Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –Estos lunes locatarios de los mercados de la capital y transportistas en la ciudad de San Pedro Sula fueron desalojados a punta de gas lacrimógeno por parte de miembros de la Policía Nacional, como respuesta a sus exigencias al derecho al trabajo.
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La noche del domingo 21 de junio el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), tomó la determinación de cerrar nuevamente a partir de este lunes el municipio del Distrito Central (DC), tras convertirse en el epicentro de la pandemia por Covid-19.
Las protestas de los ciudadanos fue la justificación para que miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.), desalojaran a los locatarios de los mercados San Isidro y Las Américas, ubicados en la ciudad de Comayagüela.
En imágenes divulgadas en las redes sociales evidencian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes antimotines y la huida desesperada de vendedores, incluidos adultos mayores y menores de edad, quienes corrían cargando sus mercaderías.
En medio del humo lacrimógeno se produjo un episodio violento mediante el cual los agentes de seguridad del Estado emprendieron con toletazos y patadas a los vendedores y tiraban por doquier los canastos con tomates, aguacates, bolsas con agua, repollos, zanahorias y toda clase de verduras y legumbres, la venta diaria de los locatarios.
Con impotencia los vendedores gritaban a los policías: “necesitamos trabajar, déjenos trabajar, vayan a desalojar los centros comerciales, nosotros también comemos”.
Finalmente, el uso de la fuerza por parte de los uniformados superó los gritos y las energías de los vendedores. Los mercados de Comayagüela fueron cerrados cumpliendo las directrices del “toque de queda absoluto”, en consecuencia, de la falta de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, contagios masivos y saturación de hospitales en el Distrito Central.
El cierre, que inició este domingo 21, finalizará el domingo 28 de junio. Durante este periodo de tiempo se suspendió la llamada fase uno de la “apertura inteligente” de la economía. Esto implica el cierre temporal de las pequeñas empresas, aunque el gobierno disfrazó la estrategia en un “toque de queda absoluto”, sin embargo, éste no se aplica a las grandes empresas.
Transportistas exigen su derecho al trabajo
De manera simultánea en la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras, elementos de la Policía Nacional se ensañaron en contra de los trabajadores del transporte que decidieron realizar una protesta pacífica para exigir equidad en el derecho al trabajo.
De acuerdo con lo manifestado por los transportistas de la zona norte del, es “insostenible” su situación económica en consecuencia de la suspensión del servicio de transporte público, desde el 15 de marzo por parte del Poder Ejecutivo.
Al igual que los locatarios, el clamor de los transportistas está enfocado en el derecho al trabajo y con ello poder garantizar la seguridad alimentaria de su núcleo familiar, por esa razón y cansados de falsas promesas se autoconvocaron a una protesta.
Motoristas acompañados de cobradores e incluso despachadores fueron desalojados a los pocos minutos de haber iniciado su protesta. De manera violenta y sin ningún tipo de justificación, los policías empezaron el desalojo violento contra los trabajadores del transporte.
Un vídeo que fue difundido en las redes sociales muestra la rudeza con la que los policías dan persecución al conductor y ayudante de un bus de la Ruta 7 de la ciudad de San Pedro Sula, quienes huían del desalojo. Las imágenes exponen que al momento de ser requeridos fueron golpeados brutalmente por varios miembros de la Policía Nacional.
Sigue el gasto en gas lacrimógeno
Para la fiscal del Colegio Médico de Honduras, Ligia Ramos, el tiempo da la razón a la lucha por la defensa de los derechos a la salud y la educación que surgió hace un año y que al igual que hoy fue desarticulada a punta de gas, balas, golpes y represión.
“Yo estaba en la sala Covid”, aseguró la profesional de las ciencias médicas, “cuando ocurrieron los desalojos y en estos momentos todos sabemos el nivel de crisis en la economía ciudadana y también el nivel de contagio que está sufriendo la población general, por eso no es fácil tener un balance, pues el balance está en manos del gobierno”, apuntó.
Mientras los vendedores de los mercados y los motoristas del transporte colectivo eran reprimidos por exigir el derecho al trabajo y lograr sobrevivir en medio de la pandemia, empresas pertenecientes a las élites económicas y que no son esenciales para la población, siguen abiertas en un claro y desproporcionado favoritismo.
“Me parece injusto que el dinero se vaya en estafas y desfalcos, en lugar de ayudar a las personas y garantizar que estas estén en sus casas y evitar el contagio por Covid en estos momentos”, dijo Ramos en clara alusión a los sistemáticos actos de corrupción que salpican al actual gobierno mediante compras sobrevalorados y hasta fraudes.
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Según la fiscal del Colegio Médico de Honduras el uso desproporcionado de la fuerza contra las personas que protestan no debería existir, mucho menos en estos momentos de crisis, pues “si hubiera una estrategia adecuada nadie estuviera protestando”.
Lamentó además que el gobierno siga gastando dinero en la compra de gas lacrimógeno, cuando lo que se necesita es inversión en oxígeno para los hospitales.
Finalmente, hizo un llamado a los hondureños a rebelarse contra la dilapidación de los fondos públicos durante la pandemia. “La ciudadanía debe despertar y manifestar su enojo, no podemos seguir con este gobierno actual”, concluyó.
