Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. –Por temor a que sean salpicados en el futuro con las estructuras criminales. Así catalogó Julissa Villanueva, la subsecretaria de Seguridad, a las renuncias en las últimas horas de algunos directores de los centros penitenciarios a pocas horas que se conozcan las medidas del plan Solución contra el Crimen Organizado (SCC) para contrarrestar el emporio de las maras en las prisiones de Honduras.
“Quien quiera renunciar en este momento que lo haga, para mí es mejor. Es mejor que (los directores) estén renunciando desde ahora; eso es temor (a que en el futuro) salgan salpicados”, expresó en un medio televisivo la funcionaria nombrada por la presidenta Xiomara Castro, el 11 de abril, como la principal interventora en las prisiones de la nación.
Pese a que su declaración hace alusión a las renuncias de directores de los presidios, no detalló quiénes ni de cuántos se trataba. Criterio.hn contactó a Villanueva para conocer detalles, pero se limitó a responder con un “aún no sé” a las interrogantes planteadas.
Por orden de la mandataria hondureña, Villanueva, quien fungió como directora de Medicina Forense del Ministerio Público entre 2013 y 2018, explicará este martes 18 de abril en qué consiste el plan SCC que tiene como principal objetivo “desmontar las estructuras criminales que operan en los centros penitenciarios”.
Otra acción que acompañará al plan SCC es la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, misma que albergará unos 1,500 privados de libertad y estarán ubicadas en distintos puntos del territorio nacional, así como un estado de excepción que entró en vigencia el 6 de diciembre de 2022 y que estará hasta el próximo 21 de mayo.
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DESAPARECER LA CORRUPCIÓN EN LOS CENTROS PENALES: PRIMER OBJETIVO
La funcionaria, quién es médica forense y patóloga, tiene claro que, para lograr resultados en el combate a la anarquía en las prisiones de Honduras es necesaria la implementación de educación penitenciaria y auditar el presupuesto mensual que tiene asignado el INP.
“Quiero ver (en qué gastan) los fondos el INP y será a través de una auditoría financiera. ¿Cómo es posible que la cárcel de mujeres (Centro Femenino de Adaptación Social) no cuente con cámaras de seguridad si se les asigna un presupuesto”, preguntó?
De acuerdo con el Portal de Transparencia del INP, en enero de 2023, que es la fecha más actualizada, a la institución se le asignó un poco más de 1,725 millones de lempiras, unos 70 millones de dólares.
Otro de los tentáculos que tendrá que cortar la encargada de transformar las cárceles en centros penales de rehabilitación es evitar que las armas de fuego, la droga y los celulares que funcionan para la extorsión sigan ingresando a los presidios.
Y es que, para Villanueva, los policías que reciben sobornos del crimen organizado lo hacen por los bajos salarios que perciben mensualmente, lo que permite la introducción de armas de fuego, droga y celulares a las cárceles.
Como solución, plantea que los efectivos de seguridad que participen en la intervención sean sometidos a distintos procesos, que irán desde pruebas psicológicas, de confianza, poligrafía hasta estudios financieros.
“Pero el que pretenda seguir cooperando con el crimen organizado en las cárceles será destruido”, advirtió.
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INTERVENCIÓN SERÍA CON POLICÍAS
De momento se conoce que la intervención en las cárceles comenzará con la fuerza policial, una entidad que ha estado muy de cerca con el gobierno de Castro.
“Voy a trabajar en este momento en la alianza con la Policía Nacional, pero eso no quiere decir que se quedarán, después las cárceles pasarán a los civiles”, precisó.
Esta medida, además de violar el artículo 15 de la Ley del Sistema Penitenciario, pone en alerta a los defensores de los derechos humos que, por reiteradas ocasiones, han expresado que ni los policías, ni los militares deben ser los encargados de manejar las cárceles de Honduras, por sus antecedentes de abusar de su poder al quebrantar los derechos humanos de los privados de libertad.
El artículo antes mencionado ordena que “corresponde a la Dirección Nacional la formulación, aprobación y ejecución de la política penitenciaria y de las decisiones emanadas del Consejo Directivo, así como la dirección superior del régimen penitenciario nacional, de conformidad con esta Ley y sus reglamentos”.
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Y para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no son entes capacitados ni competentes para convertir las cárceles en centros de rehabilitación e inserción social.
Mejía sugirió al Estado cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales con la finalidad de evitar situaciones violentas en el interior de las cárceles.
El togado hizo hincapié en que Honduras respete la sentencia del caso “Pacheco Teruel y otros vs. Honduras”, llevada a cabo en 2012 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se lee que la nación centroamericana debe prevenir situaciones en las que se ponga en peligro la vida de los privados de libertad y también cumplir con sus necesidades básicas.
Pese a las medidas que está implementado el gobierno de Castro de Zelaya para su lucha contra la corrupción y el crimen organizado, los índices de violencia no menguan, ya que según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) por día mueren 11 personas de manera violenta.
La intervención en las cárceles de Honduras, cuestionada por algunas, pero con esperanza para otros, ha generado grandes expectativas sobre un mal endémico que tiene zozobra a la población: la inseguridad.
