Según analistas consultados por Criterio.hn, la denuncia de Marlon Ochoa podría terminar siendo un acto de teatralidad sin resultados, como ocurrió con su denuncia de 2023.
En gobiernos anteriores, organizaciones de la sociedad civil ya habían presentado denuncias ante el Ministerio Público por algunos de los casos que Ochoa denunció ayer, sin embargo, nunca se mostraron resultados.
Tegucigalpa, Honduras. – Por segunda vez, el secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por casos de corrupción público-privada que han afectado el erario de Honduras en los últimos años.
Al igual que la primera denuncia, interpuesta el 13 de septiembre de 2023, la reciente acción fue anunciada en redes sociales, con la convocatoria de medios de comunicación, buscando generar gran expectativa entre la población.
Sin embargo, muchas personas se preguntan sobre los resultados de dicho proceso, ya que la primera, que contenía 17 cajas de pruebas contra empresas por delitos fiscales cometidos en la última década, hasta la fecha no ha generado ninguna acción por parte del Ministerio Público (MP).
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PRIMERA DENUNCIA DE MARLON OCHOA
La denuncia presentada por el secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, este jueves 13 de junio, recordó a los hondureños la acción que realizó en septiembre de 2023, cuando fungía como director del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
En aquella ocasión, Ochoa acudió al Ministerio Público con 17 cajas de pruebas que documentan supuestos delitos fiscales cometidos por empresarios hondureños, de un valor estimado en 1,500 millones de lempiras.
En dicha ocasión Ochoa presentó la denuncia tras ser emplazado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a respaldar sus declaraciones, luego que afirmara en un foro televisivo que: “Honduras está controlada por una mafia de 10 familias exoneradas, representadas por el Cohep.”
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DENUNCIA DE CUATRO FIDEICOMISOS
A pesar que la primera denuncia de corrupción público-privada no tuvo ningún avance, ayer se presentó una nueva acusación relacionada con el manejo corrupto de cuatro fideicomisos, valorados en 95 mil millones de lempiras, durante el período de 2015 a 2023.
Los fideicomisos bajo revisión incluyen la Tasa de Seguridad, con 30 millones de lempiras; el Programa Vida Mejor, con 38,500 millones; el SITEC del Instituto de la Propiedad, con 19 mil millones; e Invest-H, con 8,500 millones de lempiras.
En el caso del Instituto de la Propiedad (IP), las irregularidades se remontan a la gestión de Ebal Díaz, quien presidió el consejo directivo del IP, estas irregularidades habrían continuado en la gestión Darío García, el actual titular de Copeco, quien estuvo a cargo del IP en 2022. Durante su administración, no se reportaron a la Secretaría de Finanzas (Sefin) más de 3 mil millones de lempiras, según denunció Ochoa.
Por otro lado, en la Tasa de Seguridad, administrada por un Comité Técnico con la participación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y el gobierno, se encontraron 130 contratos sobrevalorados.
En el Programa Vida Mejor, se identificó la implicación de 500 organizaciones no gubernamentales (ONG) y 200 empresas, sugiriendo una gestión fraudulenta utilizando los recursos destinados a este programa social.
Finalmente, en el caso de Invest-H, se destacó la fraudulenta compra de siete hospitales móviles en 2020 durante la pandemia de COVID-19.
DENUNCIAS REITERATIVAS
Tras la denuncia presentada por Ochoa, varios de los implicados han salido a defender su inocencia. Entre ellos se encuentra Darío García, el actual secretario de Copeco, quien afirma tener pruebas que demuestran la transparencia de su gestión y asegura que todo se trata de un ataque político.
Dario García, actual director de Copeco y ex titular del Instituto de la Propiedad en 2022. Foto: Redes Sociales
En la misma línea, el diputado disidente de Libre y precandidato presidencial del mismo partido, Jorge Cálix, calificó la denuncia como una cortina de humo del gobierno para desviar la atención de la investigación que se ha exigido sobre planillas fantasmas en diversas instituciones de Honduras en el gobierno de Xiomara Castro.
En tanto, las organizaciones de la sociedad civil, Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señalaron que anteriormente presentaron denuncias sobre irregularidades en la tasa de seguridad y en la compra de casas contenedores y hospitales móviles.
Por lo tanto, los hechos no son nuevos por ello cuestionaron que hasta la fecha no se hayan presentado resultados de las denuncias presentadas.
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ACTO TEATRAL
Al respecto, el abogado y analista político Raúl Pineda Alvarado consideró que la denuncia presentada por Marlón Ochoa tiene más características de teatralidad y de una amenaza a la oposición política emergente.
