Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 26 de octubre cerca de las 5:00 de la madrugada, seis integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fueron detenidos ilegalmente por defender y recuperar sus territorios en la comunidad de El Achotal, departamento de Siguatepeque.
Según denuncia del Copinh, miembros de la Policía Nacional irrumpieron de manera violenta en las casas de los y las compañeras, quienes fueron detenidas sin haberles presentado una orden de captura o de allanamiento.
Las y los detenidos son: Doris Pérez, María Lidia Díaz, Juana Fúnez, Abraham Hernández, Adalberto Mazariegos y José del Carmen Sánchez, se encuentran detenidos y a la espera de la audiencia de imputados.
Ellos y ellas forman parte de un proceso de recuperación de tierra y junto a la comunidad de El Achotal han sido víctimas de múltiples ataques vinculados al desalojo de sus territorios.
El pasado jueves 15 de octubre, otras integrantes de la misma comunidad fueron privadas de su libertad y en audiencia el sistema de justicia resolvió otorgarles medidas sustitutivas por los delitos de usurpación, tala ilegal del bosque y roturación de la tierra. Medidas que les obligan a presentarse semanalmente a un juzgado y les prohíbe ejercer su derecho legítimo a trabajar la tierra.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenaron la sistemática persecución y criminalización de la defensa del territorio que además coloca en riesgo la seguridad alimentaria y la vida misma de los y las defensoras y sus familias al negarles el derecho a trabajar por su sustento.
Además, denunciaron que el allanamiento ejecutado por la Policía Nacional constituye una violación a la Constitución de la República, que en su artículo 99 expresa que el domicilio es inviolable y ningún ingreso podrá realizarse sin consentimiento de quien lo habita o resolución de la autoridad competente.
Asimismo, dicta que el allanamiento del domicilio no se podrá realizar de las seis de la tarde a las seis de la mañana sin incurrir en responsabilidad.
Lo mencionado anteriormente evidencia la ilegalidad del accionar de los órganos de seguridad del Estado y por ello exigen la inmediata liberación de sus compañeras y compañeros y el cese de la judicialización de las personas que defienden su derecho a la tierra.
De igual manera, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos hizo un llamado urgente a la denuncia y exhortan a los organismos de derechos humanos a acuerpar al Copinh y a la comunidad sistemáticamente agredida de El Achotal.
