Con la reforma no sólo Yani Rosenthal saldrá beneficiado, sino que todos los candidatos y candidatas que reciben fondos ilícitos
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –En el cierre del 2020 el Congreso Nacional aprobó nuevas reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que inobjetablemente conllevan a mantener bajo la oscuridad y al margen del escrutinio los aportes de las campañas electorales.
La iniciativa fue presentada por el jefe de la bancada liberal en el Poder Legislativo, el diputado Mario Segura y ha generado polémica y valoraciones por parte de diversos sectores sociales.
El hecho: La reforma se orientó a eliminar el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Financiamiento, que expresaba: “los precandidatos que se presenten a las elecciones primarias deben abrir sus cuentas a su propio nombre, las cuales deben notificarse en el formato autorizado por la Unidad y acreditar el o los responsables financieros”.
Con la reforma se suprime ese apartado y el artículo 12 quedó establecido de la siguiente forma: “los movimientos internos deben designar a una persona durante su vigencia, para que reciba aportaciones o contribuciones de personas naturales o jurídicas, la que debe ser autorizada por el Partido Político respectivo. Dicha persona tiene la obligación de abrir las cuentas bancarias a nombre del movimiento en instituciones del Sistema Financiero Nacional y es la responsable de rendir cuentas ante la Unidad, a través del Partido Político, una vez que se haya disuelto el respectivo movimiento”.
Si bien la reforma se dio acorde con lo expuesto en el dictamen, la iniciativa deja valoraciones engañosas porque la misma, según diputados de oposición y analistas, está orientada a favorecer a varios precandidatos, quienes por sus vínculos en lavado de activos, corrupción y narcotráfico no cumplen con el perfil ideal para abrir cuentas en las entidades bancarias del país.
YANI ROSENTHAL UNO DE LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, fue aprobada en 2016 y conforme a lo establecido en ella, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, puede ejecutar mecanismos de vigilancia y control que permitan conocer el origen y monto de recursos económicos con los que operan, así como la forma en que los partidos políticos y candidatos gastan esas aportaciones.
En el marco de la convocatoria a elecciones Primarias y Generales del 2021, el oficialismo en el Congreso Nacional ha sometido a reforma la Ley en varias ocasiones. Una de las modificaciones recientes fue el 15 de octubre de 2020, ante una iniciativa presentada por el diputado nacionalista Tomás Zambrano.
La reforma del 15 de octubre modificó los artículos 4, 5, 11, 12, 14, 25, 28, 41, 48 y 54 del Decreto 137-2016, de fecha 2 de noviembre que contiene la Ley en mención. En esta reforma se dejó establecido el requisito de los precandidatos y movimientos para recibir aportaciones para las campañas.
Mediante el Decreto 137-2020 que dio vida a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos el 18 de enero de 2017, los movimientos internos estaban autorizados para recibir aportaciones o contribuciones de personas naturales o jurídicas, bajo la autorización del partido político respectivo.
Sin embargo, con la reforma de octubre del año pasado y que entró en vigencia el 15 de diciembre se añadió un último párrafo que establecía que “los pre-candidatos que se presenten a las elecciones primarias deben abrir sus cuentas a su propio nombre, las cuales deben notificarse en el formato autorizado por la Unidad y acreditar el o los responsables financieros”.
Lo anterior refleja que el oficialismo en el Congreso Nacional, encabezado por los diputados del Partido Nacional con el acompañamiento de una facción del Partido Liberal y las bancadas de los partidos minoritarios, han estado trastocando la ley para beneficiarse con el financiamiento político, por lo tanto, sus actuaciones se limitan expresamente a sus intereses.
Asimismo, ha quedado evidenciado que con la nueva reforma se quiere desvincular de cualquier obligación de rendición de cuentas a los precandidatos presidenciales porque se deja en libertad a los movimientos internos para que designen a cualquier persona para que abra cuentas bancarias y reciba aportaciones o contribuciones y porque será esta persona particular la responsable de rendir cuentas ante la Unidad de Política Limpia.
Con lo anterior se deja un vacío en la Ley en cuanto a los sujetos obligados ya que en el artículo 4 se reconoce como tal únicamente a los partidos políticos, movimientos en formación, precandidatos y movimientos internos de los partidos políticos que participan en elecciones primarias debidamente acreditados, las alianzas entre los partidos políticos y las candidaturas independientes.
Al respecto el diputado del PINU-SD, Luis Redondo, señala que la reforma además de ilegal es preocupante, porque se blinda a candidatos sobre el origen del dinero que recibirán de diversos sectores.
Por ejemplo, al deducir responsabilidades a terceros sobre los fondos que benefician a un candidato en particular, se abre la posibilidad de que grupos ilícitos hagan financiamiento electoral y que, en caso de ser detectado por las autoridades, las imputaciones penales recaerán sobre personas que solo prestaron su nombre y no sobre los verdaderos beneficiados.