“El objetivo parece ser utilizar el llamado terror penal para controlar y neutralizar cualquier fuerza económica y social que pueda generar oposición. Esto se asemeja más a una maniobra política que a una medida de justa administración de justicia.”, manifestó el jurista.
Pineda Alvarado también indicó que la denuncia podría estar relacionada con las tensiones con el sector privado, ya que ambas partes se culpan mutuamente de problemas como el desempleo.
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¿ACUERDOS SIGNIFICAN ENCUBRIMIENTO?
El papel que desempeñará el fiscal Johel Zelaya ha generado numerosas suspicacias en cuanto a la impartición de justicia debido a que arreglos entre las fuerzas políticas en el Congreso Nacional fue que logró su ascenso al cargo.
Según el diputado Jorge Cálix, el presidente del Congreso, Luis Redondo, se reunió con Nasry Asfura, precandidato presidencial del Partido Nacional, para cerrar acuerdos políticos entre las principales fuerzas de Honduras (Partido Nacional, Liberal y Libre) y acordar la titularidad de Johel Zelaya.
Esta afirmación tiene sentido si se tienen en cuenta los vínculos entre Asfura y Zelaya, por ejemplo, una investigación de Criterio.hn titulada “El asocio de William Vélez Sierra con red empresarial y política de Honduras” reveló que la notaría de Johel Zelaya tuvo como cliente a la empresa Decoesa, dirigida por Nasry Asfura.
En tanto, otro artículo de Criterio.hn, publicado en agosto de 2023, titulado Johel Zelaya el más controvertido de los aspirantes a fiscal mostró que Zelaya fue representante legal de Motors Distribuidora de Buses y Camiones S.A. (SCANDINAVIA), parte del Grupo Flores, lo que previo a la elección de Zelaya se planteó que podría representar un conflicto de intereses.
Debido a que la actual vicepresidenta de Grupo Flores, Aline Flores, también es presidenta del comité de género del Cohep, y en años anteriores fungió como presidenta del gremio de los empresarios.
El Cohep es una de las entidades involucradas en la denuncia que realizó ayer Marlon Ochoa, acusándolo de estar involucrado en fideicomisos corruptos en la tasa de seguridad aprobada en 2011.
En resumen, estos vínculos laborales sugieren una cercanía del actual fiscal con las empresas acusadas de actos fraudulentos. Esto genera dudas sobre sí realmente actuará con imparcialidad o sí los acuerdos que facilitaron su nombramiento condicionan para la toma de decisiones en contra de ciertas personas e instituciones.
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ACCIONES CON FINES ELECTORALES
Sobre las relaciones cercanas entre personas jurídicas y naturales en los entes de justicia, Raúl Pineda Alvarado expresó que podrían seguir funcionando como títeres. Sin embargo, señaló que también se debe dar la oportunidad de evaluar sus acciones.
“Los cambios en esta gestión solo se confirmarán con el tiempo. Hemos visto muchos títeres en el pasado; ahora queremos ver cómo actúan. El fiscal sabe que su prestigio histórico está en juego y debe responder a las demandas de la sociedad, no a las del gobierno”, dijo Pineda Alvarado.
El analista indicó que a su juicio la denuncia está más relacionada con temas electorales. Según él, el propósito del gobierno con dichas acciones es ganar simpatía entre la población y generar de alguna forma una amenaza a la oposición, todo con fines políticos.
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MOMENTO QUE JOHEL ZELAYA DEMUESTRE INDEPENDENCIA
El abogado y analista político Oliver Erazo comparte la opinión de Pineda Alvarado en que la reciente denuncia parece ser una estrategia para disminuir la influencia de la oposición política, especialmente en un contexto pre-electoral.
Oliver Erazo, abogado y analista político.
Erazo también cuestionó que las acusaciones no son nuevas sino hechos previamente denunciados, pero que no recibieron respuesta en el pasado por parte de las autoridades de la fiscalía.
En cuanto a la capacidad de Johel Zelaya para actuar independientemente de sus conexiones políticas o empresariales, Erazo cree que su desempeño como fiscal general, desde el 28 de febrero, empezará a quedar evidenciado en estos momentos.
En este sentido, el jurista reconoció que las elecciones de autoridades del Ministerio Público y otros puestos de alto nivel tienden a estar influenciadas por la política más que por el mérito. Sin embargo, esto no determina necesariamente la calidad del trabajo del fiscal ni su susceptibilidad a las presiones políticas de quienes lo nombraron.
“Tampoco se puede emitir acusaciones fiscales sin evidencia concreta, ya que esto podría derivar en persecución política, pero ahora es el momento de observar el actuar del fiscal Johel Zelaya”, concluyó el jurista.
