Tegucigalpa, Honduras. –La criminalidad, el desempleo, la violencia estructural, la falta de oportunidades económicas y educativas, han permeado en la esperanza de los hondureños y hondureñas, que, debido a estas vulneraciones, el deseo de huir del país, se acrecienta cada vez más.
En el reciente sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC -SJ), se destaca que la esperanza de la ciudadanía descendió 14 puntos con relación al 2022, pasando de 73.6% a 59.3%. de acuerdo con analistas este descenso obedece a las expectativas que se generaron luego de vencer al nacionalismo con más de 1.7 millones de votos en las elecciones del 28 de noviembre de 2021, donde se avizoraba un cambio de rumbo con el socialismo democrático.
Para el director ejecutivo de del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, “los desencantos son naturales en la gestión de los gobiernos, la gente poco a poco pierde el optimismo porque las cosas no cambian a la velocidad o en la intensidad con que hubieran querido”.
El desencanto o desesperanza al pensar en el futuro, de acuerdo con el defensor de derechos humanos, al hacer una comparación con respecto al año pasado –donde se detectaba un espíritu más triunfalista por vencer al narcogobierno– la disminución de la esperanza se explica porque “se generaron expectativas por encima de la realidad”.
Además, Javier Acevedo, explicó que esta percepción también tiene relación con la confianza y la desconfianza que genera la gestión actual.
En ese sentido, de acuerdo con el sondeo de opinión pública, el gobierno de la presidenta Castro fue calificado con 4.46 %.
Una situación que, de acuerdo con Ismael Moreno, pasa porque, “los hondureños le exigen a la presidenta Xiomara un liderazgo que sigue en poder de los hombres, producto de la mentalidad patriarcal de la ciudadanía hondureña”.
“A ningún gobierno se le había exigido más y de manera incisiva como lo que se le exige a la actual presidenta” enfatizó el padre Melo.
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PROBLEMAS ESTRUCTURALES
La ciudadanía hondureña urge al gobierno la resolución de sus angustias económicas, la generación de empleo y el combate a la corrupción, aspectos que han desencadenado una histórica violación de los derechos humanos.
Esta vulneración ha provocado que la ciudadanía desarrolle miedo, una constante en la vida nacional, de acuerdo con el abogado constitucionalista y analista político, Raúl Pineda.
Y que se ha incrementado en el gobierno de Xiomara Castro. “Los hechos del gobierno no corresponden con la retórica del discurso, se habla de un modelo socialista (…). Es importante generar la certeza de hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar a esos objetivos”, señaló el analista político.
Otro de los problemas estructurales que afecta a la ciudanía hondureña, es la inseguridad que campea acompañada de extorsión, muertes violentas, y todo tipo de violencia.
Para el abogado constitucionalista, Oliver Erazo, “la extorsión no se puede detener por la omitida o ausente política de Estado en materia de seguridad”.
ASJ, en su estudio “Impuesto de Guerra”: el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, indica que más de 18 mil millones de lempiras, unos 737 millones de dólares al año, podrían estar pagando los hondureños por el cobro de la extorsión.
En el 2022 se registró una tasa de homicidios de 35.8 % por cada cien mil habitantes, según la Secretaría de Seguridad.
A estos problemas se le suma, la falta de medicamentos en los centros asistenciales del país, y los cuestionamientos a las autoridades de esta secretaría que pese a haber un desabastecimiento, se recetaron “ajustes salariales” de 17 mil lempiras, como lo indicó Jase Manuel Matheu, ministro de Salud.
Todos estos problemas, de acuerdo con Oliver Erazo han desencadenado el miedo generalizado en la población hondureña, que, además, se incrementa al observar los ataques a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y los periodistas. “cuando los mandan a callar o no les gusta que opinen, comienzan a generar un miedo”.
Además, el abogado constitucionalista indicó que esta desesperanza se traduce en la elección de un gobierno para un objetivo determinado “y te encuentras que el remedio salió peor que la enfermedad”.
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ADVIERTEN GUERRA SOCIAL
Con las demandas de la ciudadanía, al no generarse los cambios que se esperaban con el gobierno social democrático, el analista político Raúl Pineda advirtió que en Honduras se puede generar una guerra social orientada a la proliferación de la protesta.
“Si no se hacen los cambios necesarios para construir un verdadero modelo democrático, basado en elecciones transparentes, que no las hemos tenido y en una mejoría de los aspectos económicos de la población, la guerra social, la vamos a tener a la vuelta de la esquina”, advirtió Raúl Pineda.
Sin embargo, analistas ven con mucha cautela la situación de las manifestaciones por parte de la ciudadanía ante el descontento con las autoridades estatales, ya que a finales de marzo, como resultado del emplazamiento a la Secretaría de Seguridad por parte de la mandataria Hondureña, en Consejo de Defensa y seguridad estableció un protocolo policial para resolver “el problema nacional” de la toma de carreteras e instalaciones.
Para el defensor de derechos humanos, Javier Acevedo, esta decisión parte de la presión ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado. “Estaban acostumbrados a la represión violenta, para ellos es muy atípico, no reprimir y se rebelan contra eso y esa presión dio lugar a ese protocolo”, aseveró el defensor de derechos humanos.