Redondo percibe que la reforma no solo beneficia a Yani Rosenthal como se ha hecho creer en las últimas semanas, sino que favorece a políticos corruptos que reciben financiamiento de grupos ilícitos.
El diputado Mario Segura, argumentó que el principal problema que han tenido los movimientos al momento de abrir una cuenta es que no cuentan con personería jurídica, requisito clave solicitado por las entidades bancarias.
Segura comentó que los únicos que tienen personería son los partidos políticos, en tal sentido las corrientes no pueden abrir una cuenta a nombre de los movimientos internos.
El diputado del Partido Liberal, perteneciente al movimiento de Yani Rosenthal, recalcó que por esa razón presentaron la propuesta que permitirá que los movimientos entreguen una constancia de autorización para que una persona natural, que no necesariamente sea candidato a elección popular, pueda abrir la cuenta y a través de ella canalizar los aportes de empresarios, amigos de partidos, instituciones u otros.
Lo establecido por Segura resulta un hecho engañoso porque detrás de la reforma lo que se teje es un interés individual y de grupos políticos, que por un lado están afectados por no poder abrir una cuenta bancaria y por otra parte, desmarcarse de la rendición de cuentas al delegar a cualquier persona, que no es sujeto obligado ante la ley, para que abra las cuentas bancarias y reciba contribuciones.
Entre el periodo del 15 de octubre y el 30 de diciembre de 2020, según diputados de oposición, el precandidato liberal Yani Rosenthal tuvo problemas para abrir una cuenta bancaria mediante la que recibiría aportaciones políticas, este factor impulsó a los diputados que forman parte de su corriente a impulsar una reforma en el Poder Legislativo. Y fue precisamente el diputado Mario Segura quien presentó la iniciativa de ley que, aparentemente, beneficia al precandidato liberal.
Rosenthal, quien disputará la candidatura presidencial por el Partido Liberal en las elecciones primarias del 14 de marzo próximo, llegó a Honduras el 7 de agosto de 2020 luego de haber permanecido en arresto domiciliario en la ciudad de Nueva York cumpliendo una condena de tres años por haberse declarado culpable por el delito de participación en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita.
También lea: Yani Rosenthal: de convicto en EE. UU. a posible candidato liberal
En octubre de 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó, junto a su fallecido padre, el empresario Jaime Rosenthal Oliva y a su primo Yankel Rosenthal, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
En la lista de la OFAC se incluyó a varias empresas de los Rosenthal, entre ellas, Banco Continental S.A., institución que, de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro de aquel entonces, había “servido como parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y ha facilitado el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico de múltiples organizaciones centroamericanas de narcotráfico”.
El comunicado señaló además que era la primera vez que la OFAC había designado a un banco conforme a la Ley Kingpin. En Honduras, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), mediante Resolución SB No. 1034/09-10-2015 de fecha 9 de octubre de 2015, determinó declarar la liquidación forzosa de Banco Continental, S.A.
El Departamento del Tesoro atribuyó las actividades ilícitas de Banco Continental a transacciones efectuadas con capital del cártel de “Los Cachiros”, una banda criminal afincada en el atlántico hondureño por la familia Rivera Maradiaga, extraditada a EE. UU. por delitos de narcotráfico.
En conclusión, la condena en los Estados Unidos y por haber sido parte de Banco Continental, sería el impedimento para que Yani Rosenthal no pueda abrir una cuenta bancaria.
A pesar de los cuestionamientos y dudas sobre los posibles problemas que pudo tener Rosenthal para abrir una cuenta bancaria a su nombre, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se negó a brindar información en detalle sobre el caso a este medio de comunicación que acudió mediante una petición haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La CNBS argumentó que debido a la protección de datos personales no están en la obligación de dar a conocer detalles relacionados al estatus de personas naturales y jurídicas ante el sistema bancario.
Por otra parte, afirmaron que ellos están amparados en la circular 027-2017, en la cual dejan establecidos los pasos para la apertura de cuentas, en el marco de la Ley de Financiamiento y Fiscalización a Partidos y Candidatos, la cual detalla los pasos, documentación e información a presentar ante el sistema bancario.
Por lo tanto, la CNBS no se refirió al tema de Rosenthal o de cualquier otro político con problemas para abrir cuentas bancarias o que se encuentre en la actualidad inhabilitado para tal gestión.
La jefa de bancada del PINU-SD, Doris Gutiérrez, quien además forma parte de la comisión que discutió el dictamen, dijo “no nos parece correcta la decisión, primero porque no debe haber problemas para que los que dirigen los movimientos internos sean los que abran las cuentas en los bancos”.
Gutiérrez contó que, durante la reunión en la comisión, ella sugirió a las demás fuerzas políticas que las cuentas deben ser abiertas por los precandidatos presidenciales que encabezan un movimiento, por ejemplo, en el Partido Nacional a título de Mauricio Oliva y Nasry Asfura y en los liberales a nombre de Yani Rosenthal, Luis Zelaya y Darío Banegas.
