Desangran recursos del Instituto de Pensiones de periodistas

Los directivos otorgaron beneficios a ejecutivos y empleados al margen de la ley

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los ejecutivos y empleados del ente de pensiones de los periodistas tienen garantizado gozar de una muy buena jubilación, como parte del millonario gasto administrativo que descapitaliza la institución, mientras los comunicadores que deberían ser los beneficiarios de los fondos se retiran con una mísera pensión.

Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), como si la prioridad del ente no fuesen los afiliados, desbordaron el gasto administrativo para el otorgamiento de salarios, beneficios y privilegios a los empleados, de los que el más favorecido es el gerente Omar Calderón Milla.

El ente, desde que inició operaciones en 1987 y hasta 2017, destinó a gastos administrativos 82.8 millones de lempiras, más de un 90 por ciento dirigido a salarios y beneficios a ejecutivos y los empleados, lo que representa un 24 por ciento de los 343.6 millones que captó el ente como ingresos corrientes, según informes que ha publicado el IPP.

La directiva del IPP la integran el presidente, el Fiscal y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), otros tres periodistas y un representante de los propietarios de medios.  Los directivos se han negado a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite las operaciones del ente.

El despilfarro de los fondos del IPP, contrasta con las míseras pensiones que reciben los periodistas, que en su mayoría oscilan entre 2.000 y poco más de 4.000 lempiras, que les obligaría a vivir en la indigencia, si no fuera por el apoyo de hijos y parientes o la generación de ingresos por otras fuentes.

Omar Calderón, con el respaldo de los directivos del IPP, gestionó la afiliación de ejecutivos y empleados del ente al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), aunque ya estaban afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como correspondía legalmente, pues no tenían la condición de servidores públicos.

Pero Calderón no quería recibir una pobre pensión del Seguro Social, y mucho menos la mísera cantidad de 1.000 lempiras que él le ofreció al periodista Mario Valladares, cuando al cumplir 60 años y haber aportado por más de 20 años al IPP acudió a las oficinas del ente a acogerse a la jubilación.

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En el IPP, la argolla de periodistas que han dirigido el Instituto, hicieron realidad los sueños de Calderón: jugosos ingresos, poder, estabilidad, discrecionalidad en la administración y una buena pensión en su jubilación, pero se olvidaron de que el ente fue creado para beneficiar a los periodistas afiliados.

Calderón, todavía gerente del IPP con un salario arriba de los 81.000 lempiras, ya es jubilado del  Injupemp y goza de una buena pensión, con la que suma un ingreso superior a los 100.000 lempiras mensuales, mientras los periodistas jubilados sufren por sus pobres pensiones.

Los directivos del IPP, además de aprobar la afiliación al Injupemp –que representó un fuerte desvío de fondos para financiar los pagos como patrono desde 1987– aprobaron también el pago de seguros de vida y el otorgamiento de préstamos a los empleados, decisiones que   acarrean responsabilidad legal, dijo un ex juez de sentencia y abogado penalista, que pidió mantener en reserva su nombre.

Los directivos, al aprobar los pagos al Injupemp por acción o por omisión, al igual que el otorgar los seguros de vida y los préstamos, violaron el articulo 70 de la ley del IPP, que establece lo siguiente: “Los fondos del Instituto de Previsión Social del Periodista se utilizarán en provecho exclusivo de los afiliados y serán depositados en la Banca Nacional”.

En el año 2017, la institución pagó a unos 12 empleados 3,576,977.31 lempiras en salarios, vacaciones, aguinaldo, décimo cuarto mes y bonificaciones, de los que casi 1.4 millones de lempiras, o sea el 38 por ciento fueron a parar a los bolsillos de Omar Calderón.

Los ejecutivos y empleados han recibido el equivalente a 16 salarios y hasta 17 salarios, incluyendo bonificaciones y el pago de prestaciones adelantadas cada año, según datos que se coligen de los documentos examinados.

El IPP es un instituto de previsión pequeño, que tiene actualmente unos 150 afiliados activos y unos 33 jubilados. Sus directivos han administrado hasta 2017 unos 343.5 millones de lempiras, y registró a finales de ese año, 162.3 millones de lempiras en activos, según documentos del ente.

