Este lunes 3 de junio, empleados del Instituto de la Propiedad (IP), portando objetos violentos, se apostaron en el Centro Cívico Gubernamental en protesta a la intervención nombrada por la presidenta Xiomara Castro e impidieron el normal funcionamiento en varias instituciones del Estado
La pugna entre los precandidatos presidenciales del Partido Libre comienza a trascender los límites democráticos
Según analistas consultados por Criterio.hn, la intervención al IP solo alentará la confrontación entre bandos
Tegucigalpa, Honduras.- La conflictividad interna dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre) está provocando grietas en el propio funcionamiento del Estado. Las pugnas, que parecen tener objetivos político-electorales, han llevado a que el Gobierno pierda el control sobre los activistas de su partido.
El pasado 30 de mayo, la presidenta Xiomara Castro anunció una intervención en el Instituto de la Propiedad (IP) y, apenas el domingo 2 de junio, el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, quien además es miembro del Consejo Directivo del IP, juramentó a Esdras Gutiérrez, Jennifer Flores y Lenín Fúnez como miembros de la Junta Interventora del IP.
Entre los motivos que expuso la presidenta hondureña para intervenir el IP figuran erogaciones de más de L18,000 millones sin registros fiables y violando la ley, desviando fondos destinados al fideicomiso de transformación digital hacia construcciones de viviendas y otros gastos.
Tras la liquidación de los fideicomisos, según expuso Castro, se gastaron ilegalmente más de L1,000 millones, cuyo destino está bajo investigación.
Después de anunciarse la intervención del IP, el presidente del Consejo Directivo, José Carlos Cardona, señaló directamente al diputado del Partido Libre y precandidato presidencial, Jorge Cálix, de aparentemente estar detrás de la erogación irregular de dinero.
“A Jorge Cálix se le dieron esas instituciones con el fin de que apoyara a la presidenta Xiomara Castro en el Congreso Nacional. Entonces, ahora, venir a decir que no tocó dinero ni un cheque, es una manera poco responsable de apoyar a sus compañeros que están ahí y asumieron la responsabilidad de dirigir administrativamente esa institución”, señaló Cardona a través de un medio televisivo.
Tras resignarse a ocupar la presidencia del Congreso Nacional el 8 de febrero de 2022, mediante acuerdos políticos, a Cálix se le permitió poseer influencia sobre algunas instituciones del Poder Ejecutivo, entre ellas el IP y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.
Específicamente en el IP, según José Carlos Cardona, a Cálix se le otorgó discrecionalidad para nombrar personas afines a él en cargos intermedios como la secretaría ejecutiva, actualmente ocupada por Lucy Salgado, y en algunas de las direcciones generales de la institución.
Por otro lado, el propio diputado Jorge Cálix ha atribuido la intervención del IP a una “persecución política” y a un “problema personal contra él” por parte del fiscal general Johel Zelaya y su contrincante dentro del Partido Libre, Rixi Moncada.
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“Cuando quiera, búsqueme y presénteme los requerimientos fiscales que quiera, pero no se meta con gente inocente en esto que es una treta política. El problema es conmigo”, manifestó Cálix la semana pasada a través de un vídeo difundido en sus redes sociales.
CONFRONTACIÓN, EL RESULTADO
Este lunes 3 de junio, empleados del Instituto de la Propiedad (IP) se apostaron en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG) en apoyo al precandidato presidencial Jorge Cálix y solicitaron que no se efectúen despidos a lo interno del IP, y pidiendo además una reunión con la presidenta Xiomara Castro.
A consideración de analistas consultados por Criterio.hn, la confrontación entre ambos bandos, tanto el que representa Jorge Cálix como el que representa Rixi Moncada, deriva justamente del nombramiento de una Junta Interventora por parte de la presidenta Xiomara Castro, y la falta de confianza hacia los entes contralores y de persecución del delito.