Según Gutiérrez, los liberales y nacionalistas se negaron a que esto sucediera, por lo que interpretó la situación como una maniobra para que, si en algún momento se presentan irregularidades en el financiamiento político, la responsabilidad recaiga en terceros y no en quienes dirigen las corrientes.
A través del financiamiento político, varios candidatos han recibido fondos del narcotráfico y crimen organizado, un ejemplo de ello se desprende del juicio a Tony Hernández, quien fue acusado de recibir, en múltiples ocasiones, dinero del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su hermano Juan Hernández.
El financiamiento político en Honduras también ha provenido de las finanzas públicas, tal y como se evidenció con el saqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que el propio presidente, Juan Hernández, admitió haber recibido fondos para financiar su campaña de 2013.
Asimismo, con el caso “Arca Abierta” documentado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) que señaló que, en el año 2013, 38 personas, entre diputados, altos funcionarios públicos y particulares, drenaron 282 millones de lempiras ($ 12 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio.
Para la diputada Doris Gutiérrez la determinación propuesta por Mario Segura no aporta a la transparencia y genera muchas dudas en torno al manejo y financiamiento de campañas políticas.
“Detrás de esto hay una intención de favorecer a un sector del Partido Liberal que por problemas que han tenido fuera del país están limitados—-por ser políticamente opuestos—a abrir cuentas en el sistema bancario, y esto le pasa a todos los políticos que tienen problemas de ese tipo”, valoró el abogado Raúl Pineda, cuando fue consultado por medios de comunicación sobre la reforma.
REFORMA FAVORECE A CORRUPTOS Y CRIMEN ORGANIZADO
Varios sectores consideran que la reforma no solo favorece a Yani Rosenthal, sino a políticos que han sido salpicados por corrupción y crimen organizado en los últimos años. El exfiscal General de la República, Edmundo Orellana se refirió públicamente a la reforma y apuntó que ésta “permite que algún movimiento o partido reciba dinero de empresas o personas sin dar cuentas reales a la Unidad de Política Limpia”.
A juicio de Orellana “es una decisión atropellada, no convenía para la transparencia del proceso y se exhibe la inmadurez del Congreso Nacional”.
De la misma forma el abogado Tony García consideró que esta reforma también está orientada a crear las condiciones para que los candidatos puedan recibir fondos de grupos ilícitos.
García cuestionó el papel del Congreso Nacional, porque con la reforma se afecta la transparencia del proceso electoral y garantiza la participación de grupos del crimen organizado en el financiamiento de campañas políticas.
Por su parte el expresidenciable, Salvador Nasralla, criticó la forma de operar del Congreso Nacional, poder del Estado que, a su juicio, crea y aprueba leyes para beneficiar a funcionarios, políticos o personas vinculadas con actos ilícitos.
“Nuestro país está en manos de diputados que en su mayoría son delincuentes, narcotraficantes y ladrones y además trabajan ocultamente; la pandemia los favoreció para hacer todo virtual”, dijo Nasralla.
El presidente y fundador del Partido Salvador de Honduras, considera que si un candidato no tiene cola que le persiga, no debería tener problema al momento de abrir una cuenta bancaria, pero dejó claro que en Honduras hay muchos políticos que, por sus vínculos con el crimen organizado, corrupción o narcotráfico tienen problemas para hacer esos procedimientos.
“Yo fui candidato dos veces y en ambas abrí una cuenta, lo que gasté fue una miseria, si al caso gasté unos 300 mil lempiras; si uno es honrado no debería tener problemas para abrir una cuenta”, expresó Nasralla.
Entre tanto el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, aseguró en su cuenta de Twitter que la modificación es ilegal y demuestra las intenciones oscuras de sus promotores. “Un precandidato no puede abrir cuentas bancarias en el sistema financiero y por eso el Partido Nacional pone a disposición a sus diputados, más sus afines liberales, para favorecerlo”.
Zelaya se refirió de manera indirecta a Yani Rosenthal, quien es su contendiente en las elecciones primarias del Partido Liberal.
Un precandidato NO puede abrir cuentas bancarias en sistema financiero y por eso @PNH_oficial pone a disposición sus diputados más sus “afines liberales” para favorecerlo
Con experiencia en caso Pandora y financiamiento de narcotráfico en el pasado lo permiten. Queda claro, o no? pic.twitter.com/GtD98368Ms— Luis Zelaya (@luiszelaya_hn) December 30, 2020
Con la reforma los partidos y facciones políticas, que han efectuado una alianza de hecho en los últimos once años en el Congreso Nacional, han completado una nueva maniobra que atenta contra la transparencia y rendición de cuentas alrededor del financiamiento político y desde ya han creado una nueva coraza frente al manejo de recursos en las elecciones primarias y generales del 2021.
