Tegucigalpa, Honduras – Aunque aún no se ha presentado ningún proyecto de reforma a la Ley de Tránsito, diputados de diferentes bancadas políticas tienen opiniones divididas antes de recibir en el Congreso Nacional las iniciativas propuestas por la Secretaría de Seguridad y la cúpula empresarial del transporte en todas sus modalidades.
La Comisión de Transporte del Congreso Nacional, liderada por el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) Bartolo Fuentes, se reunió hace un par de días con la cúpula de empresarios del transporte en todas sus modalidades.
Estos presentaron sus necesidades que los llevan a solicitar reformas a la Ley de Tránsito.
Según el empresario Marvin Galo, la normativa debe reformarse porque obliga a los transportistas a trabajar ilegalmente, es decir, sin portar licencia pesada ni permiso de circulación de una unidad.
“¿Qué lograremos con estas reformas? Obtendremos la oportunidad de regularizar a numerosos conductores que operan ilegalmente debido a requisitos a veces inalcanzables. Buscamos tranquilidad tanto para conductores como para usuarios”, mencionó Galo en una conferencia de prensa en el Congreso Nacional.
Galo especificó que necesitan eliminar el inciso dos del artículo 48 de la Ley de Tránsito, el cual exige literalmente que, para obtener una licencia pesada, se necesita como mínimo haber cursado hasta sexto grado.
Además, pide, sin profundizar en detalles, que se reformen algunos numerales del artículo 89 de esa ley, para que las penas impuestas a los transportistas que manejan de manera irregular o ilegal sean mínimas, ya que esta promueve que los conductores sobornen a las autoridades policiales que los detienen en retenes de rutina.
Esta propuesta fue respaldada por el diputado oficialista Bartolo Fuentes, quien afirmó que la primera semana de abril de 2024 se reunirá nuevamente con los empresarios para luego presentar la reforma en una sesión ordinaria al pleno de diputados.
Bartolo, en la misma conferencia de prensa en que habló Galo, aseguró que algunas de estas normativas promueven el desempleo, porque un conductor sin documentos legales no trabaja. Sin embargo, Galo admitió que la mayoría de los conductores en todas las modalidades de transporte ejercen el oficio de manera ilegal, y la solución cuando son requeridos es negociar con las autoridades policiales. En palabras sencillas, sobornarlos.
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REFORMA QUE PROPONDRÁ LA POLICÍA
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, afirmó que están a la espera del proyecto de reforma a la Ley de Tránsito que propondrá la Secretaría de Seguridad en los próximos días.
Según contó Umaña a Criterio.hn, estas iniciativas van orientadas a incrementar penas para transportistas que conduzcan de manera temeraria y, en consecuencia, pongan en riesgo la vida de los usuarios, en contraposición a lo que pide la cúpula empresarial.
De acuerdo con Umaña, entre las iniciativas que, a su criterio, debería proponer la institución armada, están: realizar pruebas de dopaje a los transportistas de manera mensual, hacer más rigurosos los requisitos para obtener una licencia pesada, suspender unidades de manera permanente dependiendo del grado de la infracción, entre otras.
“Esto es necesario debido al alto grado de accidentes provocados por la mala conducción de los transportistas, que resulta en la pérdida de vidas humanas. También se busca abarcar al ciudadano (que no es transportista de unidad) que maneja de manera temeraria. Lo expongo por el alto número de pacientes accidentados que ingresan a diario a los hospitales”, mencionó Umaña, quien se desempeña como especialista en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.
Umaña criticó la propuesta hecha por la cúpula empresarial del transporte, señalando que buscan beneficiarse económicamente, mientras que su objetivo es velar por la salud y seguridad de la población hondureña.
¿TENDRÁN FUTURO EN EL CONGRESO LAS REFORMAS?
Dada la hegemonía del Congreso Nacional y sus antecedentes, lo más probable es que ambas propuestas sean archivadas por el titular del Legislativo, Luis Redondo.
Este escenario se repitió con una propuesta presentada por la Secretaría de Seguridad en 2023, en la que buscaban que los responsables de cometer el delito de extorsión no fueran liberados después de seis días si no se presentaba una denuncia en su contra ante el Ministerio Público (MP).
Aunque no guarda relación con el tema del transporte, lo mismo sucedió con la Ley de Colaboración Eficaz, que está archivada. La aprobación de esta normativa es vital, ya que de ello depende la instalación de la comisión anticorrupción en Honduras, uno de los requisitos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A pesar de que el Congreso Nacional reanudó sus sesiones de manera regular hace unos días y distribuyó cargos entre los partidos políticos con mayoría de diputados, la productividad ha sido baja, ya que no han derogado los decretos que protegen a los corruptos.
