El GIEI concluyó que el asesinato de la lideresa indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres fue un crimen con motivación económica, previsible y prevenible, facilitado por una estructura de crimen organizado y por graves omisiones del Estado hondureño.
La investigación documenta la participación de élites empresariales, bancos de desarrollo y estructuras estatales en una trama financiera que desvió millones para sostener el proyecto Agua Zarca y pagar el crimen.
Tegucigalpa, Honduras. – A Diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca y ambientalista Berta Cáceres, un informe internacional de más de 500 páginas ofrece por primera vez una radiografía integral del crimen: reconstruye la planificación y ejecución del asesinato, expone la trama financiera que lo sostuvo y señala las graves omisiones del sistema de justicia hondureño que permitieron que el plan se concretara sin alcanzar aún a los autores intelectuales.
De acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el asesinato fue “previsible” y “prevenible”, pues las autoridades hondureñas contaban con información en tiempo real sobre los planes para matar a Cáceres a través de intervenciones telefónicas realizadas desde finales de 2015 a una estructura criminal que operaba en el norte del país con apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pese a escuchar conversaciones explícitas sobre el asesinato desde el 4 de enero de 2016, ninguna unidad estatal activó medidas para evitar el crimen.
“El asesinato de Berta Cáceres fue prevenible. El Estado sabía de la planificación del crimen desde el 4 de enero”, señaló Roxanna Marie Altholz, quien lideró el GIEI y directora de la clínica de derechos humanos de Berkeley Law.
El GIEI investigó durante un año el asesinato ocurrido en marzo de 2016, con énfasis en el financiamiento del crimen y los delitos vinculados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La investigación incluyó también la reconstrucción de la mecánica del crimen, la identificación de delitos conexos y la elaboración de un plan de reparación integral para la familia, las víctimas y la comunidad lenca de Río Blanco.
Para, Berta Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista los hallazgos confirman que la falta de prevención y la obstaculización de la investigación “no responden a hechos aislados”, sino a la interferencia sistemática de grupos económicos señalados como responsables intelectuales, que han influido de manera permanente en el funcionamiento de la justicia y en los procesos de búsqueda de verdad.
Zúniga subraya que uno de los elementos más perturbadores del informe es la constatación de que unidades de inteligencia del Estado conocían, antes de que se ejecutara el crimen, que se estaba planificando el asesinato y aun así no adoptaron ninguna medida para impedirlo, un patrón que asegura se repite en otros casos como el del defensor Juan López, asesinado en septiembre de 2024.
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VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y APARATO ESTATAL
El abogado y experto financiero Pedro Biscay afirmó que el asesinato de Berta Cáceres fue un crimen con clara motivación económica, concebido para proteger la rentabilidad de las inversiones vinculadas DESA.
Según explicó, DESA veía en Cáceres, como lideresa del COPINH, un “obstáculo decisivo” para asegurar la inyección de capital y la expansión de la compañía en el mercado eléctrico, de modo que su eliminación se integró en una estrategia dirigida a garantizar la viabilidad financiera del negocio.
En esa misma línea, el GIEI concluyó que el crimen tuvo una motivación esencialmente económica, al considerar la empresa a Berta Cáceres como una amenaza directa para la rentabilidad de sus inversiones.
La estructura accionarial de DESA combinaba sociedades offshore en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, ligadas a David Castillo y a la familia Atala Zablah, quienes aportaron la mayoría del capital social a través de un entramado de compañías holding.
La investigación documenta que, de unos 19 millones de dólares reunidos como capital social, al menos 10 millones proceden de fondos de origen desconocido, canalizados a través de sociedades offshore y operaciones opacas, mientras otros 12 millones de un préstamo sindicado de bancos de desarrollo fueron desviados mediante facturación falsa y triangulación de pagos. Empresas como la guatemalteca Copreca y la costarricense Carbón habrían sido usadas para presentar gastos ante los bancos, pero el dinero terminaba en cuentas controladas por la gerencia financiera de DESA y empresas vinculadas al grupo accionista.
