Distintos sectores coinciden en que Fonac debe desaparecer

Distintos sectores urgen de un nuevo esquema de participación ciudadana, que sustituya al Fonac, relanzado por Juan Orlando Hernández a finales de 2019

Tegucigalpa-. Luego que se diera a conocer el anteproyecto de la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, distintos sectores han coincidido en la necesidad de eliminar el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y crear un nuevo esquema de participación de la sociedad civil.

El Fonac surgió el 26 de diciembre de 1994, bajo decreto legislativo 155-94, como una instancia de diálogo, análisis y discusión de los problemas de realidad nacional, y que, a través de ello, se diera paso a consensos referentes a estos asuntos.

Sin embargo, en los últimos años, esta instancia se convirtió en una trinchera que legitimó actos corruptos de, sobre todo, la reciente administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022).

El Fonac, cuya titularidad ocupa Omar Rivera, tenía representación en el Consejo Directivo de Invest-H y en el Comité General del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional. Actualmente, la ostenta en el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación (CNE-H) y en la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Después de su paso por el Grupo de Sociedad Civil (GSC) y la Asociación para una Sociedad Mas Justa (ASJ), el 27 de enero de 2020, a proposición de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y con voto unánime de una asamblea conformada por 22 organizaciones, Rivera fue ungido como secretario ejecutivo del Fonac, desde donde defendió como perro a su amo la gestión del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ahora extraditado a Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y armas.

A pesar de que el Fonac había quedado suspendido, el 26 de diciembre de 2019 el gobierno de Hernández lo había reactivado, quedando la asamblea general integrada por nuevas organizaciones, incluyéndose en esa ocasión a la Iglesia católica y a la Iglesia evangélica. Sin embargo, esta instancia fue altamente cuestionada por la raquítica acción de veeduría desempeñada durante la pandemia del covid-19, pésimamente administrada por el gobierno del período 2018-2022.

Rivera, un cuestionado representante de sociedad civil, específicamente jugó un papel lamentable durante la fraudulenta adquisición, por parte de la recién liquidada Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), de siete hospitales móviles que habrían servido para atender la emergencia provocada por el nuevo coronavirus, que dejó más de siete mil muertos en Honduras ante un deplorable sistema sanitario.

Rivera, también exmiembro de la fallida Comisión de Depuración Policial entre 2016 y 2018, aseguró de forma temeraria que las siete unidades eran de «alta tecnología», a pesar de que varios médicos e ingenieros advertían al mismo tiempo que se trataba de una estafa.

Finalmente, el Ministerio Público, después de comprobar que los hospitales no cumplían con los requisitos mínimos para lo que fueron adquiridos, logró detención judicial contra el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, y el exadministrador, Alex Moraes, acusados por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Contra Bográn, hallado culpable por fraude agravado continuado por un Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, se otorgó una condena a diez años y once meses de prisión, más una multa de L 1,400 millones y la inhabilitación por más de 20 años en cargos públicos. A Moraes, puesto en libertad, se le impuso una inhabilitación de nueve años por agravo continuo de violación de los deberes de los funcionarios.

EJECUTIVO BUSCA ELIMINAR EL FONAC

El 21 de septiembre de 2022, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional el anteproyecto de la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, que de ser aprobado por las diputadas y los diputados daría paso a la eliminación del Fonac, que sería sustituido por la Mesa de Participación Ciudadana.

Esta nueva instancia, que a sugerencia de distintos sectores deberá ser previamente consensuada, contaría con la presencia de representantes del Gobierno, las organizaciones sociales, gremiales y populares, así como el sector segundo artículo del borrador.

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En los últimos días, el propio Omar Rivera, directivos del CNA y diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) han asegurado sagazmente que, en el fondo, esta normativa daría paso a la eliminación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuya Asamblea General, junto a otras 11 organizaciones, está integrada por el Fonac.

La propia directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, aseguró en las últimas horas, sin especificar en objeción a qué, que en Honduras se podría estar a las puertas de «una dictadura».

«Uno de los objetivos de toda dictadura es desmantelar las organizaciones que constituyen la voz de la sociedad civil que busca desaparecer, como pensamiento crítico de sus actos. CNA y su lucha transformadora no será parte de la domesticación política», tuiteó.

A pesar de lo anterior, el vicepresidente del Congreso Nacional y diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, ha dejado claro que en ningún momento se ha pretendido eliminar o reformar la estructura del CNA, como se ha especulado en días recientes por partes de medios corporativos y cuestionados sectores.

«En el anteproyecto se considera que el Fonac ya ha cumplido su papel histórico y que es necesario implementar otro esquema de participación ciudadana. Además, tomando en cuenta que el Fonac no ha presentado ninguna iniciativa en materia de convergencia en los últimos meses, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha considerado que debe ser reemplazado», dijo Pino.

Asimismo, subrayó que este proyecto lo único que señala es que el representante del Fonac ante la Asamblea General del CNA será elegido en la Mesa de Participación Ciudadana.

«Quiero señalar esto porque en este juego han caído, incluso, algunos funcionarios del CNA», añadió el vicepresidente del Congreso.

Efectivamente, el artículo sexto del anteproyecto señala textualmente: «La presidenta de la República instruirá al secretario de Estado en Planificación Estratégica, como coordinador de la Mesa de Participación Ciudadana, un representante propietario y un suplente, que integrarán la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en sustitución de los representantes del Foro Nacional de Convergencia (Fonac).

FONAC Y SU LAMENTABLE DESEMPEÑO

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, declaró en las últimas horas que, aunque el Fonac nació como un espacio de convergencia y veeduría social de las autoridades gubernamentales, «esa esencia se perdió».

«Qué hizo el Fonac cuando se destruyó la institucionalidad democrática, qué hizo cuando se reprimió y criminalizó a quienes se oponían a la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. ¿Qué hizo el Fonac? No hizo nada, más bien se alineó y colaboró con esa estructura montada por la narcodictadura», apuntó Pastor de María.

Añadió que, en lugar de ser un órgano beligerante, bajo el mando de Omar Rivera, el Fonac se caracterizó por ser una estructura que no le dio contrapesos al poder ejercido por Juan Orlando Hernández y que, más bien, lo defendió cuando la justicia estadounidense lo señaló por vínculos con el narcotráfico.

«Es necesario cuestionarse si el Fonac es un espacio que representa a los distintos sectores de la sociedad o si, por el contrario, es un círculo muy cerrado y elitista que dice ser la voz del pueblo. También hay que ver si el Fonac ha fungido para lo que fue creado. ¿Realmente se ha opuesto a las arbitrariedades del poder? ¿Realmente ha cuestionado los actos de corrupción del poder?», prosiguió.

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, dijo que «la propuesta de la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, es uno de los esfuerzos por desmontar la herencia del régimen autoritario (de Juan Orlando Hernández). Su lectura no sugiere riesgo para el CNA. En todo caso, un régimen para ser democrático debe tolerar el disenso y la crítica al poder».

En tanto, el doctor en derechos humanos y analista, Joaquín Mejía Rivera, explicó a Criterio.hn que es necesario vigilar el papel que desarrollaría la Mesa de Participación Ciudadana, con miras a evitar que, al igual que el Fonac, sirva como una trinchera de legitimación de actos corruptos por parte de los gobiernos de turno.

«Obviamente hay que evitar que la clase política termine cooptando a la Mesa de Participación Ciudadana, pero hay que recordar que en su organización figuran cinco actores de sectores sociales, no solo el Gobierno. Hay que buscar que en este espacio se pueda dialogar de manera transparente y horizontal», mencionó.