Los directivos del IPP, solo entre los años 2010 y 2015, se gastaron 26.2 millones de lempiras en salarios, beneficios y privilegios para 12 ejecutivos y empleados, mientras pagaron apenas 16.6 millones de lempiras en pensiones a unos 44 periodistas jubilados.   

GASTO DESBORDADO

El desbordado gasto administrativo en el IPP, desde que inició operaciones hasta 2017, consumió 82.8 millones de lempiras, más de un 90 por ciento destinados a salarios y beneficios a ejecutivos y los empleados, lo que representa 24 por ciento de los recursos totales operados por el ente, mientras los beneficios de los jubilados alcanzaron 87.7 millones de lempiras, apenas un 3.2 por ciento más, según documentos del ente a los que accedió Criterio.hn.

En la administración del ente de pensiones de los periodistas, no se han respetado las más mínimas normas para una gestión sana y eficiente, recomendadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que si son acatadas por los otros entes de previsión social.

La CNBS en los años 2009 y el 2015, estableció a los institutos de previsión social como techo para los gastos administrativos, un 8 y un 10 por ciento del monto de las aportaciones patronales y cotizaciones de los afiliados, respectivamente, para asegurar una operación eficiente y óptima de los recursos.

Si el IPP hubiese seguido las normas para una gestión sana de los recursos, debió destinar a los gastos administrativos entre 2008 y 2017, unos 5.7 millones de lempiras, pero los directivos aprobaron un gasto de 48.1 millones de lempiras, lo que representó en ese período un sobre costo de 42 millones de lempiras.

Extendiendo estas normas de sana administración de la CNBS, a toda la operación del IPP desde 1987 a 2017, lo que se tenía que haber destinado a gastos administrativos son 10.4 millones de lempiras, pero los directivos aprobaron 82,7 millones de lempiras generando un sobre costo de 72.4 millones de lempiras, en detrimento de la fortaleza financiera del ente.

El desmedido gasto administrativo continúa en el IPP, mientras los directivos se oponen tenazmente a entregar información a periodistas que la solicitan sobre las operaciones financieras y administrativas del ente, y se resisten a someterse a la auditoría de la CNBS.

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El IPP es el único ente de pensiones que nunca ha sido supervisado desde que empezó a operar.

No se sometió al órgano especializado en su momento, la Superintendencia de Bancos, que era una dependencia del Banco Central de Honduras, y desde 1995 tampoco ha sido fiscalizado por la CNBS. Sus esfuerzos se orientaron a lograr un blindaje contra la fiscalización y las auditorías de los órganos especializados.

Los directivos del IPP, desde el año 2014 desistieron de requerir transferencias del Estado establecidas en su ley de creación, lo que causó pérdidas al ente hasta 2018 de casi 5 millones de lempiras, tratando de evitar someterse a la auditoría de la CNBS y entregar información en aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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Se escudan además, para tratar de evitar transparentar las operaciones y someterse a la auditoría de la CNBS, en una inaplicable interpretación legislativa de la ley del ente, similar a la que se aprobaron los diputados del Congreso Nacional para evitar ser investigados y enjuiciados por el Ministerio Público en casos de presunta corrupción.

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GERENTE A CUERPO DE REY

Calderón encontró en los periodistas directivos del IPP un terreno fértil para cumplir sus aspiraciones. Es así que, el 25 de enero de 1994, después de ocupar el cargo de gerente del IPP por ocho años, firmó con el director ejecutivo del Injupemp, en ese entonces, César Augusto Rivera, un convenio mediante el cual se afilió a los ejecutivos y empleados del ente de pensiones de los periodistas, aunque no eran empleados públicos.

El gerente Omar Calderón hizo realidad su sueño de tener una buena pensión, que no obtendría en el IHSS, al que estaban afiliados él y los restantes empleados del IPP.

En el llamado convenio interinstitucional que fue suscrito, Rivera afirma en la cláusula primera, que recibió formal solicitud del IPP para afiliar a sus empleados “todo de conformidad a lo que dispone el Artículo Cuatro (4)” de la ley Constitutiva del Injupemp.

Pero el artículo 4 de la ley Constitutiva, establecía que: “Los telegrafistas, los empleados del Poder Legislativo, Poder Judicial, entidades autónomas y semi-autónomas, podrán afiliarse al Sistema bajo las mismas regulaciones que los empleados del Poder Ejecutivo”.

