Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) pagó L 5,516,800.70 en la compra de un «hospital móvil» mal equipado, que inicialmente sería instalado en Roatán, Islas de la Bahía pero que terminó siendo colocado en un terreno pantanoso en Villanueva, Cortés, en el norte de Honduras.
La acusación fue revelada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su doceavo informe de la serie La Corrupción en Tiempos del Covid-19, esta vez titulado «¡Pérdida Total! Metamorfosis de la Corrupción: De Hospital Móvil a Carpa de Lona». En él se denuncia como las autoridades compraron a la empresa estadounidense DLX Enterprises un «hospital móvil» que no garantiza todas las funciones y competencias mínimas que se exigen de una instalación hospitalaria, intentando así reducir costos de edificación convencionales.
En el documento, el CNA plantea que realizó dos inspecciones al «hospital móvil» ubicado en el predio del campo de fútbol de la Iglesia Misionera La Reforma, en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, mismo que fue catalogado como un centro de triaje.
También revela que el mismo fue pobremente equipado para prestar servicios a la comunidad, contando solamente con 14 camillas hospitalarias de la marca Westcot y 3 camas de examinación. Estas últimas compradas a la empresa hondureña Ipsa, dedicada a la fabricación de mobiliario para oficina.
Asimismo, el CNA deja entrever que los monitores de signos vitales, desfibriladores, ventiladores mecánicos, oxigenoterapia de alto flujo, carrito de paro, así como las máquinas de electrocardiograma y rayos-x son inexistentes. Mientras que el termómetro digital y saturadores de oxígeno fueron proveídos por médicos y que el inmobiliario, en su mayoría fue provisto por la alcaldía.
Deficiente instalación en terreno pantanoso
Otro aspecto que resalta el CNA es la ausencia de infraestructura para la protección de la millonaria inversión. La carpa fue instalada inicialmente directamente sobre la tierra, sin cimientos, lo que provocó que se inundase y posteriormente fuese desarmada y reubicada en un terreno de relleno mal compactado; ocasionando que la carpa se rasgara en la parte superior, visto que no existió la supervisión de personal capacitado.
A esto se suma que de acuerdo a especialistas entrevistados por el CNA, «este tipo de refugios tipo carpa son utilizados para lugares desérticos y áridos donde la cantidad de precipitación anual no debe exceder de 500 milímetros de agua al año, debido a que, como esta carpa no cuenta con drenajes pluviales, un clima tropical como el de Honduras donde anualmente mana entre 1,255 a 1,570 milímetros de lluvia, provoca que la infraestructura de la misma se deteriore con mayor facilidad».
Con todo esto, el informe señala que el «refugio utilizado como centro de triaje no puede operar las veinticuatro horas del día, pues en el sector de Villanueva, la energía eléctrica es fluctuante, inestable y suele suspenderse el servicio repentinamente sin notificación alguna». Además, reporta que no funciona el generador eléctrico, las camillas de plástico se encuentran en deplorables condiciones y solo funciona uno de cuatro aires acondicionados.
Costo-beneficio no justificable
El CNA subraya que el costo-beneficio de las instalaciones no es justificable. Ejemplifica este extremo con la unidad de aislamiento que tuvo un costo de USD 37,903.34, (L 936,208.70), pero que se utiliza como un área de microbiología, específicamente, para tomar las muestras de PCR de personas con sospecha de portar el nuevo coronavirus.
El Consejo Nacional Anticorrupción realizó su propia cotización de un hospital móvil con similares características y con capacidad para diez camas a un precio total, incluido el flete, de USD 195,700.00 (L 4,823,554.89) y señala que existe una diferencia entre el costo de la carpa adquirida por Copeco (L 5,516,800.71), de al menos seiscientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y dos centavos (L 693,245.82).
El informe concluye que este «centro de triaje adquirido bajo un contrato mediante
lo cual buscaron darle apariencia de hospital móvil para el tratamiento de pacientes con COVID-19, representa un perjuicio total para las finanzas del Estado de Honduras, debido a que su estado actual es disfuncional e inoperativo».
La directora del CNA, Gabriela Castellanos recordó que el fiscal general, Oscar Chinchilla, «continua de brazos cruzados sin importar que sigan muriendo hondureños a diario» y señaló que la zona donde se encuentra ubicada el «hospital móvil» «se ha convertido en un potrero, sus alrededores están llenos de fango y los mosquitos están a la orden del día, pudiendo contagiar a los ciudadanos por dengue».
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Finalmente, Castellanos reclamó «el silencio cómplice de las autoridades, que más parecen esperar la reelección que estar interesados en que en Honduras exista justicia y que los corruptos purguen en la cárcel».
En las últimas semanas, diputados del Congreso Nacional se han desplazado al interior del país a realizar concentraciones políticas en medio del confinamiento sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad y congregando a sus seguidores en edificaciones cerradas. Mientras tanto, se han ausentado de sesionar de forma física alegando temor a contagiarse por Covid-19.
