Tegucigalpa. – Sin sentencias firmes contra las ocho personas declaradas culpables en el asesinato de la ambientalista Lenca, Berta Cáceres, los abogados de David Castillo, coautor del crimen, buscan “procurar impunidad” para su cliente, denunció el Bufete Estudios para la Dignidad (BED).
“Las denuncias del abogado defensor de Roberto David Castillo Mejía corresponden a una maniobra desesperada y tardía para procurar impunidad a su representado frente al deber que tiene la Sala de lo Penal de ratificar la sentencia condenatoria de éste y de los demás asesinos de nuestra compañera Berta Cáceres”, publicó el BED.
Esto en respuesta a la denuncia presentada por la defensa de Castillo, a cargo de Juan Sánchez Cantillano, quien nuevamente denunció “la falsificación, la edición, el borrado de mensajes, el trastocado de toda la información para hacer ver conversaciones como que se estaba planificando la muerte de la señora Berta Cáceres con mensajes que eran sacados de diferentes chats e intercalados para darles forma y contenido”.
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La aseveración de Sánchez Cantillano fue desmentida a través de comunicados tanto por el BED, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Ambas señalaron que durante el juicio de la Causa Berta Cáceres, por el que fue condenado Castillo, las extracciones telefónicas de la perita Brenda Barahona coinciden con las que realizó el perito de la defensa de Castillo, Shaun Bodden.
El BED citó la sentencia del Tribunal en la que remarca que el perito de la defensa afianzó la tesis acusatoria, pese a que su estrategia era “acreditar que la señora Brenda Barahona perito del Ministerio Publico, había editado, omitido y borrado información de aparatos telefónicos en la pericia que ella realizó y que le había dado otra cronología, para atribuirle responsabilidad a su representado, sin embargo, este peritaje telefónico de SHAUN BODDEN, fue realizado a través de los mismos insumos que utilizó la pericia de la parte acusadora”.
El Copinh calificó el ataque contra la perita Brenda Barahona como “una acción cobarde y condenable” debido a que la prueba fundamental fue la información extraída de los aparatos telefónicos, los que “prueban que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres”.
NUEVO DIRECTOR DE FISCALES ENFRENTA CONFLICTO DE INTERÉS
La denuncia, que ya había sido interpuesta en 2019, fue presentada nuevamente ante el Ministerio Público el pasado lunes, 8 de abril, curiosamente una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público.
Este último, junto a su esposa, Karla Patricia García Arita, fueron representantes legales de Carolina Lizeth Castillo Argueta, acusada por fraude en el grado de participación de cooperante necesario en el caso Fraude Sobre el Río Gualcarque.
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David Castillo, además de su participación como coautor en el asesinato de Cáceres, enfrenta cargos en el caso Fraude Sobre el Río Gualcarque –pendiente de sentencia– por suponerle responsable de la comisión de los delitos de fraude y uso de documentos falsos a título de autor.
Castillo presidió el consejo de administración de Desarrollos Energeticos, S.A. (DESA), empresa a la que se le concesionó de forma irregular el río Gualcarque para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y que fue denunciado por Berta Cáceres, junto al Copinh y pobladores Lencas de algunas de las comunidades afectadas por el proyecto.
El recién nombrado director de fiscales del Ministerio Público es reconocido por defender, junto a su esposa, a imputados en casos emblemáticos de corrupción, algunos presentados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), algo que planteó desde su investidura posibles conflictos de interés.
Ante esta situación, el Copinh realizó un llamado al fiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez “a detener los intentos de criminalización sin fundamentos a peritos y fiscales, así como actuar, de manera decidida para evitar el tráfico de influencias dentro del Ministerio Público”.
La investidura de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales, sería el resultado de la repartición de cuotas de poder entre los tres principales partidos políticos en el Ministerio Público y el Poder Judicial, conocido como el acuerdo tripartito.
Pese a que se les dictó sentencia condenatoria el 2 de diciembre de 2019 a los siete autores materiales, y el 20 de junio de 2022 a Roberto David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, estas siguen sin confirmarse a causa del retraso en los recursos de casación interpuestos por las defensas privadas de los condenados en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencia.