Evidentemente, el IPP no podía afiliar a Calderón y los restantes empleados, pues no es una institución de gobierno para adherir Injupemp, y su ilegal incorporación solo fue posible por el ejercicio de influencias o relaciones en el gobierno, entonces encabezado por el ex presidente Rafael Callejas.

Pese a la ilegal incorporación, Calderón de 71 años, goza desde hace unos años de una buena pensión en el Injupemp, y también recibe todavía su salario de más de 81.000 lempiras en el IPP, porque los directivos periodistas lo consideran tan insustituible que lo mantienen en el cargo, malgastando los recursos del Instituto, no obstante que el actual presidente, Dagoberto Rodríguez Coello, ha dicho, públicamente, que el Instituto ya no maneja los fondos porque están depositados en una AFP de un banco.

La incorporación al Injupemp, que representó un privilegio, pues los empleados ya eran afiliados al IHSS, golpeó fuertemente las finanzas del IPP.  El ente de pensiones de los periodistas, de acuerdo al convenio, pagó 209,803.83 lempiras para cubrir de manera retroactiva las aportaciones patronales entre el 1 de mayo de 1987 y el 31 de diciembre de 1993.

La cantidad de 209,803.83 lempiras pagados al Injupemp representan a valor presente 712,799.05 lempiras.

La carga de este pago constituye evidentemente, una carga pesada pues mientras en el IHSS se paga en base a salarios mínimos un 7 por ciento, en el Injupemp se pagaba un 11 por ciento sobre el sueldo total de los afiliados, lo que representa que si una persona devengaba 20.000 lempiras mensuales, el IPP pagaba 26.400 lempiras anuales.

Si devengaba 10.000, el aporte anual eran 13,200 lempiras y si el salario era de 50.000, pagaba 66.000 lempiras anuales al Injupemp. El gasto es mayor, pues el IPP mantuvo simultáneamente el pago de la contribución patronal al IHSS, tal como lo establece la ley del organismo de previsión.

El Injupemp en la última reforma a su ley, modificó a partir del 2015 la aportación patronal que se sitúa en un 12.5 por ciento sobre 14 salarios anualmente, lo que pesará en las finanzas del IPP.

La presión sobre los gastos administrativos fue marcada a partir de 1994 y es creciente y acentuada de 1997 en adelante, cuando los directivos del IPP aprueban el pago retroactivo y adelantado de las prestaciones laborales, una práctica que no realiza ningún ente de pensiones, debido a que reduce la disposición de fondos para inversiones. Los otros entes de pensiones pagan prestaciones cuando los empleados son despedidos.

A partir de 1997 los gastos administrativos se disparan de 1,087,957.98 lempiras en 1996, a 1,871,195.31 lempiras, y continúa un ritmo más o menos constante hasta el año 2017, en que se situaron en 4,792,478.

LE ECHAN “EL MUERTO” A UN FALLECIDO

Al privilegio alcanzado con la ilegal afiliación de los empleados al Injupemp, se suma el de pagar seguros de vida con activos del IPP, aunque la ley del ente establece que los fondos “se utilizarán en provecho exclusivo de los afiliados” periodistas.

Los directivos del IPP responsabilizan de la iniciativa para aprobar el pago de seguros de vida de los empleados y otorgarles préstamos hipotecarios y personales, que viola la ley del ente, al fallecido periodista Orlando Henríquez.

En una certificación del IPP, firmada por el ex presidente del IPP, Eduin Romero, asegura que en una sesión de junta directiva el 16 de octubre de 1987, Henríquez mocionó para que el ente otorgara seguros de vida a sus empleados y se les dispensara préstamos personales e hipotecarios, y que se aprobó por unanimidad.

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Un ex juez de sentencia y abogado penalista, que pidió el anonimato, dijo a criterio.hn “que tanto los directivos que aprobaron la afiliación del IPP al Injupemp y los que han permitido los pagos como patrono, al igual que en el caso de la adquisición de los seguros de vida y los préstamos a los empleados, viola una norma de ley del IPP”.

“Si la ley del IPP dice expresamente que los fondos del Instituto se utilizarán en provecho exclusivo de los afiliados, es evidente que los ejecutivos y empleados no lo son, y por tanto los directivos incurren en responsabilidad penal”, comentó.