Aunque el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestró documentos del IP la semana pasada, la presencia de una Junta Interventora politiza la situación, a consideración del analista político Lester Ramírez.
“Si se trata de un escándalo flagrante de corrupción, debería ser exclusivamente el Ministerio Público el que esté a cargo de las diligencias investigativas. Así no tendríamos este problema, porque una intervención nombrada por la presidenta alienta que se formen estos bandos y gente tomándose edificios públicos”, declaró Ramírez aCriterio.hn.
Por su lado, el también analista político Luis León manifestó que el origen del problema radica en la asignación de cuotas de poder que el Partido Libre dio al diputado Jorge Cálix dentro de instituciones del Poder Ejecutivo.
“Esas distribuciones políticas entre los partidos y dentro de los partidos cada vez demuestran ser conflictivas y dañinas. Se distribuyeron instituciones del Estado dentro de Libertad y Refundación cuando no debió un diputado tener una institución del Ejecutivo, pero así lo hicieron mediante sus acuerdos políticos”, manifestó León en conversación con este medio digital.
¿LOS DELEGADOS POR LA PRESIDENTA DESCONOCÍAN LA CORRUPCIÓN EN EL IP?
A lo interno del IP, figuran dentro del Consejo Directivo, José Carlos Cardona como presidente, Tomás Vaquero, quien juramentó a la Junta Interventora, como consejero y José Francisco Fúnez con el mismo cargo.
Mientras que la secretaria ejecutiva es Lucy Salgado, persona supuestamente afín a Jorge Cálix, y en la inspectoría general figura Claudia Moncada, hermana de Rixi Moncada, también precandidata presidencial por el Partido Libre y con quien Jorge Cálix se encuentra enfrascado en una contienda que parece trascender las normas democráticas.
Ramírez y León coincidieron en que las personas delegadas por la presidenta Xiomara Castro dentro del Consejo Directivo del IP, en este caso Cardona, Vaquero y Fúnez, no pueden alegar desconocimiento del desvío de fondos.
“Si las personas que tiene la presidenta Castro ahí en el IP no se daban cuenta de lo que estaba pasando, debemos señalar al Estado hondureño por ser incapaz de tener controles contra la corrupción”, señaló Luis León.
Por su parte, Lester Ramírez aseguró que, ahora que se nombró la Junta Interventora del IP, esta también puede requerir no solo a los funcionarios de rango intermedio que están siendo objeto de investigación, sino también a los representantes del Consejo Directivo.
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“El Consejo Directivo del IP también debería estar siendo procesado, porque no pueden alegar ignorancia. El diseño de que el IP tenga un Consejo Directivo no solo es para tomar decisiones, sino también para que el secretario ejecutivo, quien está por debajo, también rinda cuentas, si fuese un acto de corrupción lo que se tiene en frente”, consideró Ramírez.
Sin embargo, a través de entrevistas con medios de comunicación, el presidente del Consejo Directivo del IP ha preferido eludir responsabilidad y trasladarla a las personas que fueron elegidas, según admitió, por Jorge Cálix para ocupar cargos clave dentro del IP.
“Lo que se debe clarificar a las autoridades de mandos medios del IP, en este caso, la secretaria ejecutiva y los directores, es si se hicieron pagos o contratos a empresas, contraviniendo la instrucción dada por el Consejo Directivo de liquidar ese fideicomiso”, dijo Cardona.
Este presunto escándalo de corrupción a lo interno del IP, que, según el propio Cardona, apunta a Jorge Cálix, debilita a este último de cara a las elecciones primarias del Partido Libre, a las que Cálix y Rixi Moncada, la candidata ungida por el oficialismo, se presentan como los favoritos.
La lucha interna inició desde que ambos lanzaron extraoficialmente sus candidaturas, en abril pasado, y en la que Moncada señaló a Cálix de ser “traidores”, junto a los diputados que le respaldan. Las elecciones primarias del Partido Libre se efectuarán el 9 de marzo de 2025.
