A finales de julio, el equipo de Criterio.hn consultó al diputado y presidente de la comisión ambiental, Óscar Ariel Montoya Rodezno, si existen planes para la derogación del lesivo decreto legislativo, éste declaró que no se han presentado ante el Congreso Nacional iniciativas para esta acción
Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- “Nosotros no nos queremos ir, yo tengo más de 37 años de vivir aquí en el sector de San Pedro y esa empresa con los hechos me está corriendo”, afirmó Feliciano Fernández, durante una movilización exigiendo el cese de operaciones de una mina a cielo abierto en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.
Feliciano junto a pobladores de otras catorce comunidades del sector San Pedro y Guapinol llevan más de cuatro años defendiendo las fuentes de agua y el parque nacional ante la instalación de la minera Inversiones Los Pinares y la planta peletizadora de óxido de hierro, Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding, presidida por el empresario Lenir Pérez.
La negativa de las comunidades a la presencia de una minera en el parque nacional, no ha detenido el proyecto cuyo origen es el decreto legislativo 252-2013, el cual expandió la zona de amortiguamiento del área protegida a expensas de la zona núcleo, permitiendo de esta forma la extracción minera en el territorio, sin contar con estudios ambientales que respalden dicha acción legislativa.
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DECRETO 252-2013, ORIGEN DEL CONFLICTO
A lo largo del proceso de lucha y resistencia, los integrantes de las catorce comunidades que defienden sus fuentes de agua y se oponen a la minería, han exigido la derogación del decreto 252-2013.
El integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa y actual regidor, Leonel George, expuso que “las comunidades vienen ejerciendo una lucha por la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía, un área protegida que abastece de agua y que es zona productora de agua de las comunidades, así como fuente de oxígeno y un medio de vida para la producción de alimentos”.
La derogación del decreto 252-2013, explicó George a Criterio.hn, solucionaría parte del conflicto y daría posibilidades a las comunidades de recuperar el parque nacional para restablecer el ambiente sano en el que vivían previo al arribo de la minera y de cara al cambio climático y las afectaciones que este genera.
De igual forma, la economista y defensora de derechos humanos, Lucía Vijil, coincidió que el origen del conflicto socio ambiental en Guapinol es el decreto legislativo 252-2013, mediante el cual se aprobó una concesión en un área protegida que además es una fuente de abastecimiento de agua y espacio de un ecosistema completo a las comunidades del sector San Pedro y Guapinol.
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La analista del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), señaló que el mayor ejercicio de un Estado democrático, como al que se pretende transitar luego de un régimen autoritario, es dar claras muestras de aplicabilidad de la ley en temas de corrupción extractiva, así como sanciones a las empresas que se encargan de violentar las normativas nacionales.
A finales de julio, el equipo de Criterio.hn consultó al diputado y presidente de la comisión ambiental, Óscar Ariel Montoya Rodezno, si existen planes para la derogación del lesivo decreto legislativo, éste declaró que no se han presentado ante el Congreso Nacional iniciativas para esta acción.
Mientras tanto, desde el sector San Pedro en Tocoa, Colón, Feliciano Fernández recordó a la presidenta Xiomara Castro el compromiso que adquirió con Honduras en la protección del medio ambiente mediante su plan de gobierno 2022-2026: “eliminar las concesiones de minería a cielo abierto que atentan contra el patrimonio natural de la nación, y desplazan comunidades”.
