IAIP incluye a Lucy Hernández, quien anteriormente fungió como oficial de Transparencia en Casa Presidencial, lo que ha generado cuestionamientos sobre su independencia. La falta de resolución sobre el recurso de revisión refuerza las dudas sobre el compromiso del ente con la rendición de cuentas.
En agosto de 2024, este medio digital volvió a requerir información sobre los gastos relacionados con los viajes oficiales de Castro, durante sus casi tres años de gobierno. En respuesta, Casa Presidencial solicitó una prórroga de 10 días hábiles para entregar la información, amparándose nuevamente en la Ley de Transparencia.
La prórroga venció el 12 de septiembre de 2024 sin que la Oficina de Transparencia del Poder Ejecutivo remitiera la documentación solicitada. Esta omisión se suma a un patrón de opacidad que contradice los principios de gobierno abierto y el derecho ciudadano a la información pública.
En ese mismo mes, Criterio.hn publicó una investigación que reveló el uso de jets privados por parte de la presidenta en varios de sus desplazamientos internacionales, sin rendir cuentas sobre los gastos o la modalidad en que se contrató a la empresa mexicana Aero JL S.A. de C.V., para proporcionar el servicio a la mandataria hondureña. Este hallazgo generó críticas sobre el gasto público y el uso de recursos del Estado sin supervisión ciudadana.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el analista explicó que el primer paso en la lucha contra la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas, y que sin esas herramientas es imposible que no se generen suspicacias sobre la erogación de fondos públicos.
No obstante, señaló que algunos temas si son considerados seguridad nacional, se debe ser especifico cuáles son esas compras que si son amparadas por el articulo 17 de la Ley de Transparencia.
Añadió que “porque hay otras compras directas que puede realizar Casa Presidencial o la Guardia de Honor Presidencial, que no tienen asidero legal ni lógico para que estén declaradas como secretas, y ese es el problema cuando estas decisiones se toman de manera de general”.
La Ley de Contratación del Estado contempla excepciones que permiten ciertas adquisiciones sin licitación, pero expertos señalan que esto no debería extenderse a la ocultación de información sobre gastos públicos, especialmente aquellos relacionados con viáticos, hospedajes y transporte de funcionarios.
La insistencia de Casa Presidencial en mantener en reserva estos datos representa un retroceso en materia de transparencia y limita el escrutinio público sobre el uso de fondos estatales.
