El panorama de desalojos en Honduras se agrava con el despliegue de un contingente policial sin precedentes en El Progreso, Yoro, para expulsar a comunidades campesinas
Las imágenes de maquinaria destruyendo plantaciones y la represión policial despiertan críticas y llamados para el cese a los desalojos violentos por parte de organizaciones de derechos humanos
Portada: Maquinaria desalojando campesinos en El Progreso Yoro (Foto de archivo)
Tegucigalpa, Honduras. – Un contingente de al menos unos 1,500 elementos de la Policía Nacional de Honduras fueron desplegados para efectuar desalojos contra campesinos y campesinas en el municipio de El Progreso, Yoro.
Con cierre de carreteras por policías, maquinaria destruyendo las plantaciones de maíz a su paso, disparos, y detenciones, los entes armados demostraron que no siguen ningún protocolo para evitar las violaciones de derechos humanos, tal como lo aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, durante el 189 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para Pedro Mejía del Bufete Estudios para la Dignidad, lo que está sucediendo en Honduras, con relación a los desalojos violentos “revela la profunda falta de coherencia entre el discurso de la actual administración del gobierno de Xiomara Castro y sus acciones concretas.
Criticó el hecho que representantes del Estado comparecieron ante la CIDH, en la Audiencia Pública Regional: Situación de la independencia judicial, en la que señalaron que no ejecutan ordenes de desalojo que vulneran los derechos humanos, sin embargo, esta mañana cientos de campesinos y campesinas eran despojados de sus tierras.
Los desalojos violentos se ejecutaron en contra de tres bases del Movimiento Campesino sin Tierra de Yoro (MCSTY): Aldea El Bálsamo, Aldea Agua Blanca Sur y Aldea La Sarrosa.
Previo a la ejecución de desalojos de comunidades campesinas, la Policía Nacional bloqueó el paso en la carretera que conduce de El Progreso a Santa Rita en Yoro, a la altura de la aldea la Sarrosa.
DESALOJOS FAVORECEN A AZUNOSA
El abogado Pedro Mejía, refirió que en el Valle de Sula y en el corredor que va de El Progreso hacia Santa Rita, Yoro, al norte de Honduras, todas las tierras son de naturaleza de Reforma Agraria, mismas que fueron atribuidas a las cooperativas campesinas en los años 1970 y 1980.
Las bases campesinas, han denunciado en reiteradas ocasiones que esta empresa que la empresa Azucarera del Norte S.A. (azunosa) desde 1992 y 1993, empezó un proceso de despojo, y que mediante intimidación, fraude, violencia y sobornos obtuvieron títulos de compraventa en los cuales supuestamente las cooperativas campesinas les estaban vendiendo sus tierras, y es a través de esos títulos de propiedad que en la actualidad se están ejecutando desalojos violentos.
Liliam Borjas, de la Central de Trabajadores del Campo (CNTC) aseguró que las tierras no son de la empresa azucarera, sino que le pertenecen a los campesinos que ahora son delejados de manera violenta.
La lideresa campesina amentó que el gobierno no tomé las medidas urgentes para evitar los desalojos violentos y la criminalización de los que únicamente defienden su derecho a la tierra. “el gobierno se tiene que responsabilizar de toda esta barbare”, recalcó Lilian Borjas.
De acuerdo con el abogado Pedro Mejía, durante el desalojo en diversas comunidades, los campesinos y campesinas fueron golpeados y detenidos, incluyendo a mujeres embarazadas y niños.
ALTO A LOS DESALOJOS
Luego de la alerta de desalojos, emitida por las comunidades campesinas, diversas organizaciones, condenaron la acción de violencia en contra de la integridad física y de los bienes materiales de los campesinos y campesinas.
La Vía Campesina Honduras (LVC), expresó su solidaridad y solicitó a la Comisión Agraria y Acceso a la Tierra, Corte Suprema de Justicia y a la presidenta Xiomara Castro la búsqueda de soluciones para poner fin a los conflictos, y desalojos
De igual manera la Coalición Contra la Impunidad exigió el alto al despojo de las tierras
Ante este panorama de desalojos violentos que se han incrementado desde la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, que en palabras de Pedro Mejía se ha convertido en “una comisión ejecutora de desalojos que sobre todo favorecen a las empresas industriales”.
