Por: Redacción CRITERIO
“Si el 70% de los países del mundo padece los efectos de la contaminación generada por el otro 30 % (que también los sufre, las cosas como son) es que algo está funcionando muy mal y lo justo es que las naciones más polucionantes paguen por sus errores”.
¿Qué es la deuda climática?
Los países industrializados han desarrollado sus economías y sus poblaciones, emitiendo mucho más que su parte justa y proporcional de gases de efecto invernadero.
Ahora, después de haber creado en gran parte este problema, también tienen los mayores recursos disponibles para hacer frente a ella.
Estos países han acumulado una «deuda climática» y tienen la responsabilidad histórica de pagarla.
Esto significa ocuparse de que los países en desarrollo cuenten con la financiación pública adecuada y con la tecnología necesaria para hacer frente al cambio climático, así como la planificación de economías sostenibles, frente a sus necesidades urgentes de desarrollo.
Esta «financiación para el clima» es una cuestión de justicia que ayudará a garantizar un ámbito más seguro, unos medios de vida más fiables y una energía limpia y asequible para todos los seres que viven en el planeta.
El reconocimiento de esta deuda significa entender que los países en desarrollo no deben ser obligados a hacer frente al cambio climático, en igualdad de condiciones (a nivel económico y tecnológico), que los que más contribuyeron a la crisis medioambiental, simplemente porque no cuentan con recursos para hacerlo y porque no fueron ellos los que contribuyeron en mayor medida al calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero.
¿Cómo se mide la deuda climática?
Según un estudio realizado por investigadores canadienses, la deuda del carbono (así llamada por ser consecuencia directa de la emisión de CO2, entre otros gases) se mide tomando en cuenta dos factores: la cantidad de dióxido de carbono producida por un determinado país y su relación directa con el número de habitantes del mismo.
Este estudio arribó a la conclusión de que el costo social de la deuda es de unos 35,5 euros (40 dólares) por cada tonelada emitida y llamó la atención sobre un dato alarmante: desde 1990 (año de partida para la medición del tonelaje contaminante) los países deudores no han hecho más que aumentar dichas emisiones, llegando a una cifra estimada de 250.000 millones de Ton. de CO2.
¿Quiénes les deben a quiénes?
Siempre ateniéndonos al informe canadiense, la lista de los países deudores está encabezada por los EEUU, que acumulan hasta un 40 % de la misma, seguido por Alemania, Rusia, Australia, Reino Unido y Canadá.
Los países que más han sentido los efectos del cambio climático inducido por las emisiones de los anteriormente citados, son los que mayor población tienen, pero menos han contribuido “per cápita” a acrecentar dicha deuda: China, India, Nigeria, Pakistán, Indonesia, Bangladesh y Brasil, entre otros.
Desafortunadamente, los países del llamado mundo “desarrollado” se han negado a comprometerse a tomar medidas efectivas para financiar la lucha contra el cambio climático.
En vez de ello, con buenas palabras y un puñado de promesas, han vuelto a dejar en la estacada a los países en desarrollo, donde millones de personas no tienen acceso a la energía o al agua y cuentan con recursos insuficientes para hacer frente a los efectos de la contaminación.
Muchos países desarrollados están tratando de evitar sus responsabilidades nacionales argumentando que la mayoría del dinero debería ser aportado por el sector privado.
Pero la opinión de los expertos, es que el financiamiento climático debería provenir de fuentes públicas, ya que ha sido con la anuencia de los gobiernos que se ha producido la debacle climática en la que estamos inmersos todos los seres humanos.
¿Cómo se puede pagar esta deuda?
Muchas fuentes innovadoras de financiación pública podrían ser usadas con el fin de paliar esta deuda: por ejemplo, redirigir los subsidios que actualmente apoyan a las industrias de los combustibles fósiles, que anualmente alcanzan la friolera de 500 mil millones de euros a nivel mundial.
También podrían gravarse algunos tipos de transacciones financieras que están exentas o pagan muy poco. Solo estos impuestos podían ofrecer cientos de miles de millones de euros por año, a partir de un impuesto minúsculo sobre las transacciones financieras globales (como el comercio de acciones, el mercado de valores, etc.) con un impacto insignificante sobre la gente común.
En resumen, el dinero se podría conseguir, solo falta que de parte de los países más comprometidos en la generación de la deuda, haya voluntad de pago, ya sea en tecnología o en ayudas o en créditos blandos. Lo que no sirve es que se embarquen en comisiones de estudio, borradores de trabajo y un sinfín de propuestas vacías de contenido, que no son sino estratagemas para no hacerse cargo de una vez por todas, de las consecuencias de sus acciones.
