Aunque la designación del director general de Fiscalía recae sobre el fiscal general, quien ocupa interinamente ese cargo, Johel Zelaya, aún no ha hecho movimientos

Tegucigalpa.- A más de un mes de que la Comisión Permanente del Congreso Nacional eligió interinamente a Johel Zelaya como fiscal general, continúa pendiente una de las designaciones más importantes dentro del Ministerio Público, que es el director general de la Fiscalía.

Analistas políticos consultados por Criterio.hn no descartan que esta designación, que recae en el titular del Ministerio Público, se haya dejado en suspenso porque podría ser utilizada dentro de las negociaciones que acordaron realizar las tres principales fuerzas políticas: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal, para acordar los nombramientos que están pendientes en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF).

Tras no hallar consenso de 86 votos para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto del período 2023-2028, como lo indica el artículo 233 de la Constitución de la República, el pasado 1 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso Nacional designó interinamente a Johel Zelaya y Mario Morazán en ambos cargos, hasta lograr un acuerdo que sirva para nombrar en propiedad a las autoridades del Ministerio Público.

Antes de fracasar la elección con 86 votos, se planteó que las fuerzas políticas podrían crear la figura de un segundo fiscal general adjunto o elevar a rango constitucional al director general de la Fiscalía, para que fuera elegido por las dos terceras partes del Congreso Nacional.

Sin embargo, ambas acciones requerirían una reforma constitucional, y el período ordinario de sesiones culminó el pasado 31 de octubre, lo que imposibilita que se efectúe una ratificación constitucional, según dicta el artículo 373 de la Constitución de la República.

A pesar de lo anterior, el analista político Rodil Rivera considera que, incluso desde antes de que iniciara el proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto del período 2023-2028, el Partido Nacional tenía claro que los cargos más apetecidos son el del fiscal general y el del director general de la Fiscalía, y que iría por cualquiera de los dos.

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“Ahora hay tres partidos con fuerza en las tomas de decisiones dentro del Congreso Nacional, y los nacionalistas desde un inicio quisieron la dirección general de la Fiscalía, aunque después declararon contundentemente que nunca le entregarían el cargo de fiscal general a Libre”, indicó a Criterio.hn.

Rivera explicó que la estrategia que utilizó Libre para seleccionar interinamente al fiscal general, a través de la Comisión Permanente, lo colocó en una posición ventajosa dentro de las negociaciones.

“Difícilmente Libre va a ceder el cargo de fiscal general, pero en la negociación sí puede entrar el cargo de fiscal adjunto y el director de fiscales; considero que por ahí puede abrirse la negociación”, dijo.

El analista no descartó que dentro de la fórmula pueda aparecer Jenny Almendares, que fue calificada como la candidata mejor evaluada por la Junta Proponente y nominada como fiscal general adjunta por parte de los partidos de oposición.

En la negociación también podría incluirse a Marcio Cabañas, quien apareció tanto en la nómina de Libre como en la de la oposición, solo que en la primera de ellas como fiscal general adjunto y en la segunda como fiscal general. No obstante, ninguna de las nóminas alcanzó los 86 votos.

DIFÍCIL QUE SEA ARGUMENTO DE NEGOCIACIÓN

Por su lado, el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, calificó que ve difícil que el Partido Nacional acceda a quedarse con el director general de la Fiscalía sin una garantía legal, es decir, una reforma constitucional.

“Mientras no exista una salvaguarda constitucional de que no lo pueda remover el fiscal general, no creo que el director de fiscales sea una moneda de cambio. A los dos o tres meses, el fiscal general podría remover al director de fiscales, que ya habría negociado, por ejemplo, el Partido Nacional, y ahí no habrá para dónde hacerse, más que el pataleo que puede llegar a existir”, manifestó a Criterio.hn.

Aguilar argumentó que sí podría entrar dentro del paquete de negociaciones la repartición de otros órganos constitucionales de control.

“Ya vimos un escenario muy diferente con el Tribunal Superior de Cuentas, que ahí sí parece que hay humo blanco, porque ahí quedan representadas las tres fuerzas políticas sin ningún tipo de problema. Hay otras instituciones que siguen como el Registro Nacional de las Personas, la Unidad de Política Limpia, el IAIP y el Tribunal de Justicia Electoral”, comentó.

Esta semana, las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, los dos de mayor influencia dentro de la oposición, acordaron negociar con el oficialista Libre la escogencia de los tres magistrados del TSC, que vacaron el pasado 6 de diciembre a las 11:59 de la noche, y también la designación de los tres comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF).

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OTROS ASPECTOS A NEGOCIAR

En concordancia, el analista político Tomás Andino expresó a Criterio.hn que, aunque no descarta que la designación del director general de la Fiscalía sea una carta de negociación, hay otros asuntos que están dentro de la mesa.

“Hay otros puntos de negociación, como el nombramiento de autoridades en la Unidad de Política Limpia y el Tribunal Superior de Cuentas, que interesa mucho a los corruptos de todos los partidos políticos. También está el asunto de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que debe ratificarse en enero del próximo año”, refirió.

Aunque previo a la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, el Partido Nacional buscó quedarse con el director general de la Fiscalía, Andino considera que eso ya quedó fuera de tiempo, porque las condiciones que ellos planteaban eran elevar en cargo a rango constitucional, y ello solo podrá hacerse hasta la tercera legislatura y ratificarse en la cuarta, es decir, hasta en 2025.

“Ya no le veo muchas cartas al Partido Nacional para negociar. Esa aspiración de quedarse con el director de fiscales, creo yo, quedó disipada cuando la Comisión Permanente eligió a los fiscales generales interinos. Pero tampoco es algo que se pueda descartar, ya que en una negociación todo puede ocurrir”, explicó.

Aunque el fiscal general interino, Johel Zelaya, ha efectuado remociones dentro del Ministerio Público, como la del director y subdirector de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la del jefe de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), la dirección general de la Fiscalía, que está integrada por un director general y tres subdirectores generales, continúa intacta.

En tal sentido, el director general, José Mario Salgado, y los subdirectores María Tejada, Roger Matus y Juan Heriberto Martínez, todos nombrados durante la administración del exfiscal general Óscar Chinchilla (2013-2023), continúan en sus cargos.

Según el artículo 28 de la Ley del Ministerio Público, la dirección general de la Fiscalía es un órgano del Ministerio Público que tiene a su cargo la administración, coordinación y supervisión inmediata de las actuaciones de los agentes del Ministerio Público, y está bajo la responsabilidad de un director nombrado por el fiscal general.