Denuncian que oficialismo pretende institucionalizar compras directas en presupuesto de 2021

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-La tardanza en la aprobación del Presupuesto General de la República para el Ejercicio Fiscal del 2021, ha elevado las sospechas en el Congreso Nacional, de que además de reorientar las partidas, se habilitaría la modalidad de compras directas.

Por ahora las compras directas solo están habilitadas para ser ejecutadas en declaratorias de emergencia, tal y como las registradas en el 2020 con la pandemia de la Covid-19 y los huracanes Eta y Iota y que son válidas de acuerdo con la Ley de Contratación del Estado.

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La denuncia fue hecha por la diputada del PINU, Doris Gutiérrez, quien afirmó tener información de que hay intenciones de institucionalizar las compras directas para el 2021, aduciendo que el país se encuentra en una situación de emergencia.

Durante el presente año las compras de emergencia han sido la plataforma perfecta para la corrupción por parte de funcionarios públicos, siendo el mejor ejemplo el del exdirector de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H), Marco Bográn, en la compra de 7 hospitales móviles y el de los funcionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mediante la sobrevaloración de insumos sanitarios y bienes.

De acuerdo con Doris Gutiérrez, la Junta Directiva del Congreso y el Poder Ejecutivo eliminarían las disposiciones que prohíben compras directas fuera del periodo de emergencias, según ella, con el objetivo de institucionalizarlas.

Para la diputada, al oficialismo le interesa abrir de una vez por todas la modalidad de compras directas, pero para ello deben reformar la Ley de Presupuesto, con eso ya no tendrían ningún inconveniente.

La congresista soslaya la necesidad de reformar también la Ley de Contratación del Estado que, en sus disposiciones generales., establece los procesos de licitación y concurso para los contratos de obras públicas, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la administración pública centralizada y descentralizada y los celebrados también por los poderes Legislativo y Judicial.

El Congreso Nacional ha iniciado audiencias públicas con todas las Secretarías de Estado y será a través de ese proceso que se darían los últimos ajustes a la propuesta de Presupuesto que se sometería a votación la próxima semana.

Gutiérrez cree que el principal argumento que los oficialistas usarán es que el país sigue inmerso en tiempos de emergencia y que ante la urgencia de ejecutar obras, no hay tiempo para desarrollar licitaciones.

La bancada del PINU denunció que con esta jugada se abre el camino para la corrupción en tiempos de campaña política, y alertaron a la población a permanecer pendientes de lo que pueda ocurrir en los próximos días.

De acuerdo con la Constitución de la República, el presupuesto debe ser aprobado antes del cierre del 2020. Sin embargo, a última hora y argumentando los daños causados por los huracanes Iota y Eta, las autoridades de la Secretaría de Finanzas han anunciado cambios orientados a priorizar la reconstrucción del país en el 2021.

La oposición ha mostrado preocupación por la intención del oficialismo de reducir partidas presupuestarias en el área de educación como ha ocurrido con el interés de reducirle 900 millones de lempiras a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por lo que siguen exigiendo que antes de someter el documento a discusión ante el pleno, se entregue con tiempo el informe de los cambios sugeridos al Presupuesto General del 2021.

Por su parte, el ministro de Finanzas Marco Midence, junto al titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, prometieron que educación y salud no tendrán reducciones, sino aumentos significativos en materia presupuestaria. La promesa de los funcionarios ha sido puesta en tela de juicio por la oposición que no cree en dicha aseveración tomando en cuenta que la economía del país está colapsada, además de la pandemia y los fenómenos naturales, por la corrupción.

Las dudas relacionadas al presupuesto irán aclarándose en la medida que el borrador de la ley sea socializado con las demás fuerzas políticas aglutinadas en el Congreso Nacional.

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