Por: Redacción CRITERIO.HN
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San Pedro Sula, Honduras.- El juzgado de lo penal resolvió enviar a juicio oral y público a Roberto David Castillo contra David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista y defensora indígena, Berta Cáceres, quien fue atacada a tiros en el interior de su vivienda en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, zona occidente de Honduras, el pasado 2 de marzo de 2016.
A Castillo se le vencía el plazo para salir de prisión el próximo 2 de septiembre, tras ser enviado a prisión por planificar el crimen de Berta Cáceres, quien fue ultimada por su trabajo en defensa del territorio Lenca y de la soberanía nacional.
A criterio del abogado defensor de la familia Cáceres, el abogado Víctor Fernández, el caso de Roberto David Castillo representa mucho en este proceso, pero no es el más importante, ya que en estos procesos se evidenciará a otros autores intelectuales y a quienes el Estado hondureño pretende proteger con la falta de acciones del Ministerio Público.
“Se ha cerrado con el auto de apertura a juicio. Este caso tardó dos años para que el Ministerio Público imputara a Roberto David Castillo como uno de los autores del crimen, quien no participó directamente, sino que hizo una intermediación entre autores materiales del crimen y entre los autores que comúnmente conocemos como intelectuales, es decir, los que pagan y toman la decisión de imputar el crimen”, explica Fernández.
El profesional del derecho, explica que esta fase que debió durar unos cuantos meses y ha tardado dos años y seis meses. A su juicio eso constituye en una prolongación de la angustia para las víctimas. Algo innecesario si se cumplieran los plazos legales.
“Siempre hemos ido al filo de la navaja en los casos de Berta Cáceres. Este es un proceso importante, pero no es el proceso más importante. El proceso más importante es el que tiene que vincular a los autores intelectuales del crimen. Existen investigaciones que tienen en curso el Ministerio Público, que las tiene dormida con un silencio comprometedor, a juicio nuestro, que vincula a los dueños de la empresa DESA”, subraya el jurista.
Añade que, también hay otra causa contra distintos funcionarios del Estado, del Ejecutivo, que tenían la orden y el deber de proteger a Berta Cáceres y en lugar de protegerla más bien la colocaron en una situación de mayor vulnerabilidad y de desprotección.
“Hubo una turbulencia en el proceso que se agudizó en las últimas semanas, luego de que fuimos sorprendidos con la remoción de la jueza que conocía la causa, en este escenario, iniciamos el camino de juicio oral y público, incluyendo la audiencia de debate público”, sostuvo.
En diciembre de 2019, un tribunal de justicia condenó entre 30 y 50 años de prisión a siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres y por la tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en la vivienda de Cáceres el día que se registraron los hechos.
La decisión del auto de apertura a juicio contra David Castillo es un paso en la búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición del COPINH, la familia de Berta Cáceres y el pueblo Lenca.
