Tegucigalpa.- Frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, representantes de organizaciones de sociedad civil denunciaron las acciones de vigilancia e inteligencia ilegal perpetrada por una empresa de seguridad entre agosto a diciembre de 2018 y que quedó evidenciada durante el juicio contra los ocho defensores de Guapinol en el Tribunal de Sentencias de Tocoa, Colón, norte de Honduras.
Durante la audiencia del lunes 17 de enero, la acusación público privada, liderada por el Ministerio Público, presentó como prueba un informe de inteligencia elaborado por la empresa de seguridad a petición de la empresa minera Los Pinares, en la que se perfiló a los principales liderazgos de las manifestaciones contra la imposición del proyecto minero.
Mediante un comunicado de prensa, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos señaló que la empresa minera se adjudicó potestades del Ministerio Público para vigilar y perfilar a los liderazgos sociales en contra del proyecto, para posteriormente judicializar a sus dirigentes.
«Lo ha dejado en evidencia el Ministerio Público al presentar informe elaborado por un empleado de Inversiones los Pinares y presentado como prueba incriminatoria en el juicio oral y público contra los defensores», lee el documento, que recuerda que durante años de protesta, presentaron denuncias al respecto ante la Dirección de Investigación Policial (DPI) del Ministerio Público, sin recibir proceso investigativo.
En la audiencia en que se presentó dicha «prueba», el abogado del bufete Justicia Para los Pueblos, Edy Tabora, parte del equipo legal de los defensores de Guapinol, pidió la exclusión del medio de prueba señalando que «no se pueden incorporar medios de prueba cuando violan derechos humanos».
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Tabora manifestó que las empresas de seguridad privada no pueden realizar labores de inteligencia, estos están bajo la jurisdicción del Estado. Asimismo, indicó que mediante dicha acción se violentaron varias leyes hondureñas, entre ellas el artículo 78 de la Constitución de la República de Honduras en el que se «garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres».
Hasta el momento, el Tribunal de Sentencia de Tocoa no se ha pronunciado, ni evacuado el recurso de nulidad interpuesto por la defensa contra el informe de inteligencia elaborado ilegalmente por el jefe de seguridad de la empresa Los Pinares, Miguel Izaguirre.
EXISTE UN PATRÓN DE COMPORTAMIENTO POR EMPRESAS EXTRACTIVAS Y PODER JUDICIAL
El profesional del derecho, tras la audiencia, durante una conferencia de prensa indicó la existencia de un patrón de contratación de empresas de seguridad privada por parte de las empresas extractivas, ya sean mineras o energéticas, «para vigilar a las personas que defienden el ambiente, que defienden los derechos humanos y eso es ilegal». Lo cual también se reflejó durante el juicio por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
Durante la conferencia de prensa de este miércoles en las afueras de la CSJ, la secretaria ejecutiva de la Coalición Contra la Impunidad, Heidy Alachán, afirmó a Criterio.hn que a la luz de lo que ha salido en el juicio contra los ocho defensores de Guapinol y otros casos de defensores de derechos humanos, se puede ver un patrón de comportamiento por parte del Poder Judicial y las empresas extractivas.
Alachán manifestó que queda al descubierto la práctica de hacer uso de carga probatoria de la acusación íntimamente vinculada a la empresa extractiva, como fueron los casos contra Berta Cáceres, y los juicios en contra de líderes de la zona de Pajuiles, de Jilamito y de otras zonas del país.
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De esto deduce la secretaria ejecutiva de la Coalición Contra la Impunidad, que existe una pretensión de la empresa de mantener en prisión y acusados a los ocho defensores de Guapinol y lograr de esta forma un convencimiento en el Tribunal que derive en una sentencia condenatoria.
Además del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y la Coalición Contra la Impunidad, acompañaron la conferencia de prensa la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el bufete Estudios Para la Dignidad y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
