Por: Redacción CRITERIO.HN
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San Pedro Sula, Honduras.“El señor Óscar Fernando Chinchilla, para bien o para mal fue electo como Fiscal General en el Congreso Nacional, por lo tanto, el Congreso tiene todo el derecho de exigirle una rendición de cuentas, ya que no se la da a los periodistas, no se la da al pueblo, no se la da a nadie.
Este es un señor que, no sabemos si está en cuarentena, si por la pandemia está escondido, si está fuera del país. Cuando quiso ser electo sí aparecía en el Congreso, allá llegaba, y por cierto su elección fue ilegal. Le pedimos que respete a los hondureños y que no haga oídos sordos, no solo con los periodistas, sino con los defensores de derechos humanos, del ambiente y en general”, dijo este miércoles a Criterio.hn la diputada Patricia Murillo.
Patricia Murillo diputada de Libre por Cortés
La petición de Murillo se da tres días después del asesinato del periodista Luis Almendares, el pasado domingo en Comayagua, y del ambientalista Antonio Teruel en Patuca, Olancho.
La diputada Murillo, con una amplia trayectoria como docente universitaria en la Carrera de Periodismo, asegura que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional no tiene ninguna voluntad para investigar crímenes y atentados como los registrados el pasado domingo.
“Tengo dos años de haber solicitado el cumplimiento de una moción que fue aprobada para que se investigara quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del atentado que casi le cuesta la vida al director de El Libertador y de su esposa, en 2018, en agosto. Fue aprobada la moción y se turnó a la comisión de derechos humanos, y han pasado más de dos años y no se han dignado a dar ninguna respuesta para que se le obligara al Ministerio Público que nos dé informe sobre ese caso”, manifiesta.
Agrega que lo mismo han solicitado cuando han surgido atentados contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos de diferentes medios.
“Tampoco se le ha dado ningún curso. No entiendo por qué, porque cuando se dice ser un Congreso democrático y abierto para todos, no se ha entendido la importancia que tiene el primer poder del Estado para velar por la calidad de vida de los 9 millones de hondureños y no digamos de quienes hacen posible que haya una verdadera democracia a través de una opinión pública bien informada”, agrega.
La congresista hondureña sostiene que la comisión parlamentaria de Derechos Humanos que es presidida por el diputado Marcos Velásquez de Intibucá debe reactivar su solicitud, “y no solo mía, sé que ha habido otras solicitudes de otros diputados periodistas, para que haya una interpelación al Ministerio Público sobre los atentados contra periodistas que han sobrevivido. Aquellos que han sido baleados, golpeados e intimidados”.
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“El llamado Mecanismo para Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y también operadores de justicia fueron creados más para cumplir un requisito del examen periódico universal en el que Honduras salía aplazada en ese campo, pero al momento de la verdad, no los protege. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), al momento de la verdad, no los protege”, expresa.
“El señor Fiscal, Óscar Fernando Chinchilla, no debe de olvidar que la libertad de expresión podría ser, después del derecho a la vida, el derecho más importante de todos los derechos humanos porque es el único que le da posibilidad a todos los hondureños y hondureñas de defender los otros derechos”, apunta Murillo.
Concluye que sin libertad de expresión “¿cómo va a decir el ciudadano de las comunidades garífunas o de allá del Patuca que están siendo agredidos porque les están quitando sus tierras?, ahí están siendo intimidados. ¿Cómo va a venir alguien que ha perdido su trabajo a quejarse o a defender el derecho humano a la salud si le quitan el derecho humano de hablar? El derecho humano a la expresión es el que nos hace humanos, para hilvanar con conciencia crítica”.
3 respuestas
Excelente apunte por parte de la diputada Murillo. Pero igual aquí es dónde queda la gran duda. Y los demás miembros parlamentarios tanto de libre, y otras corrientes políticas de oposición a esté gobierno cachureco, qué pasa, porqué no unidos ejercen la fuerza necesaria para sentar de una vez al fiscal Chinchilla y qué confiese realmente a quién sirve, si al pueblo o a los narcopoliticos que lo eligieron.
Todos los diputados honestos y en oposición al régimen tienen el deber y compromiso de auditar los comportamientos de todos los servidores públicos, les guste o no.
Convoquen señora Murillo a asamblea de Congreso y de ser necesario asambleas sociales para en vez de recoger los votos de los cachurecos corruptos. ustedes tengan el aval del único y al cual ustedes como diputados se deben EL SOBERANO el pueblo.
Es muy correcto lo expresado por la honorable Diputada Patricia Murillo en este articulo: la interpelacion del Fiscal General es una exigencia a gritos del pueblo hondureño, que gime por justicia por un Estado de Derecho real en favor de todos los hondureños y no solo de grupos exclusivos.
El fiscal Chinchilla obstruye la justicia y todo el pueblo sabe porque.