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BANCOS DE DESARROLLO
El informe señala que bancos de desarrollo internacionales, entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco holandés de desarrollo (FMO) de Países Bajos, aprobaron y desembolsaron créditos sin ejercer controles efectivos sobre el destino final de los fondos. Aunque tenían la obligación de conocer a los beneficiarios finales y de supervisar y auditar los pagos, aceptaron facturas donde el titular del gasto no coincidía con la cuenta receptora, ignorando señales de fraude y de posible lavado de dinero, según el GIEI.
En 2014, el BCIE suscribieron un acuerdo de crédito con DESA pese a tener conocimiento del alto nivel de conflicto y oposición que generaba el proyecto en el territorio lenca de Río Blanco. Entre diciembre de 2014 y enero de 2016 desembolsaron alrededor de 18 millones de dólares, de los cuales unos 12 millones —el 67%— fueron desviados mediante esquemas de facturación y triangulación para pagar informantes, comprar tierras, financiar operaciones de vigilancia e incluso cubrir parte del costo del asesinato, según el informe.
Los expertos reconstruyeron múltiples pagos sospechosos financiados con esos préstamos, dirigidos a fuerzas policiales y militares, funcionarios municipales, autoridades ambientales, medios de comunicación y empresas de auditoría, con el objetivo de montar una red de protección e influencia que garantizara la continuidad del proyecto. Parte de estos recursos se destinó a militarizar el territorio, dividir a la comunidad lenca y modelar la cobertura mediática a favor de la empresa.
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RUTA DEL DINERO DEL CRIMEN
Siguiendo la ruta financiera, el grupo documentó que en las 48 horas posteriores al asesinato la sociedad offshore PEMSA S.A., vinculada a Castillo, recibió fondos desde Panamá provenientes del préstamo internacional y emitió tres cheques fraccionados que sumaron 500 mil lempiras. Ese monto coincide con la declaración de uno de los condenados, quien señaló que esa cantidad se utilizó para pagar el “equipo” encargado de ejecutar el crimen.
Los cheques fueron cobrados por personas de bajo perfil económico y empleados de empresas del grupo, una práctica recurrente de DESA para evitar que operaciones sensibles quedaran directamente asociadas a los altos directivos. Pese a superar umbrales que obligaban a reportar operaciones sospechosas, estos movimientos no fueron notificados a la Unidad de Información Financiera, lo que evidencia fallas graves en los controles antilavado del sistema bancario hondureño.
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IMPUNIDAD Y DAÑOS A LA COMUNIDAD LENCA
El GIEI subraya que, aunque hubo condenas contra autores materiales y algunos intermediarios, la junta directiva y los principales socios de DESA, incluida la familia Atala, nunca fueron investigados a fondo. Tampoco se profundizó en la responsabilidad de mandos militares y policiales, en la relación entre narcotráfico, sicariato y empresa, ni se examinó la totalidad de los dispositivos electrónicos incautados.
En el plano de derechos humanos, la investigación registra un amplio abanico de daños individuales y colectivos contra la comunidad lenca de Río Blanco, especialmente contra mujeres y jóvenes indígenas, quienes enfrentaron amenazas, ataques, hostigamiento, destrucción de cultivos, estigmatización racista y negación de su identidad. Diez años después del crimen, DESA continúa existiendo como empresa, la concesión de Agua Zarca sigue vigente y la comunidad no cuenta con título colectivo sobre su territorio, lo que para los expertos demuestra la falta de medidas de cesación, rehabilitación y no repetición por parte del Estado.
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PLAN DE REPARACIÓN Y LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Como parte de su trabajo, el grupo elaboró un plan integral de reparaciones que incluye medidas de cesación del proyecto, reconocimiento de responsabilidad estatal, rehabilitación psicosocial, compensación económica y garantías de no repetición. El informe propone la creación de un fondo reparatorio específico para la comunidad de Río Blanco, al que deberían contribuir tanto el Estado hondureño como los bancos de desarrollo que financiaron el proyecto.
La investigación también dio origen a una plataforma web interactiva que permitirá al público explorar mapas, comunicaciones y flujos financieros relacionados con el caso, cruzando geográficamente los movimientos de víctimas, agresores y capitales.
Los expertos insisten en que el caso Cáceres revela fallas estructurales en la lucha contra la impunidad y envía una señal de alerta sobre el rol del sistema financiero internacional en contextos de violencia contra personas defensoras de la tierra y el territorio.
