A cuatro años de la desaparición de Angie Peña en Roatán, su familia sigue sin respuestas sobre su paradero, mientras el Estado hondureño desatiende una resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que ordena una búsqueda inmediata, integral y una investigación exhaustiva para judicializar a los responsables
Tegucigalpa, Honduras. – Angie Peña salió a vacacionar a la isla de Roatán el 1 de enero de 2022 y nunca regresó. Cuatro años después, su familia sigue sin saber dónde está, mientras el Estado hondureño acumula omisiones y desatención a una resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que le ordenó implementar una estrategia integral e inmediata para su búsqueda y para investigar de forma exhaustiva y sin impunidad su desaparición.
La respuesta del Estado hondureño ante la desaparición de Angie Peña sigue atrapada en la burocracia y la impunidad, según el movimiento de mujeres por la paz Visitación Padilla. Cristina Alvarado, coordinadora nacional, señala que, pese a la intervención de instancias internacionales, la familia continúa sin verdad ni justicia.
Alvarado recuerda que, ante la desaparición de Angie Peña, se impulsó una alerta internacional y que el Comité de la ONU sobre trata y desaparición forzada pidió informes al gobierno de Xiomara Castro. Explica que, aunque el Estado envió alguna información, la respuesta que demandaba la familia “se quedó enredada en la burocracia institucional”, sin seguimiento efectivo ni avances sustantivos. Alvarado subraya que siguen esperando respuestas, información y evidencias que permitan saber realmente qué sucedió con Angie, y advierte que, como este, hay “un sinnúmero de casos” que permanecen en total impunidad.
La joven hondureña fue vista por última vez cuando salió en una moto acuática en las playas de Roatán, en el Caribe hondureño, y desde entonces su rastro se perdió por completo. El caso, inicialmente manejado como posible secuestro y vinculado a redes de trata de personas, se ha convertido en un símbolo de la crisis de desapariciones en Honduras y de la incapacidad estatal para garantizar verdad y justicia a las familias.
De interés: Angie Peña: Un símbolo de las desapariciones en Honduras a tres años de su misteriosa desaparición
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE LA ONU
En 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas emitió una resolución en la que requirió al Estado hondureño la adopción urgente de todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Angie Peña.
El organismo demandó la puesta en marcha de una estrategia integral que incluya un plan de acción, un cronograma concreto para su búsqueda inmediata y una investigación exhaustiva, imparcial y orientada a identificar, judicializar y sancionar a todas las personas responsables de su desaparición.
Para el abogado Javier Acevedo, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) señala que “ha habido ciertos avances”, pero subraya que “todavía no hay resultados concretos para determinar la situación de Angie”, lo que mantiene al caso en un limbo. Según explica, existe investigación en curso, pero no con la celeridad que exigen y necesitan las familias de las personas desaparecidas.
El abogado Javier Acevedo señala que, aunque se conformó un equipo fiscal por la desaparición de Angie Peña, aún no existen resultados concretos que respondan a la familia dónde está y qué le ocurrió.
Tras la resolución, Acevedo detalla que se organizaron reuniones con el fiscal general y se conformó un equipo de seguimiento del caso con al menos tres fiscales involucrados. También se sostuvieron encuentros con la Secretaría de Gobernación, Justicia y con Cancillería, y se abrieron nuevas líneas de investigación complementarias. Sin embargo, insiste en que, pese a estos movimientos institucionales, “lo que no tenemos son resultados concretos”, por lo que la obligación internacional de búsqueda eficaz sigue pendiente.
DESAPARICIONES COTIDIANAS Y SIN REGISTRO EN HONDURAS
Sobre la situación general, Alvarado afirma que las desapariciones en Honduras son un fenómeno recurrente y cotidiano, pero que no existen estadísticas confiables ni una institucionalidad que lleve un seguimiento serio de estos hechos.
Señala que muchas desapariciones se minimizan desde el inicio con explicaciones estigmatizantes —como que la persona se fue “por rebeldía” o “se fugó con el novio”—, lo que impide una investigación profunda y con enfoque de derechos humanos.
En este contexto, destaca la importancia de la aprobación de la Ley Alerta Morada, presentada en el actual período de gobierno que culmina en enero de 2026, como una herramienta clave para reaccionar con rapidez ante desapariciones, especialmente de mujeres y niñas.
La ausencia de una estrategia de búsqueda efectiva y de una investigación diligente no solo profundiza el dolor de su familia, sino que reafirma el patrón de impunidad que rodea las desapariciones de mujeres en Honduras, donde la respuesta institucional suele llegar tarde, fragmentada y sin perspectiva de derechos humanos.
En un país donde organizaciones de mujeres y de derechos humanos han documentado múltiples desapariciones y un patrón de impunidad, el caso de Angie vuelve a colocar bajo escrutinio el tratamiento que el Estado hondureño da a las desapariciones.
