En diciembre de 2022 el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, pero entró en vigor hasta el 20 de marzo de 2023 que entró en vigor
Tegucigalpa, Honduras. – “Hace días que no vemos a doña Mariana, la última vez, estaba en su puesto de comida” comentan los vecinos entre sí; mientras una mujer –entre balbuceos— dijo “yo creo que «los muchachos» (mareros) la corrieron”.
Mariana Aguilar –nombre ficticio por seguridad— es una mujer de 55 años, obligada a dejar su casa y su país. Un día tomó una mochila con un poco de ropa, sus documentos y salió en la madrugada junto con su hija y sus cuatro nietos.
Criterio.hn la contactó y habló con ella, accedió a tener una plática con la promesa de no dar a conocer su identidad, ni ningún detalle que pudiera dar con su paradero.
“Tenía mucho miedo, yo no quería dejar mi casa que tanto esfuerzo y sacrificio me costó”, dijo con la voz entrecortada y la mirada dirigida hacia ningún punto. Ella perdió su casa producto del embate del Huracán Mitch en 1998, que de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el huracán dejó 1,500,000 damnificados, 5,657 muertos, 8,058 desaparecidos, 12,272 heridos y 285,000 personas que perdieron sus viviendas.
Mariana Aguilar, expresó que sufrió constantes amenazas de un grupo criminal, uno de los más fuertes a nivel nacional, pese a que no brindó detalles de las razones de las amenazas, durante la conversación su miedo era evidente.
“Sólo quería salvar mi vida, la de mi hija y mis nietecitos que son como hijos míos”, dijo a Criterio.hn.
Mariana Aguilar recuerda que en varias ocasiones había sido víctima de asaltos, sin embargo, ella no asociaba estos eventos con las amenazas.
En la colonia donde vivía, nadie sabe las razones, ni en donde está ahora. Su casa permanece cerrada, mientras las arañas tejen su red para habitar en sus rincones.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señala que en el período de 2016-2022, atendió 6,498 casos de personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado.
Estas denuncias, según el CONADEH son producto de la violencia generalizada trabes de actividades delictivas como: la extorsión, el reclutamiento forzado, despojo de bienes, amenazas, tráfico de drogas y homicidios.
Según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras (CIPPDV), el 68% de los propietarios de viviendas que fueron desplazados, sufrieron la apropiación, destrucción, abandono o venta de sus propiedades, y sólo el 32% logró conservarlas.
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FACTORES DEL DESPLAZAMIENTO
Honduras en los últimos años enfrenta una crisis de violencia, criminalidad y sumado a esto los índices de pobreza van en aumento, actualmente el 74 % de la población vive en condiciones de pobreza y el 53 % en pobreza extrema.
Debido al incremento de las acciones delictivas como la extorsión y el narcotráfico muchas familias han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse a otras partes del país.
Pero, ¿qué es el Desplazamiento forzado interno?, de acuerdo al Banco Mundial, el desplazamiento forzado se refiere a la “situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos”.
El CONADEH, a través de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), documentó en el 2021, un total de 942 víctimas de desplazamiento forzado, que huyeron a causa de la violencia, además indicó que mil 587 personas están en riesgo de desplazamiento interno.
Para Cesar Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), la violencia es uno de los principales factores que desencadenan el desplazamiento forzado especialmente en las ciudades más importantes del país.
Con el desplazamiento, para el jefe de la Oficina de la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras, Andrés Celis, se refleja una realidad global.
“Algo está ocurriendo en cada país que hace que la gente no encuentre las condiciones para continuar su vida” reflexionó Andrés Celis en entrevista con Criterio.hn.
En ese sentido, Andrés Celis mencionó algunos factores que pueden estar generando el desplazamiento a nivel mundial como: “tensiones políticas, niveles de violaciones de derechos humanos, niveles de violencia –privatizada a través de la criminalidad en muchos contextos o ejercida a través de ejércitos que disputan o afectan el orden constitucional— o la violencia ejercida por los Estados, eso es como la tendencia global”.
De acuerdo con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en Honduras, la violencia ha provocado, en los últimos años, el desplazamiento de más de 247 mil personas, de las cuales el 55% son mujeres y el 43% son niños, niñas y adolescentes.
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LEY DE DESPLAZAMIENTO INTERNO
Un Estudio de Caracterización del Desplazamiento Forzado en Honduras, indica que entre 2004 y 2018, en 78 municipios de 16 departamentos de Honduras, aproximadamente 58,500 hogares fueron desplazados por razones de violencia.
Ante este desplazamiento interno, en noviembre de 2013, se creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, a fin de “impulsar políticas y la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento forzado por violencia, y la atención, protección y soluciones para las personas desplazadas y sus familiares”.
A raíz del trabajo de organismos internacionales y organizaciones de sociedad civil, durante ese tiempo se trabajó en la implementación de una ley para la protección de los hondureños y hondureñas, no fue hasta el 2019 que el proyecto de ley para abordar la problemática del desplazamiento interno se presentó al Congreso Nacional.
“Llevábamos muchos años en el trabajo por la ley, desde el 2013 y en buena hora llega en diciembre del 2022”, comentó Andrés Celis, jefe de la Oficina de la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras.
El Congreso Nacional Aprobó la Ley en diciembre de 2022, pero hasta el lunes 20 de marzo se publicó en el diario oficial La Gaceta.
De acuerdo con Jessica Sánchez, directora Ejecutiva del Grupo Sociedad Civil, esta ley “es un elemento importante apoyada desde sociedad civil para contrarrestar un poco el fenómeno del desplazamiento interno”.
De acuerdo con la defensora de derechos humanos las mujeres son una de las principales poblaciones victimas del desplazamiento, que se manifiesta a través de amenazas a la vida y a la familia.
ACNUR, refiere que la niñez es otra de las poblaciones vulnerables, con una representación del 43 % de la población desplazada. De igual manera, niños y niñas han sido víctima de la criminalidad que ha cobrado la vida de 13,638 niños, niñas y adolescentes en los últimos 23 años de acuerdo con un estudio de Casa Alianza Honduras.
Cesar Castillo, indicó que el desplazamiento Forzado tiene un reflejo en las solicitudes de asilo de la ciudadanía hondureña en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR). Instancia a la que recurrió Mariana Aguilar, después de recibir amenazas y la obligaron a salir de su casa.
El Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), estas solicitudes han tenido un incremento significativo, pasando de 40,914 en 2020 a 111,257 en 2022, de hondureños que solicitaron refugio en México.
Ante estas cifras, para Cesar Castillo, “el mensaje es claro, tenemos dificultades en el país para retener a nuestra la población. Estamos expulsando nuestra gente y una de las principales causas de la migración y el desplazamiento es la violencia”.
El último informe Tendencias Globales sobre desplazamiento forzado, ubicó a Honduras entre los primeros 10 países con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo en el mundo con 79,700, un incremento de casi 20 mil nuevas solicitudes con relación al 2021 cuando se registraron 59,800.
