Tegucigalpa, Honduras.- Tras días de angustia, pobladores de Tierras del Padre y organizaciones defensoras de derechos humanos lograron detener el desalojo autorizado por el Juzgado de Letras de lo Penal que estaba programado para este jueves 11 de noviembre. Sin embargo, la amenaza de expulsión para más de 100 familias permanece.
Ayer miércoles, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció que la comunidad Lenca Tierras del Padre se encontraba nuevamente amenazada por una orden de desalojo. La población está ubicada a 13 kilómetros de la capital de Honduras.
Líderes de la comunidad Tierras del Padre sostienen que poseen un título de tierras ancestral que data de 1739, y que pese a esto las autoridades favorecen al empresario Mario Facussé, quien inició un proceso de judicialización desde 2019 reclamando las tierras como propias.
Se conoce que la propiedad era considerada tierra ejidal por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y que posteriormente pasó en papel a manos del señor Facussé. Asimismo, se denunció que existe un proyecto de construcción de un segundo Anillo Periférico que atravesaría dichas tierras y que sería el origen del conflicto.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, ACI-Participa y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), acompañaron esta mañana a los pobladores cuando miembros de la Policía Nacional e integrantes del Poder Judicial se presentaron a desalojar a las familias.
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Representantes de los habitantes argumentaron ante el juez que se presentó a ejecutar la orden, que no se les podía desalojar de sus hogares si no habían sido vencidos en juicio y condenados por la comisión del delito de usurpación.
El Bufete Estudios para la Dignidad se solidarizó en las redes sociales y repudió «el intento de desalojo en contra de la comunidad indígena Lenca de Tierras del Padre, que violenta sus derechos como pueblos indígenas con el fin de entregar estas tierras a la empresa Inmobiliaria Siglo XXI, propiedad del terrateniente Mario Facussé».
Además, condenó «el uso indebido del derecho penal, que ha sido utilizado históricamente para violar los derechos de los pueblos, y en especial de los pueblos indígenas que luchan por el respeto a su derecho a la tierra».
